La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios continúa enfrentando una situación financiera delicada, según explicó el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti, integrante de su directorio en representación de la asociación civil El Orden Profesional. Un reciente informe elevado al Ministerio de Economía señala que las proyecciones muestran que se precisará más dinero del ya comprometido por el Estado para los próximos años.
El déficit de este año está cubierto y hay compromisos de aportes estatales para dos años más, pero esos fondos no serían suficientes. Hay que recordar que frente a la situación de insolvencia, se votó en el Parlamento una ley de salvataje que rige desde el 1º de agosto y aseguró por lo menos por tres años aportes desde Rentas Generales, más un incremento en los timbres y los aportes de pasivos y activos.
Sin embargo, para Rodríguez Sanguinetti estas medidas no abordan los problemas estructurales de la Caja, que enfrenta proyecciones desfavorables para los años venideros.
Las proyecciones elaboradas por los expertos de la Caja de Profesionales indican que no habrá equilibrio financiero, incluso con las contribuciones establecidas. “De acuerdo con las proyecciones que el Directorio le envió al Ministerio de Economía la semana pasada, no habría equilibrio en la Caja ni en 2026, 2027, 2028 y 2029”, señaló Rodríguez Sanguinetti. En algunos de estos años, el déficit podría superar los 1000 millones de pesos, a pesar de los aportes de Rentas Generales y los impuestos aplicados a activos y pasivos. “Esta situación pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales que vayan más allá de las soluciones temporales”, sostuvo nuestro entrevistado.
La Ley 20.410 y sus medidas
La Ley 20.410, que entró en vigor el 1º de agosto, fue diseñada como un salvataje financiero para la Caja, según lo establece el artículo 67 de la Constitución de la República, que obliga al Estado a garantizar la sostenibilidad de los sistemas previsionales. Entre las medidas incluidas en la ley, se encuentran un aporte extra de los pasivos del 5% y un aumento progresivo de las tasas de los activos. La tasa de aportación de los afiliados activos se mantiene en 18% para 2025, pero está previsto que aumente progresivamente a partir del 1º de enero de 2026. Rodríguez Sanguinetti explicó que por la ley “deberemos elevar la tasa de los activos en dos puntos más porcentuales del ficto en 2026 y en 2027 un punto más, al igual que en 2028, hasta llegar al 22,5%”.
Desde Rentas Generales, el Estado aportará $ 665 millones en 2025 y 2026, y $ 332 millones en 2027. No se menciona en la ley aprobada ninguna contribución adicional a partir de 2028.
A pesar de estas medidas, Rodríguez Sanguinetti fue claro al afirmar que todos esos fondos no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de la Caja. “No van a ser suficientes”, subrayó, destacando que las autoridades afirmaron que la ley solucionaría los problemas de la Caja por 20 años, pero las proyecciones muestran que “no está solucionado ni el primer año”.
Al preguntarle si eso significaba que en 2026 la Caja precisaría más dinero del que ya está comprometido, respondió: “Aparentemente, sí. Aun con el aporte de Rentas Generales y con el aporte de impuestos a activos y pasivos, es clarísimo: va a faltar dinero”. A esto agregó: “Lo dijimos antes de que se aprobara la ley. Ahora todo el mundo cae en la cuenta de que va a faltar dinero. Sí, claro que va a faltar”.
Sin mayores cambios
Por otra parte, tras la aprobación de la ley, que buscaba impulsar la afiliación a la Caja con una nueva escala de aportes, no se han observado cambios significativos. “Por ahora se mantiene la misma tendencia. Se da más gente que se declara en no ejercicio y todo aquel que se puede jubilar se jubila” señaló el director de la Caja. Los profesionales que se declaran en “no ejercicio” no efectúan aportes, mientras que los jubilados ahora enfrentan el impuesto del 5% sobre sus pasividades. Estas dinámicas dificultan la ampliación de la base de aportantes, un objetivo clave para mejorar la sostenibilidad de la Caja.
Además, Rodríguez Sanguinetti destacó la variabilidad inherente a los sistemas de seguridad social, indicando que “los números de la Caja no son estables, nunca en la seguridad social son estables. Entra gente, sale gente, se da de baja”. Por ejemplo, mencionó la reciente incorporación de 800 médicos, lo que podría aumentar temporalmente las altas, pero no altera la tendencia general de desequilibrio.
Rodríguez Sanguinetti expresó su preocupación por la falta de soluciones de fondo en la Ley 20.410. “Lo dijimos antes que se aprobara la ley. Va a faltar dinero”, afirmó, recordando que integrantes del directorio de la Caja advirtieron sobre estas limitaciones en el Senado, en Diputados y en reuniones con distintas bancadas. “A pesar de estas advertencias, la ley fue aprobada sin incorporar cambios estructurales significativos”, dijo Rodríguez Sanguinetti.
La Comisión de Expertos
Un componente clave de la Ley 20.410 es la creación de una Comisión de Expertos en Seguridad Social, encargada de analizar la situación de la Caja y proponer reformas estructurales. Según el artículo 14 de la ley, esta comisión estará integrada desde el Poder Ejecutivo por un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), uno del Ministerio de Economía y Finanzas y otro del Ministerio de Trabajo.
También tres representantes de la Caja de Profesionales, designados por su directorio con el voto conforme de al menos cuatro directores sociales, representando tanto a los activos como a los pasivos.
La Caja ya designó a sus delegados que serán Daniel Alza, Blauco Rodríguez Andrada, Fernando Rodríguez Sanguinetti y Odel Abisab. “No somos tres, somos cuatro, ya que vamos a ir alternando, si alguno no puede”, explicó, destacando el compromiso de la Caja con este proceso.
La institución comunicó la designación de sus representantes al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía y a la OPP, ofreciendo su sede para las reuniones de la comisión. Sin embargo, hasta la última sesión del directorio no había novedades sobre la designación de los representantes del Estado.
La comisión tiene un plazo de 120 días para expedirse, con la posibilidad de una prórroga única de hasta 60 días por decisión del Poder Ejecutivo. Rodríguez Sanguinetti aclaró que, a su entender, este plazo comienza cuando la comisión inicie sus funciones, no desde la entrada en vigor de la ley el 1º de agosto. Este aspecto no está especificado en la ley. Entre los cometidos de la comisión se incluye “estudiar la evolución demográfica y laboral de los profesionales afiliados y su impacto en la sustentabilidad del sistema”, un punto que ha sido cuestionado, ya que no se sabe quién podrá hacer o financiar un estudio de este tipo. Otro punto es proponer mecanismos para ampliar la base de aportantes, incluyendo la incorporación de profesionales que declaran “no ejercicio” y la inclusión de nuevas carreras universitarias.
La Caja espera que esta comisión aborde propuestas que no fueron incluidas en la Ley 20.410, como la ampliación de la base de aportantes y la revisión de los aportes indirectos. “Lo importante, lo que tiene que ver con el funcionamiento del futuro de la Caja, no está en la ley y esperemos que esté en el ámbito de la comisión”, afirmó Rodríguez Sanguinetti.
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