Sin votos suficientes para la derogación total de la ley de medios que propone el Ejecutivo, los cabildantes proponen a los socios de la coalición la modificación del artículo 56 para habilitar a los cableoperadores del interior a prestar servicios de banda ancha, como ya fue permitido hace dos meses por decreto principalmente para los de la capital.
La noticia causó sorpresa de los legisladores que en ese momento estaban reunidos en sesión de la Asamblea General para designar los nuevos integrantes del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. El titular de último momento que se compartía de celular en celular decía que “Lacalle Pou pidió votar en Diputados ley de medios para que quede claro ‘quién vota a favor y quién en contra'”, en referencia al artículo de la Rendición de Cuentas que incorporó el Poder Ejecutivo para derogar íntegramente la ley de medios vigente desde 2014.
El presidente participaba entonces de un encuentro en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) que nuclea a los cables del interior del país y que desde hace mucho tiempo están solicitando que se les permita brindar servicios de banda ancha para reformular su modelo de negocios, algo que el Poder Ejecutivo determinó hace pocos meses por ahora solamente para algunos cables que lograron un recurso de inconstitucionalidad.
La respuesta no se hizo esperar y fue acorde al contexto en que el presidente envió su mensaje. Los diputados cabildantes Sebastián Cal y Álvaro Perrone presentaron un artículo aditivo para la Rendición de Cuentas en el que establecen:
“Sustitúyase el artículo 56 de la Ley. N. 19.307 el cual adoptará la siguiente redacción:
Artículo 56. a) Los titulares de licencia de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados, excluyendo expresamente aquellos cuya licencia implique alcance nacional, tendrán derecho a prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a internet mediante el empleo de sus redes propias o de acuerdos que realicen con terceros, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia.
Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados”.
Al hacerse pública la propuesta, apenas dos horas después del pedido del presidente, varios medios de prensa consideraron que los cabildantes cantaban “retruco” y movían el peso de la decisión del lado de los legisladores del Partido Nacional. Vale señalar que tanto representantes cabildantes como colorados consideraron inapropiado derogar totalmente la ley de medios, pero se han manifestado proclives a que los cables del interior gocen del mismo derecho que los cables de la capital.
La iniciativa de Cabildo Abierto, sin embargo, no es novedosa. Ya en el proyecto de Rendición de Cabildo Abierto de 2021 los senadores de ese partido propusieron incorporar esta posibilidad para los cables del interior, pero desde el Poder Ejecutivo se rechazó con el argumento de que debían ir todos –incluyendo los de la capital- o ninguno. Los cabildantes hicieron esa propuesta original entendiendo que el impacto para Antel puede ser mucho mayor si se habilitan los cables de la capital.
Luego, en mayo de 2022, el diputado Cal propuso un proyecto de ley que ingresó a la comisión correspondiente con exactamente el mismo texto que ahora se propone el aditivo. Sin embargo, la iniciativa no tuvo tratamiento. Apenas un mes después, cuando el Poder Ejecutivo decreta la habilitación para principalmente a los cables de la capital para brindar servicios de transmisión de datos, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reafirmó públicamente la necesidad de extender esa posibilidad a los cables del interior.
Los caminos para la derogación
A pesar de no figurar en el “Compromiso por el país” firmado por los partidos de la coalición en 2019, desde filas del Partido Nacional se ha insistido en la necesidad de la derogación total o parcial de la ley de medios.
En diciembre de 2019, la entonces directora de la Ursec por el Partido Nacional, Silvana Olivera, dijo en entrevista con La Mañana que una preocupación era la prohibición vigente en Uruguay a que las empresas de cable transmitan internet y telefonía fija y móvil, cuyo monopolio hoy lo tiene Antel. Olivera subrayó que nuestro país es el único en América Latina donde esto sucede y que durante toda su gestión se manifestó conforme a esa posición en el organismo, quedando siempre en minoría.
Olivera agregó que aunque la propuesta de la futura administración era reformar ese punto, en caso de abrir el mercado lo harían de una forma gradualista, para contemplar la realidad de los operadores que ya están instalados en el país. Además, Olivera comentó que muchas empresas de cable atraviesan una situación económica compleja, sobre todo en el interior, sumado a que por la prohibición a que transmitan datos o telefonía no pueden adaptar su negocio a los cambios tecnológicos y paliar así la pérdida de abonados que han sufrido por las nuevas aplicaciones.
Por otra parte, desde filas del Partido Colorado no se comparte la opción de la derogación total. El diputado Conrado Rodríguez ha expresado que en todo caso corresponde la derogación de los artículos declarados inconstitucionales y desde el sector Ciudadanos se ha manifestado que la derogación total generaría vacíos legales.
El primer intento del Gobierno apuntó a incluir la derogación de varios artículos de la ley de medios en la ley de urgente consideración votada en 2020. Sin embargo, el diario El Observador informó que en ese entonces hubo cuestionamientos de Andebu y del sindicato de Antel que llevaron a tomar la decisión de que presente un proyecto de ley aparte. Así se hizo en mayo de ese año cuando ingresó el proyecto de ley de una nueva ley de medios, que todavía sigue en discusión en la Comisión de Industria.
Hoy en día, todo apunta a que se resuelva la situación de los cables y la banda ancha en la Rendición de Cuentas, mientras que se retome el envión del proyecto de la nueva ley de medios en la comisión de Diputados, donde aparecen otros asuntos vinculados a la concentración de medios, el servicio de comunicación audiovisual nacional y una serie de derechos y garantías reconocidos, entre otros temas.
Senado aprobó ley de juegos de casino online
Por unanimidad de los senadores presentes fue aprobado el proyecto de ley sobre juego online que oportunamente fue remitido por el Poder Ejecutivo, aunque tuvo grandes cambios en la Comisión de Hacienda de la cámara alta.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Casinos (MEF) a prestar la actividad de juegos de casino online y de autorizar la prestación a los concesionarios de juegos de casino en forma presencial, que se hará efectiva una vez que se verifica la inversión para la explotación del juego presencial.
Según informó Montevideo Portal, asesores del grupo inversor para el proyecto Cipriani, en el ex Hotel San Rafael, recomendaron retirarse de la operación en Punta del Este de prosperar las exigencias contractuales que ha aprobado el Poder Legislativo.
Por otra parte, el proyecto de ley también establece, entre otras cosas, un registro de usuarios, así como fondos para campañas y tratamiento de la ludopatía. El proyecto se seguirá tratando en Diputados, donde podría tener algunas modificaciones.
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