Las negociaciones por el salvataje de la Caja de Profesionales continuarán con la expectativa de que el 30 de este mes se pueda votar en la Cámara de Senadores. Aunque el proyecto debe regresar a la Cámara de Diputados, el acuerdo entre el gobierno y la oposición en la Cámara Alta debe ser lo suficientemente sólido para evitar modificaciones en Diputados, donde el gobierno no cuenta con mayoría.
Las negociaciones se centran en los aportes que deben realizar principalmente los pasivos. Sin embargo, se considera que hay avances, ya que existe consenso en que, para que la Caja siga funcionando, los aportes deben provenir de activos, pasivos, timbres y Rentas Generales.
En el caso de los timbres, los planteos se enfocan en cambiar el sistema de ajuste de sus precios. Actualmente, se ajustan por inflación. El gobierno propone que se actualicen cada año conforme a la variación de la semisuma del Índice Medio de Salarios Nominales (IMS) y del Índice de Precios del Consumo (IPC). Por su parte, la Caja sostiene que los timbres deberían ajustarse únicamente por el IMS, lo que, según sus cálculos, generaría en 2026 una recaudación adicional de 500 mil dólares por este concepto y seguiría aumentando con el paso de los años.
El presidente Yamandú Orsi expresó reparos respecto al ajuste de los timbres, argumentando que “no podemos cargar a la gente común y corriente con más impuestos”. Se estima que dos tercios de la recaudación por timbres provienen del sector de la salud, ya que cada orden de medicamento o análisis lleva un timbre.
Desde que se implementó el ajuste por IPC, en los últimos 20 años se estima que la recaudación fue un 65% menor de lo que habría sido si se hubiera ajustado por el IMS. En la Comisión de Diputados, la gerente de la Asesoría Técnica y de Planificación de Control de Gestión de la Caja de Profesionales, Silvia Rossel, afirmó que en 2022 “se habrían recaudado 55 millones de dólares más por timbres profesionales si se hubiera aplicado la fórmula del IMS semestral”. Por su parte, la vicepresidenta de la Caja, Virginia Romero, aseguró que “si la Caja hubiera actualizado los timbres por el Índice Medio de Salarios Nominales durante todo el período y hubiera invertido ese dinero sobrante a las tasas de interés habituales, hoy tendríamos 670 millones de dólares”.
Los cálculos de la Caja indican que, si el ajuste se aplicara anualmente por el IMS, para 2029 se recaudarían 57 millones de dólares más por timbres que en la actualidad.
La posición del Sindicato Médico
Sobre el tema de los timbres, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) fijó su posición en la Comisión del Senado que trata el proyecto. Rodrigo Perna, vicepresidente del SMU, señaló que “si bien los timbres afectan a toda la población, incluidos los profesionales, porque somos parte de ella, las personas de menos recursos en salud no los pagan”. Añadió: “La salud pública no paga, la Policía no paga, el Banco de Seguros y los obreros no pagan. Entonces, no es correcto decir que toda la población del Uruguay se ve recargada con los timbres, porque no es verdad”. Además, explicó que “los timbres recaen principalmente en quienes tienen mutualista a través del Fonasa y en los sectores de mayores ingresos, lo que ayudaría a solucionar un problema importante de la Caja”.
Perna también destacó ante los legisladores: “Cuando dicen que lo paga el pueblo, ¿y nosotros qué somos? ¿Dónde vivimos? Vamos a pagar lo mismo que se está definiendo ahora, como ocurre con el resto de las cajas a las que aportamos todos los profesionales”. El peso de los médicos en la Caja de Profesionales es significativo: uno de cada cinco aportantes es médico activo. Hay unos 13 mil médicos que aportan, de los cuales un 40% lo hace sin ejercer libremente la profesión, es decir, su aporte se considera una forma de asegurarse una renta adicional para la jubilación. Otro dato relevante es que el aporte que un médico realizaba en 30 años se recuperaba en siete años tras jubilarse.
Los otros profesionales
El Grupo Marcha por los Derechos de los Profesionales se presentó en la comisión especial del Senado que estudia la reforma de la Caja de Profesionales. Allí se explicó que la situación de la entidad “requiere cambios profundos para garantizar su viabilidad”. El doctor Pablo de Barros recordó que, en 2022, la Caja propuso medidas como destinar lo recaudado por el IASS a la Caja de Profesionales, establecer un segundo impuesto a los pasivos, aumentar los aportes de los activos del 16,5% al 18,5%, incrementar el valor de los timbres, rectificar anualmente las declaraciones de no ejercicio (considerado un impuesto al título) y derogar el artículo 772 de la Ley de Presupuesto de 2021, que impedía el cobro de ciertos timbres.
De Barros señaló que, si se aplicaran estas medidas, se lograría una mayor recaudación hasta 2026, pero para 2028 y 2029 “la Caja volvería a tener problemas”. Añadió: “Si no se soluciona el problema estructural, esto es pan para hoy y hambre para mañana, y seguiremos enfrentando los mismos problemas”. Según los estudios, actualmente se necesitan entre seis y siete activos para financiar un pasivo, con el 70% de los profesionales aportando en las categorías más bajas y solo el 10% de las nuevas profesiones incorporadas a la Caja contribuyendo activamente.
Con el proyecto actual, este grupo de profesionales también presentó cálculos sobre lo que cobrarían los futuros pasivos. Por ejemplo, un profesional que llegó a la Categoría 10 de aportes (la más alta) recibiría una jubilación de $ 109 mil a los 65 años, con 30 años de trabajo, frente a $ 72 mil si se aprueba la iniciativa, lo que representa un 36% menos. Por esta razón, se oponen a que la tasa de aportación, actualmente en el 18,5% del sueldo ficto, aumente al 22,5%, como plantea el proyecto.
De Barros concluyó: “No queremos más víctimas en este sistema, porque ningún esquema Ponzi funciona. No metamos más gente en la Caja de Profesionales para ocasionarle problemas en el futuro. Creemos que hay que cambiar el sistema hacia uno basado en el ahorro, que permita evitar aplicar siempre las mismas recetas”.
El grupo de los cincuentones
Otro grupo que compareció ante la Comisión fue el de los “cincuentones de la Caja de Profesionales”, compuesto por aportantes próximos a jubilarse. Su principal queja es que el proyecto propone un corte abrupto en los años necesarios de edad para jubilarse. Afecta especialmente a los nacidos después de 1966, en particular entre 1967 y 1972. El proyecto establece que los nacidos en 1967 podrán jubilarse a los 61 años, y así sucesivamente hasta los nacidos en 1973, que deberán esperar hasta los 65 años. La transición propuesta permite que los nacidos hasta el 31 de diciembre de 1966 puedan jubilarse a los 60 años, siempre que cumplan los requisitos antes de 2028.
Todos en la misma bolsa
Entre las diferentes agrupaciones que comparecieron ante la Comisión, quedó claro que, más allá de los grandes grupos como abogados, médicos o arquitectos, existen otras realidades, especialmente afectadas por los aportes fijos mensuales y la obligación de estar afiliados a la Caja. En la Caja hay 200 profesiones que deben aportar, y lo hacen con los mismos sueldos fictos que un médico o un abogado, aunque sean arqueólogos, sociólogos o periodistas.
Una delegación de Profesionales en Movimiento, vinculada a las ciencias sociales y humanas, se presentó en la Comisión. Moria Sotelo, arqueóloga, relató que para estar en la Caja aportando en la Categoría 2 (la franja mínima para un profesional) se deben pagar $ 12.196 mensuales, fijos y obligatorios, independientemente de si se factura o no. Este aporte no incluye el Fonasa, por lo que no otorga derecho a una mutualista. Sotelo compartió su experiencia personal: egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación hace 15 años, con horas docentes en la facultad, aporta a la Caja de manera intermitente debido a la precariedad laboral. “Es probable, casi con certeza, que nunca pueda jubilarme de esta Caja porque no lograré reunir los años necesarios al no tener un ingreso estable para aportar y cumplir con el sueldo ficto”, explicó.
La Comisión Directiva de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política también compareció. Este grupo, al igual que otras profesiones de bajos ingresos o con ingresos inestables, señaló el problema de los aportes obligatorios. Plantean que “lo ideal sería lograr una convergencia total con el sistema del BPS, eliminar la Caja y trasladar a todos los profesionales al sistema del BPS”.
Por su parte, la doctora Adriana Tedesco, de la Asociación Odontológica Uruguaya, indicó que, según datos de la Caja, el 9,7% de las jubilaciones anticipadas por incapacidad corresponden a odontólogos, seguidos por veterinarios (4,5%) y médicos (2,8%). En cuanto a las patologías, los odontólogos lideran en enfermedades osteoarticulares (inflamación de articulaciones) con un 35,9%. Tedesco explicó que la Caja paga subsidios a partir de los 30 días, pero la mayoría de las certificaciones por problemas osteoarticulares duran unos 15 días. “El colega que se certifica por una patología de hombro o columna y está 15 días sin trabajar ni recibir subsidio, ¿qué hace? No trabaja, no paga la Caja, no cubre sus gastos y no le alcanza para comer. Entonces, toma analgésicos, sigue trabajando, la patología se cronifica y termina con una jubilación anticipada”, afirmó. Por estas razones, consideran que los beneficios de jubilarse a los 65 años no son válidos para los odontólogos.
El senador frenteamplista Gustavo González reflexionó durante la sesión: “Estamos frente a un gran problema. Después de haber escuchado hoy a varias asociaciones, quiero cerrar la Caja. ¡Miren la conclusión tan triste a la que llegué! Yo, que la defendía, he llegado a esto. He escuchado tantas denuncias de profesionales aquí, algunas bastante dantescas, sobre las obligaciones que impone la Caja. Las estudiaremos, porque no me voy a quedar con lo que diga el primero que llega. Insisto en que hoy se han dicho muchas cosas”.
