Cabildo Abierto propone reflotar la comisión investigadora parlamentaria sobre Gas Sayago y la regasificadora. El directorio de UTE analiza el informe final de una auditoría externa de gestión que pretende echar luz sobre la construcción de la planta regasificadora que, a pesar de frustrarse en 2015, siguió sumando costos millonarios al Estado uruguayo, estimados en un total de US$ 230 millones.
El 20 de mayo, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, recibió de la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC) el informe final de la auditoría externa sobre la gestión de Gas Sayago S.A. La misma había sido encargada en agosto de 2020 por el directorio de la empresa estatal. UTE es accionaria del 79% de la compañía en cuestión, que fue creada en 2011 en sociedad con Ancap (21%) y que, tras los intentos fallidos de reencausar el proyecto –y luego procurar vender la empresa– se encuentra en proceso de liquidación desde el 12 de diciembre de 2019.
La auditoría de gestión busca “analizar todo aquello que se hizo y no se debió hacer, así como lo que no se hizo y se debió hacer, en un pasado que condiciona el presente de ambas empresas”, dijo meses atrás el director de UTE en representación de Cabildo Abierto (CA), Enrique Pées Boz, que acompañó –en unanimidad con el directorio– la iniciativa impulsada por el director por el Partido Nacional (PN), Felipe Algorta, de auditar las cuentas de Gas Sayago. Según publicó Algorta en su cuenta de Twitter, fue “un negocio muy malo para el país por el cual el Estado hasta el día de hoy sigue desembolsando recursos”.
En entrevista con La Mañana a fines del año pasado, Emaldi aseveró que la empresa mantenía “gastos asociados a mantener los espacios en los que estaba el obrador de Gas Sayago, donde hay materiales que no se pueden movilizar “porque están en el marco de un juicio con OAS”, constructora brasileña contratada en 2014, que incumplió lo acordado y se retiró en 2015.
Para la titular de UTE, los resultados que arrojará esta auditoría externa servirán para “transparentar a la opinión pública y a los ciudadanos del país”, la gestión de esta empresa que es propiedad de UTE y Ancap. Explicó que están buscando los mecanismos para dar un “cierre definitivo” a Gas Sayago, aunque todavía están pendientes varios juicios de OAS y de otras empresas contra Gas Sayago.
Algunas cifras del “fracasado” y “estirado” proyecto
La Mañana procuró consultar a jerarcas de UTE para obtener información del documento elaborado por PWC, pero se notificó que el informe fue declarado “reservado” hasta tanto el directorio se expida sobre el fondo del asunto.
No obstante, Pées Boz, proporcionó datos que surgen de una investigación que inició paralelamente desde su despacho en julio de 2020, que fue notificada al directorio como fundamento para apoyar la auditoría externa y que continuaron como forma de tener una variable de control del análisis realizado por Price.
Según los resultados que arrojó el estudio elaborado por el director cabildante de UTE sobre la frustrada puesta en marcha de la planta regasificadora de Puntas de Sayago, “lo que hemos obtenido como resultado, lo hemos catalogado como un voluntarismo fracasado, que no llega a proyecto”, dijo a la radio El Espectador.
Pées Boz tildó de “indignante” la actuación de los directorios de UTE y ANCAP en el período 2010-2019, ya que “no encontramos estudios serios que avalaran la factibilidad del proyecto”, y tampoco hubo matrices de riesgo y coberturas “para cubrirse de todo lo que después pasó”, denunció el director cabildante de UTE.
El jerarca de UTE señaló que las pérdidas totales del Estado uruguayo en Gas Sayago rondan entre los 230 y 250 millones de dólares, debido a que a lo costos ya asumidos, falta sumarle las contingencias de los juicios que están en curso.
“Con ese dinero podrían haberse construido entre 8 y 10 mil soluciones habitacionales en su momento, o en lugar de 15 mil trabajos solidarios, hoy se podrían haber generado unos 100 mil puestos”, lamentó Pées Boz.
Algunas de las cifras enumeradas por Pées Boz, a partir de su investigación, dan cuenta de las millonarias inversiones realizadas por Gas Sayago: US$ 50 millones se gastaron en la obra de dragado del canal de acceso para la terminal regasificadora, que quedó inconcluso; US$ 40 millones se invirtieron en el tramo terrestre del gasoducto que conectaría la planta con el gasoducto Cruz del Sur («un caño inservible que va de nada a nada»); US$ 25 millones asociados a la construcción de la escollera y los muelles, a los que hay que sumarle entre US$ 5 y 8 millones que costará el retiro de 71 pilotes, que la ANP intimó en 2019 (para que dejen la bahía tal como estaba antes); US$ 10 millones en contratación de consultorías privadas de distinta índole; US$ 1,2 millones en indemnizaciones pagadas a 22 pescadores que trabajaban en la zona; y por lo menos US$ 92 millones por los juicios en marcha de varias empresas contra Gas Sayago.
Sin embargo, Pées Boz sostiene que “lo más lamentable” son los gastos ocasionados a partir de 2015, cuando ya se habían retirado del proyecto tanto el consorcio Gas Natural Licuado del Sur (GNLS) –conformado por Gas de France-Suez y la japonesa Marubeni)– que ganó la licitación en mayo de 2013, como la empresa constructora brasileña OAS, que fue contratada en febrero de 2014.
Desde 2015 (año en el que se pararon las obras definitivamente) la empresa siguió funcionando hasta que suspendió sus operaciones en el transcurso de 2018. Durante ese lapso, denunció el director de UTE entrevistado por El Observador, además de cobrar «buenos sueldos», los funcionarios tuvieron «almuerzos y cenas gratis” por un monto de US$ 200 mil; US$ 150 mil en «viáticos y viajes» al exterior; pago de maestrías y posgrados a funcionarios por US$ 70 mil, y US$ 20 mil destinados a «gimnasia laboral y masajes en el trabajo», denunció Pées Boz. Además, dijo que ameritará realizar una segunda investigación parlamentaria para dilucidar en qué contexto se dieron las distintas contrataciones realizadas.
Nueva comisión investigadora: «hasta las últimas consecuencias»
En efecto, el lunes pasado, el representante de Maldonado por Cabildo Abierto, Sebastián Cal, anunció en conferencia de prensa que la bancada de su partido planteará a la coalición de gobierno la creación de una comisión investigadora a partir de “nuevos elementos” que surgieron de Pées Boz sobre los negocios de Gas Sayago.
«Entendemos que es un hecho que no se puede dejar pasar, que tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Estamos hablando de doscientos y pico de millones de dólares que se perdieron con este intento de creación de una regasificadora”, dijo Cal. “Esto debe ser ejemplarizante para todos los cargos públicos que estén en un lugar de gestión”, agregó el diputado.
Cabe recordar que por iniciativa del nacionalista Pablo Abdala, en 2016 se promovió una comisión investigadora parlamentaria, que brindó los elementos para una posterior denuncia penal presentada en mayo de 2019. Según informó el semanario Crónicas, «el fiscal Luis Pacheco solicitó a la Cámara de Representantes, todos los documentos vinculados a la investigación, incluyendo los informes que habían sido declarados reservados por la cámara con los votos del Frente Amplio, que en ese momento tenía mayoría parlamentaria».
La Mañana consultó a otros representantes que integran la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara Baja, para conocer sus consideraciones respecto a la propuesta de Cabildo Abierto.
El diputado nacionalista, Pablo Viana, manifestó que “todas las iniciativas tendientes a la transparencia de la gestión pública deben apoyarse”. Entiende que “el Estado es una entelequia que los habitantes de esta nación crean en la constitución nacional, para asegurarse la justicia, la seguridad y la administración de los recursos que los privados vuelcan a través de su trabajo”. “Como administradores debemos ser conscientes que los recursos provienen y deben destinarse para el bien de todos”, subrayó Viana.
“Sobre Gas Sayago hay fuertes sospechas de malversación de fondos y de falta de visión política en su puesta en marcha. Creo que es imprescindible la creación de esta comisión para obtener claridad suficiente de las responsabilidades en los actos de gestión. Apoyamos y acompañamos la iniciativa”, afirmó.
Por su parte, el diputado colorado, Martín Melazzi, señaló: “Me parecen bien todas las investigadoras posibles, previa consulta con la coalición para trabajar de forma conjunta”. En particular sobre la de Gas Sayago, dijo que la van a “analizar”.
En tanto, el representante frenteamplista, Gonzalo Civila, manifestó que desde su fuerza política “no hemos considerado el tema todavía”.
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