La ministra Irene Moreira subrayó que la apelación no es contra la posibilidad de que personas vulnerables obtengan su casa, sino contra el medio utilizado. Desde el Parlamento se busca alternativas para suspender los lanzamientos mientras dura la emergencia sanitaria.
Tres fallos judiciales ordenaron al MVOT a otorgar viviendas a familias de un asentamiento que ocupaban un predio. La decisión, sugerida por organismos internacionales, altera el procedimiento de adjudicación del ministerio afectando a otras personas y generando un antecedente que preocupa a las autoridades.
A comienzos de enero de 2020, se comenzó a formar un asentamiento en un terreno propiedad de una empresa privada en el barrio Santa Catalina de Montevideo. Se estimaba que eran unas 300 familias que ocuparon un terreno de 70 hectáreas comprendido entre cuatro caminos: Burdeos, Dellazoppa, Ferrés y Sanfuentes.
Los ocupantes decidieron entonces crear parcelas (de 10×25 metros) y comenzar a solicitar los servicios de agua y luz, mientras delineaban las calles del asentamiento. El predio en cuestión es propiedad de Dervalix S.A, cuyos accionistas presentaron una denuncia por ocupación el 15 de abril del año pasado. Esta empresa es la propietaria de Utilaje Operador Portuario y Logístico, con operaciones en los puertos de Montevideo, Nueva Palmira y Fray Bentos, y se ha destacado por ser uno de los principales referentes en la carga de madera que se exporta a China.
La denuncia contra los ocupantes fue realizada en 15 de enero de 2020 por parte de la empresa, y el 16 de abril la policía ingresó al lugar para recabar información sobre las personas que estaban ocupando. Posteriormente, el fiscal de Flagrancia de 5º turno, Diego Pérez, formalizó a 38 personas por diferentes delitos como usurpación, hurto de energía y asociación para delinquir. El fiscal Pérez había señalado al diario El País que detrás de la ocupación habría una organización, ya que «no fue una ocupación espontánea».
Parte del predio en cuestión había sido expropiado por la Intendencia de Montevideo. Por ese lugar está previsto que pasen obras de saneamiento para la zona norte y oeste de Montevideo. El Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna elaboró un informe señalando que no solo era necesario el desalojo de la zona por donde se realizarían las obras, sino también su entorno, debido a las consecuencias graves desde el punto de vista de salubridad y ambiental. Es que por el lugar pasará un colector de 1,70 m de diámetro, el cual transportará 5.200 litros de aguas servidas por segundo. En este caso, se procedió al retiro de esas personas del lugar afectado a la obra, pero no así del entorno.
Lanzamiento postergado
En medio de la pandemia, la expulsión de los ocupantes se fue postergando. Estaba previsto para el 3 de enero de este año. Nunca existió un juicio de desalojo, ya que la denuncia fue por «usurpación». Solo en los casos de desalojo se puede solicitar una prórroga a la Justicia.
El abogado Juan Ceretta, del consultorio jurídico de la Universidad de la República, fue quien se hizo cargo de la defensa de los acusados y, además de solicitar que se suspendiera el lanzamiento (mediante un recurso de amparo), presentó ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas y el Comité de Derechos del Niño una solicitud para que la ONU se pronunciara sobre la situación. Los antecedentes de este Comité en materia de vivienda se han registrado principalmente en solicitudes que provenían desde España, generadas durante la crisis inmobiliaria.
El pedido ante la ONU fue firmado por 56 familias (en la actualidad hay 200 en el predio) y el Comité realizó en febrero una observación a Uruguay sobre «el retiro de estas personas» y le solicitó al país que se les otorgue una vivienda mientras se tramita la cuestión. «El Comité ha solicitado al Estado parte, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo, tomar medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo la ejecución de la orden de desalojar el predio mientras la comunicación está siendo considerada por el Comité o, alternativamente, ofreciéndoles un lugar, en el marco de una consulta genuina y efectiva, tomando en cuenta la pobreza extrema de los autores y de sus familias», señalaba el texto de la resolución. No obstante, para el 4 de abril estaba previsto el desalojo de cuatro familias, por lo cual el Comité volvió a reiterar al Estado uruguayo su solicitud.
Sentencia inesperada
El pasado 6 de abril la Justicia hizo lugar al pedido de amparo presentado por tres personas mayores y dos menores de edad que viven en el asentamiento, ordenándole al Ministerio de Vivienda a concederles una vivienda, ya que se les había intimado por parte del Poder Judicial a abandonar el asentamiento Nuevo Comienzo.
Posteriormente, se conocerían dos fallos más, sumando de esta manera una orden para el MVOT entregara tres viviendas. Las sentencias ponían plazos (entre 24 y 72 horas) y señalaban que debían ser «viviendas dignas, con estabilidad en cuanto a la tenencia y que no implique de modo alguno separar a los integrantes que conforman dicho núcleo familiar».
El Ministerio de Vivienda decidió apelar el fallo de la Justicia. La ministra Irene Moreira dijo que la apelación no era contra el fin en sí mismo, o sea que personas vulnerables obtengan su casa, sino contra el medio utilizado. En declaraciones a radio Sarandí sostuvo que «el tema es el antecedente que dejamos». «El mensaje sería: ocupen ilegítimamente un terreno y cuando se les pretenda imputar el delito penal recurran al amparo para que se les dé una casa», alertó Moreira. Aclaró que «se dio un ataque contra el derecho de otras personas» porque esas viviendas ya estaban adjudicadas a quienes habían completado diferentes procesos ante la administración.
Moreira sostuvo además que el Ministerio no cuenta con un stock de viviendas para entregar. «Sería una muy mala gestión de mi parte si tuviera un stock de viviendas y no las entrego». Señaló que en el caso del asentamiento Nuevo Comienzo se han mantenido contactos con la Intendencia de Montevideo, con los propietarios del terreno y con quienes lo habitan, buscando soluciones, como la colocación de canillas públicas y qué programas del Ministerio les podrían servir para salir de esa situación.
La jerarca remarcó que la entrega de viviendas por parte del Ministerio se realiza acompañada de un seguimiento de las familias, brindándoles diferentes apoyos, que no se pudieron realizar en esta ocasión. En caso de ganar la apelación, la ministra dijo que las familias permanecerán en las viviendas y no serán expulsadas.
Moreira advirtió que si se continúan dando este tipo de fallos el MVOT no podrá cumplir con la orden judicial, porque no tiene viviendas. En declaraciones a El Observador se preguntó qué pasa si caen 20 fallos similares, a lo que dijo: «no voy a poder cumplirlos».
El déficit habitacional de Uruguay es de 70 mil viviendas, alcanzando a más de 200 mil personas y la cantidad de asentamientos se ubica entre 600 y 650 (300 solo en Montevideo aproximadamente).
Ocupaciones en el este
La policía realizó un operativo en la zona de Playa Verde (Piriápolis), donde se estaba configurando una ocupación de tierras por parte de un grupo de personas. El lugar consta de terrenos linderos al establecimiento El Gran Chaparral, del sindicalista argentino Marcelo Balcedo.
Según informó el portal Maldonado Noticias, se notificó por parte de la policía a un grupo de personas que ya estaban construyendo una docena de viviendas, que debían detener las obras. Vecinos de la zona indicaron que camiones con materiales llegaban por la noche y rápidamente se procedía a levantar viviendas precarias. También llamó la atención que quienes las construían o se quedaban en el predio eran personas que se movían en vehículos de alto valor. Otros casos similares se han registrado en el balneario Buenos Aires y en la zona de Punta Negra. El director general de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich, dijo que hay indicios de que podría tratarse de una ocupación organizada.
Proyectos de Cabildo Abierto y el FA para suspender desalojos y lanzamientos
El Frente Amplio presentó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes un proyecto para suspender los desalojos y lanzamientos de ocupantes de asentamientos irregulares. Se establece que estará vigente hasta 90 días después del cese de la declaración de emergencia sanitaria. En un reciente encuentro de los tres intendentes del FA con el presidente Lacalle Pou estuvo sobre la mesa la propuesta de ley suspendiendo desalojos y lanzamientos «por los meses de invierno», según la intendenta Carolina Cosse.
Por su parte, la diputada por Cabildo Abierto, Elsa Capillera, está elaborando un proyecto que iría en un sentido similar. Capillera, que integra la Comisión de Vivienda, manifestó que su iniciativa se podría sumar la del Frente Amplio o podría presentarse de manera separada.
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