El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, considera que es importante calcular el valor monetario de las tareas que se desempeñan en la Administración Central para plantear una nueva carrera administrativa más racional. Entrevistado por La Mañana sostuvo además que todos los partidos están de acuerdo en que hay que darle más potestades al Tribunal de Cuentas.
¿Cómo observa al Estado frente a los que son los Tratados de Libre Comercio?
El Estado en realidad tiene mucha tarea para hacer, acelerando el proceso de transformación en cuanto a gestión pública y fortaleza institucional. Por ejemplo, en el ámbito de la Administración Central, que es dónde se diseñan políticas y las regulaciones que tiene que haber, debe especializarse en el diseño de políticas de promoción o protección industrial, así como de regulaciones. Por lo tanto, se deben acelerar los procesos de carreras administrativas, de promoción, de atracción de gente con talentos y también la digitalización de los servicios. Cuando se piensan estos temas de integración comercial se sabe que la velocidad y la automatización de los trámites es fundamental.
¿El Estado es desparejo dentro de sí mismo?
Es desparejo. Hay áreas que están más desarrolladas y otras que tienen debes más importantes. Uruguay avanzó mucho en la digitalización de trámites y procesos, pero lo debe hacer de manera más acelerada. Por ejemplo, hay muchos trámites digitalizados, pero no existe un rediseño de proceso, por lo cual los trámites se trancan o hay que hacer asistencia presencial. Si bien hay un intento inicial de digitalización, en muchos casos no se rediseñó el proceso. Otro punto es la capacitación de funcionarios. Debemos avanzar muchísimo en este tema porque no tenemos hoy día una incorporación masiva de funcionarios con habilidades digitales y tampoco programas de capacitación.
Con respecto a la región, ¿cómo se encuentra Uruguay en materia de trámites y procesos?
Acá también vemos claro-oscuros y depende de las áreas. En procesos de fortalezas de servicio civil estamos en un segundo pelotón detrás de Chile y Brasil. Sobre las habilidades digitales somos de los primeros de la región junto a Chile, aunque en Brasil hay laboratorios de innovación y tecnología en áreas que nosotros ni soñamos en tener. Pero dentro de Brasil hay estados que están mucho más atrasados. Los propios países de Latinoamérica no tienen un desarrollo parejo en la interna de cada uno.
Dentro de la Rendición de Cuentas, ¿hay algún artículo que plantee cambios en materia del servicio civil?
No existe nada específico, porque quedó para la próxima Rendición de Cuentas, en 2023. La transformación progresiva en la carrera administrativa está en la Ley de Presupuesto y es un compromiso del gobierno de avanzar en eso, pero todo el resto queda para el próximo año.
¿Y cuáles son los principales cambios que se van a plantear?
El servicio civil tiene competencia dentro de la Administración Central, por lo que acá no hablamos ni de militares ni de policías ni de la carrera diplomática. Para los funcionarios civiles de la Administración Central vamos a plantear entonces una nueva forma de progresar dentro de la carrera administrativa, de desarrollarse en la misma y tener una remuneración mucho más racional de lo que existe hoy día. Nuestro planteo es mirar cuál es el valor (monetario) de la tarea a desempeñar, que en el Estado uruguayo no se hace. Es un conjunto de definiciones de lo que hacen las personas, cómo deberían estar remuneradas y cómo avanzan en su carrera. Porque la gente joven se desmotiva mucho si no se puede mover dentro de la función, ascendiendo.
También quiero agregar que la segunda empresa pública más grande del país, que es ASSE, está mirando nuestro modelo y esta semana vamos a hacer algunas presentaciones y ver si ASSE decide avanzar en esta modalidad. Lo que quiero decir es que si bien las medidas que planteamos no afectan a la mayoría de los funcionarios públicos civiles (porque no están en la Administración Central), puede ser visto como interesante por otros sectores del Estado.
Ahora, el cambiar categorías tiene un costo económico…
No es así. Lo que hay que hacer es una fuerte racionalización del gasto en materia salarial. O sea, que se pague lo que vale. El problema es que ahora ni siquiera sabemos lo que vale. Al no tener eso, no pagamos lo que vale el trabajo del funcionario, porque no sabemos bien lo que hace. El pago está más asociado a diversas partidas de dinero que se han otorgado durante décadas, porque en algún momento tuvo sentido, como ser los complementos por una tarea específica. Hay casos los que hoy día ni siquiera existe esa tarea, pero se sigue pagando esa partida. Si se pide un recibo de sueldo de un trabajador de la Administración Central, no lo entiende nadie, por todas las partidas que se han ido sumando al sueldo base. La idea es sumar esas partidas, que pasen a formar parte del salario base, pero el próximo que entre pasa a ganar el salario base sin ninguna partida. Para hacer eso no se necesita mucho dinero. Se deben salarizar esas partidas y los ahorros son más bien a futuro. Hoy día se paga a las ocupaciones muy por encima de lo que paga el mercado, a causa de esas partidas. Eso para el ciudadano común y corriente no tiene ninguna racionalidad, porque se dice “trabajo ocho o diez horas por día y yo no tengo ninguna partida especial”. Pero también aclaro que no es culpa del funcionario. Se debe a que el sistema se terminó desnaturalizando y nadie quiere pagar el costo de racionalizarlo, y ese es un problema.
¿Y cómo se soluciona el tema de quién paga el costo político de racionalizar el sistema?
Esto es como la seguridad social. El costo lo paga el gobierno, si es responsable y está decidido a poner un orden en esta materia. No se rebaja el sueldo a la gente que ya está, porque este planteo es para los que ingresen. A aquellos para los cuales hoy día los salarios públicos no son atractivos, se harán atractivos para aquellas profesiones con mucho valor. Y para las ocupaciones que por las partidas especiales que se agregaron con el tiempo, están por encima del valor del mercado, se pagarán al valor de mercado.
¿Y este proceso cuándo se va a iniciar?
Lo vamos a ir haciendo paulatinamente en la medida que ingresan nuevos funcionarios. En la próxima Rendición de Cuentas, va a ir el articulado con la escala salarial. Cuando empiezan a ingresar los funcionarios nuevos (se va migrando ministerio por ministerio), ahí ingresan con la nueva escala salarial. Pero eso es paulatino. Hay que ver cuántos ministerios se pueden migrar en este período de gobierno.
¿Hay idea de cuántos ministerios se podrán migrar en los próximos años?
No, porque ni siquiera tenemos el marco legal para poder hacerlo, porque eso es materia presupuestal. Al no haber entrado en esta Rendición de Cuentas entra en la próxima. Pero también hay que aclarar que estará ligado a las reestructuras, donde hay que ver la organización de cada ministerio; porque cada uno tiene una realidad diferente. Entonces, de acuerdo a la cantidad de reestructuras que se logren, serán la cantidad de ministerios que se puedan migrar hacia este nuevo concepto salarial.
Lo que se observa es que hay muchas diferencias entre el modelo de gestión de empresas públicas y los ministerios. ¿Cómo analiza esto?
Eso es así. Las empresas públicas tuvieron un proceso de modernización desde los años 80, porque había una demanda enorme de la ciudadanía sobre servicios que eran clientelares, por ejemplo, para conseguir una jubilación o un teléfono. Eso se modernizó, porque se automatizó bastante. En el ámbito de los ministerios, hubo menos atención en esta materia al no tener una naturaleza empresarial. Esto es preocupante porque son lugares donde se diseñan las políticas que luego rigen sobre las empresas públicas y privadas. Como país tenemos un debe muy grande en esas áreas.
En este tiempo que usted lleva en el cargo, ¿cuánto se ha avanzado en la reforma del Estado?
Aún hay mucho para avanzar. Hemos tenido la pandemia, la discusión de la LUC, estamos atendiendo cada ministerio con las necesidades urgentes, por lo que el “pienso” sobre qué tipo de Estado se quiere queda un poco relegado. Estamos trabajando en eso, pero queda muchísimo por hacer. Y un tema central son los organismos de contralor, que es un debe. Todos los partidos, del Gobierno y la oposición, estamos de acuerdo en que hay que darle más potestades al Tribunal de Cuentas. Pero cuando un jerarca se esquiva una licitación y hay una observación, el gasto se puede reiterar. Entonces todos opinamos que se puede suspender el gasto hasta que el Parlamento lo estudie, pero eso nunca se hizo. No hemos fortalecido los mecanismos de contralor ni los hemos financiado adecuadamente como a las fiscalías, el Tribunal de lo Contencioso, el Poder Judicial o a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Hay un desorden en lo que son unidades y agencias reguladoras, que tienen distintos niveles de autonomía, cuando los manuales indican que deben tener grados máximos de autonomía. Y no sé si eso no amerita una reforma constitucional para que las agencias reguladoras o las superintendencias, como la del Banco Central, pasen a ser autarquías.
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