Las idas y vueltas de los proyectos para el salvataje de la Caja de Profesionales han instalado la polémica en el sector político, incluida la interna del Frente Amplio. A esto se suman las deudas contraídas de la gestión anterior, algunas ya saldadas. Desde La Mañana se consultó al economista Jorge Caumont para saber qué piensa de la situación.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, expresó que lo aprobado en Diputados para el salvataje de la Caja de Profesionales no soluciona el problema a largo plazo. ¿Cuál sería la solución sin aumentar el aporte de los ya jubilados?
No creo que sea posible financieramente y por razones justificables evitar aumentar el aporte a los pasivos de la Caja de Profesionales. Los jubilados han contribuido durante mucho tiempo de su ejercicio profesional para tener una jubilación decente que ha sido, como en el caso del resto de los pasivos de otras cajas, increíblemente disminuida de forma considerable por la imposición de un gravamen como el IASS, que ha cercenado sus ingresos para aumentar los del BPS y evitar una crisis mayor de la entidad, que no se ha solucionado y que está lejos de solucionarse. Ya en nuestro país se ha buscado a través de la tributación ajena a la naturaleza de los organismos como el BPS sin llegar a una solución definitiva. Solo para superar momentos angustiantes, lo que se logra tan solo temporalmente hasta nuevas decisiones tributarias. Creo que en este caso es inevitable que los involucrados directamente sufran pérdida parcial de sus ingresos, que es inevitables que los activos aumenten sus contribuciones, y que es inevitable que quienes utilizan servicios de los profesionales contribuyan con los timbres habituales con valores mayores. Finalmente, es inevitable también que el gobierno central termine desembolsando dinero para cubrir el déficit financiero remanente. No creo que, de todos modos, se llegue a una solución definitiva, que no haya que encontrar una solución de corto plazo para transitar sin problemas económicos y financieros con programas definitivos para la estabilidad en el mediano y en el largo plazo. No sé si es justo o no lo que pienso y no creo que sea al caso de que se culpe a una o a otra administración de lo que está ocurriendo. Estimo que será necesario encontrar la muy difícil solución definitiva antes de que la ineficacia en esa tarea vacíe a la caja de afiliados.
El nuevo gobierno hace anuncios reiterados de deudas “heredadas” de la gestión anterior. ¿Es normal o hubo una mala administración de recursos?
En toda ocasión de la inauguración de una nueva administración, la que entra critica el estado de situación financiera que le deja la que sale. Es algo tan habitual como injusto ya que, como usted menciona, si la deuda es por el ferrocarril o por ASSE, no ha sido por el despilfarro de recursos ya que los gastos o las deudas se deben generalmente a respaldos para activos o actividades cuyos beneficios la nueva administración luego recoge. En casos conocidos, como en el del empleo en el Estado en el lapso 2002-2005, se comprueba que esos empleos aumentaron casi 50% con costo para el resto de la sociedad, plasmado en la creación de los impuestos a la renta personal y a las jubilaciones y pensiones, además de los acomodos contables para la declaración y pagos de tributos. También se debe tener presente que otras administraciones dejaron “herencias” sin retornos futuros por déficits como, por ejemplo, en el caso de Ancap, la vuelta atrás en inversiones como la regasificadora y el puerto de Montevideo, o en el caso de Pluna o en otros por el estilo. A veces los legados no son en los años finales de una administración sino otros que, realizados durante los años no finales, igualmente quedan para ser pagados por la nueva o nuevas administraciones. Se debe tener asimismo conciencia de los gastos exógenos extras, no asociados a otra cosa que no sea la disminución de problemas no esperados con efectos adversos sobre la población, como el incurrido durante la pandemia del coronavirus.
El ministro Oddone apuesta a reforzar al Consejo Fiscal Asesor con más recursos, y definir nuevos lineamientos para robustecer los cálculos de la Regla Fiscal por parte del Comité de Expertos. ¿Está de acuerdo con la medida?
No creo que un gobierno responsable tenga mejor forma de obtener buenos resultados fiscales que su buen comportamiento en la administración de sus ingresos y egresos, y de la forma de cubrirlos financieramente si fueran negativos o de disponer de ellos si fueran positivos. Debo creer, y todos lo debemos también creer, en la responsabilidad de las administraciones fiscales. No creo que un consejo asesor de los resultados financieros como esas entidades tenga peso alguno en las decisiones que tome el administrador de los recursos que aportan los contribuyentes. Si fuera por mí, me olvidaba de estar todo el tiempo hablando de si se cumplió no lo que se proponía con las reglas de la entidad y por lo tanto eliminaría a esa entidad.
¿Puede haber cambios tributarios sin aumentar la presión fiscal?
Puede haber. Basta con redistribuir la tributación de un impuesto entre los contribuyentes, como gusta a muchos, bajando la presión a unos y elevando la de otros, manteniendo la misma recaudación como porcentaje de la producción de bienes y de servicios, como generalmente se la define, o como porcentaje de la oferta agregada, como sería más correcta definirla.
Oddone propone “dar un paso más” en la regla fiscal en busca de transparencia y flexibilidad. ¿Cómo se logra?
No creo que eso sea necesario, como sí sería más correcto, desde mi punto de vista, obviamente, que se elimine el Consejo Fiscal Asesor como lo mencioné antes.
Se anuncia que en la Ley de Presupuesto se incluirían cambios en los regímenes de promoción de inversiones. Desde su visión, ¿cuáles serían los indicados para lograr el efecto deseado?
En Uruguay, la mayor parte de la inversión privada solo la realizan las empresas que por esa inversión no pagan ciertos impuestos como el IRAE, el IVA y otros por el estilo. En otras crudas palabras: en nuestro país se invierte no con las utilidades de las empresas o con los fondos que para eso asignan, sino con los impuestos que dejan de pagar. La inversión debería ser el resultado de estímulos naturales como que el retorno que tenga su retribución, excluidas las exoneraciones tributarias, sea mayor al retorno de otras alternativas, financieras o económicas, para la asignación de esos recursos. El problema es que sin las exoneraciones impositivas existen otras alternativas de inversión mejores y, en consecuencia, para que la inversión ocurra se le debe exigir a los contribuyentes que financien con los impuestos que pagan, pero sin ningún beneficio, lo que dejan de pagar los exonerados. Lo que debo decir como conclusión es que se debería ir a un proceso gradual de reducción de beneficios tributarios a la inversión junto con la eliminación de costos para la empresa que pueden o no, ser ajenos a ella o por su funcionamiento.
Jorge Caumont es Licenciado en Economía y Master of Arts en Economía de la Universidad de Chicago, además de haber sido docente en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República y en el Centro de Entrenamiento de Citigroup en Fort Lauderdale.
