Según los analistas la evaluación del gobierno sigue siendo positiva al culminar la primera mitad del periodo de gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou, aunque el futuro no está muy claro al surgir cuestionamientos en materias tales como seguridad o la suba de precios. La Mañana consultó a los politólogos Mariana Pomiés y Eduardo Botinelli, quienes además reflexionaron sobre el costo político de realizar o no las reformas previsional y de la educación.
Para la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomiés, la evaluación de la opinión pública de la gestión es positiva y está en una mejor situación con respecto a cómo se encontraba el gobierno de Tabaré Vázquez en la segunda presidencia y la de José Mujica, y similar a cómo estaba Vázquez en su primera presidencia. “En cualquier evaluación, esta es una muy buena cifra”, dijo Pomiés consultada por La Mañana.
Señaló que a medida que se gobierna se va decayendo dentro de la opinión pública, pero parece ser que este no es el caso. No obstante, señaló que la evaluación del gobierno ha venido bajando lentamente, aunque aún mantiene números positivos.
Consultada sobre cómo influyó en esta situación la gestión de la pandemia, sostuvo que sumó puntos positivos, aunque no cree que sea “solo el impulso de esa gestión”.
“Resulta interesante que se tiene una buena evaluación a pesar de que la situación económica no es buena para la mayoría de la población. Eso influye mucho, o sea cuando la gente no ve que la situación económica es buena, siempre termina reflejándose en los números de evaluación”, sostuvo.
Sobre el porqué de este fenómeno, sostiene que puede deberse a la comparación con otros países y la situación por la que atraviesan, como ser Argentina, donde la pandemia dejó secuelas más fuertes en la economía. Esto lleva a que la situación económica local, al compararse con otras de la región, no se perciba como tan mala. Pero Pomiés advierte que “esto no va a durar para siempre, y si no mejora la percepción de la situación económica, en algún momento este punto le va a afectar más fuerte a la evaluación” de la gestión del presidente Lacalle Pou.
El impacto de la pandemia
Por su parte, el politólogo Eduardo Botinelli, director de Factum, dijo a La Mañana que la pandemia “corrió los plazos” de la agenda, aunque le generó “una buena espalda” al gobierno para implementar las reformas previstas. Los acuerdos dentro de la coalición con la LUC, el presupuesto y las rendiciones de cuentas también jugaron de manera positiva. Pero “la población ve como negativo el aumento de precios, aunque lo pueden estar achacando a situaciones externas” y a esto se suma que de nuevo se instala en la agenda los problemas de la seguridad pública. “Este tema va creciendo, lo que está influyendo en la percepción de la población sobre la gestión”, dijo Botinelli.
“Lo que estamos viendo es que cuando estaba instalada la pandemia, la evaluación de la población era positiva con respecto al tema de la seguridad. En ese momento, casi la totalidad de los votantes del Frente Amplio evaluaban como negativa la gestión del gobierno en esta materia y los votantes de la coalición, de manera casi unánime, lo hacían de manera positiva. Esto fue variando lentamente y en el segundo trimestre del año existió “un cambio fuerte”. Botinelli explicó que dentro de los votantes de la coalición aparecen quienes ahora evalúan negativamente la gestión gubernamental en materia de seguridad, siendo las críticas desde todos los votantes sin destacarse su pertenecía a ningún partido en particular. Y se trata de cuatro de cada diez de quienes apoyaron a Lacalle Pou hacia la presidencia. Eso explica la baja en la evaluación general del gobierno, siendo este “un elemento de alarma”.
También destacó que los grandes números, tanto en materia de exportaciones como en la baja del déficit fiscal, le juegan a favor, realizando esto en medio de una baja conflictividad.
En este sentido, destacó los acuerdos en materia salarial con los empleados públicos. “Lo que el gobierno logró con la estrategia de un acuerdo en los salarios públicos fue aplacar ánimos. En la concepción del gobierno, los consejos de salarios para los privados deben tener mayor libertad que la que tuvieron con el Frente Amplio y de esta manera quedan en mayor libertad para los ajustes salariales. Pero en el caso de los públicos, acuerda con ellos en lo referente a salarios y de esta manera logra dividir al movimiento sindical”.
Las reformas planteadas y el costo político
Con respecto a las reformas en educación y en seguridad social, tanto Pomiés como Botinelli coinciden en que podrían tener un costo político.
Para Pomiés, “las reformas siempre tienen un costo político si no se realizan por consenso. Esto es porque quienes no las apoyan alimentan a la gente que se oponen a las reformas. Si todo el sistema político está unido, quienes se oponen a las reformas, ponen más en duda su postura”.
Agregó que “ambas reformas, de la educación y de la seguridad social, son vistas como necesarias por la población. No existe una percepción de que está todo bien y no hay que cambiar nada. La reforma de la seguridad social tiene un impacto muy fuerte en los trabajadores e influye, por ejemplo, en el aumento de edad. Eso genera resistencia y lo que el gobierno tiene que tratar de hacer es explicar porque se debe hacer. Se debe educar en este sentido”.
Sobre la reforma de la educación, recordó que durante los gobiernos del Frente Amplio se intentó realizarla “pero los sindicatos se le pusieron de punta y se decidió entonces no hacerla”. Señaló que se trata de dos situaciones distintas. Por un lado, una reforma que afecta a miles de ciudadanos (la de la Seguridad Social) y otra algo que va concretamente hacia un grupo, como ser los docentes “donde las protestas tienen mayor visibilidad”. A su criterio y en referencia a los cambios en la educación, el gobierno “debe mostrar que la reforma está hecha por expertos, para no ser la voz de los sindicatos la única que se escuche”. También estima que los sindicatos de la educación irán incrementando sus protestas a medida que esta se vaya aplicando.
Por su parte, Botinelli indicó que el tema de la seguridad social genera preocupación por las consecuencias que pueda tener en cada persona. No obstante, señala que existen miradas quizás erróneas dentro de los costos políticos que se puedan tener, tanto desde la oposición como del propio gobierno. “Se piensa desde el Frente Amplio que el costo político será del gobierno y desde este que lo pagará la coalición de izquierda por no apoyar la iniciativa. Ambos se basan en estudios, pero los miran parcialmente. Por ejemplo, un estudio indica que al preguntarle a la población si el FA debe apoyar la reforma de la seguridad social, la respuesta mayoritaria es que sí. En esto se basa el gobierno. Pero no es lo mismo opinar en que debe apoyar, a que se lo castigue después en las elecciones porque no apoyó. Claramente, no lo mismo”, dijo.
Aclaró que también implica lo que termine saliendo, si se aprueba la ley. En esto será importante los elementos positivos de la reforma, explotados políticamente por el oficialismo, y los elementos negativos, explotados por la oposición.
En referencia a la reforma de la educación, lo considera algo más “invisible”. Se debe a que aquellos que tienen hijos o nietos dentro del sistema, no verán esos cambios. Y aquellos que sí están relacionados, los cambios no se perciben de manera inmediata. “Lo que acá se juega es si se logran implementar esos cambios sin mayores dificultades y si se pueden mostrar resultados”. Para Botinellli, las dificultades que pueden surgir es si la implementación genera un caos, por ejemplo, no pudiéndose iniciar las clases el año próximo por medidas gremiales. También señaló que el gobierno tomó el camino de incorporar a los gremios y a los estudiantes en la discusión, “lo que ha generado una fuerte conflictividad, que ya se está viendo”.
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