De acuerdo con la fiscal penal entrevistada por La Mañana, los criterios de asignación de fiscales “no son comprensibles” –aunque no se refiere a casos puntuales-. Además, considera que es necesario realizar una auditoría externa para demostrar que “el sistema no ha sido eficiente y no es garantista”.
Desde la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal se han debido realizar
múltiples modificaciones al sistema para corregir errores y disminuir el riesgo
de posibles abusos en la persecución penal de delitos. En las últimas semanas,
legisladores oficialistas han propuesto cambios a la estructura de Fiscalía,
también se incorporó una disposición en el proyecto original de presupuesto
eliminando las instrucciones generales e incluso algunos senadores criticaron
públicamente la actuación del fiscal Rodrigo Morosoli en la investigación del
caso Gavazzo.
Usted ha manifestado públicamente su postura contraria al mecanismo que se utiliza para designar a los fiscales en cada caso. ¿Cómo se asignan los turnos?
Me encantaría poder decir cómo es que se hace, pero todavía muchos no lo entendemos. Cuando yo lo dije, en febrero de 2018, no se tomó conciencia de la importancia que tenía. Tuvo un poco de trascendencia y generó enojos en la interna. Yo estoy sujeta a sanciones disciplinarias en caso de decir algo, o sea que todo lo que digo, lo digo exponiéndome y no puedo decir algunas cosas.
Gran parte de los que estamos en la institución no compartimos que nos deriven muchos de los expedientes que recibimos. Se nos habla de criterios de flexibilidad, de dinamismo, de eficiencia. Se habla de un criterio residual que otorga la DPA (Unidad de Depuración, Priorización y Asignación), pero la realidad es que esos criterios tampoco sabemos cómo los hacen.
Nos dicen que los hacen los abogados de la DPA que, obviamente, son funcionarios jóvenes, o sea que deben seguir los indicadores que les da la directora, que es la Dra. Karina Vasconcellos. He escuchado a muchos colegas debatiendo intensamente con ella sobre por qué les asignan un caso que no les corresponde y no hay forma después de reclamarlo.
¿A usted le ha pasado?
En diciembre me fui con cero expedientes en mi bandeja y cuando ingresé después de la feria, en febrero, tenía 500. No sé cómo se me asignaron. Eran viejos, no me dieron actas ni nada. Yo ahí pedí un traslado porque no me quería hacer cargo de expedientes que venían demorados y atrasados, y ni siquiera me contestaron.
En mayo se acordaron, cuando ya había trabajado esos 500 expedientes, y me trasladaron a una Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 1.er turno. Me lo comunicaron por teléfono, asumí por Zoom y no me dieron ni un acta de situación. O sea, yo estoy cuestionando que realmente sea eficiente este mecanismo de asignación.
Cuando entré me encontré con 1.900 asuntos que no estaban priorizados ni organizados. No sé por qué trasladaron a la Dra. Darviña Viera, que se los había autoasignado. Encontré más de 100 expedientes sin trabajar que eran de delitos sexuales, cuando en la actualidad, la Fiscalía de 1.er turno no tiene competencia en esa materia. Planteé que no entendía por qué estaban todos esos expedientes atrasados allí y la respuesta fue que los había pedido la Dra. Viera.
¿Usted plantea que el sistema no es garantista?
No es garantista. Más allá de que fuera con la mejor de las voluntades, no entiendo que un fiscal pida expedientes, se los asignen y después venga otro que no quiere estar allí y se los dejen. No son comprensibles los criterios de asignación.
La única forma de entender que el sistema no ha sido eficiente y que no es garantista sería haciendo una auditoría externa y que se evaluaran los criterios de asignación. Yo estoy segura de que el resultado sería negativo.
“Un sistema aleatorio nos garantizaría, incluso a los fiscales, que nadie va a creer que uno fue a ‘hacer mandados’”
¿Cómo deberían ser los mecanismos de asignación?
La Corte tiene un sistema aleatorio, o sea que no se debe ir muy lejos. Habría que buscar un sistema que realmente garantice la aleatoriedad.
En octubre de 2019, El País consignó que usted, a través de Facebook, había dicho que el nombramiento del fiscal Rodrigo Morosoli para investigar el caso de Manini Ríos se había hecho en forma directa. ¿Lo sostiene?
El periodista entendió mal. Yo nunca hice una referencia a las asignaciones de ningún colega puntual. A ese colega, como a cualquier otro, le comprenden las generales de la ley en mis cuestionamientos, en cuanto a que a veces no puedo comprender una asignación.
Si no hay un sistema garantista de asignación de fiscales, cualquier persona puede sentir que hay una intencionalidad en la designación. A veces, veo algunas suspicacias que tienen sus bases. Uruguay es muy chico, basta recurrir a las redes sociales y uno sabe que hay cuatro o cinco fiscales que tienen determinados casos, que son designados para ciertos eventos y que concurren a los mismos espacios, y las personas pueden sentirse perjudicadas.
Un sistema aleatorio nos garantizaría, incluso a los fiscales, que nadie va a creer que uno fue a “hacer mandados”.
Hay fuentes que dicen que Morosoli estuvo mal asignado; la Fiscalía dice lo contrario. ¿Por qué se da esa contradicción?
Prefiero no responder en casos puntuales. Puedo decir que si hay gente que piensa que hubo una mala designación es, precisamente, porque los criterios no son garantistas.
“Las únicas instrucciones generales que deberían recibir los fiscales son las leyes que hace el legislador, que es el representante del pueblo”
El gobierno pretendía derogar las instrucciones generales en el proyecto de Presupuesto Nacional, lo que generó el rechazo del fiscal de Corte, Jorge Díaz. Por falta de votos, se definió, en sustitución, aumentar la representación del Ejecutivo en el Consejo Honorario de Instrucciones Generales. ¿Qué opina al respecto?
En cuanto a la derogación, estoy absolutamente de acuerdo. Las únicas instrucciones generales que deberían recibir los fiscales son las leyes que hace el legislador, que es el representante del pueblo. Pero es un tema de política legislativa, por lo cual no me corresponde opinar.
¿Cuándo procede y cuándo no hacer una investigación o sumario sobre un fiscal?
Yo de eso no puedo opinar, pero en la interna hay muchos sumarios que no comprendo, y hay muchas investigaciones que se hacen respecto a algunos colegas y a otros no, entonces, cuando uno ve que se hacen investigaciones a algunos, que por hechos más graves no se hacen a otros, eso genera resistencia en la interna.
Ingresé a una Fiscalía que tenía 1.900 casos acumulados y esa fiscal jamás fue llamada, al contrario. Hay fiscales adjuntos a los que se les ha hecho una investigación administrativa porque no manejan muy bien el sistema y hay otros titulares que no saben ni prender la máquina.
No hay criterios, eso es lo que molesta, sobre todo, en cuanto a la designación de los instructores, que es un grupo muy reducido. Incuso hay algunos que han tomado decisiones que la gente ha cuestionado mucho, como la posibilidad de ir de vacaciones antes de cumplir la pena, que han hecho muchas instrucciones y han sido muy duros con otros.
¿Qué sucede si los principios de objetividad y buena fe en la actuación de los fiscales se incumplen, o si no hacen determinadas preguntas a testigos? Me remito, de manera puntual, al caso Gavazzo, donde se dice que a Toma y Vázquez, supuestamente, el fiscal no les hizo preguntas que eran fundamentales.
No conozco el caso puntual. Lo único que puedo responder a esa pregunta es que, si se integran esos conceptos de objetividad y buena fe de manera diferente para el accionar de unos que para el accionar de otros, ese es un problema. Esos criterios se pueden interpretar de una manera muy benigna en un lado y muy severa en otro.
Muchos fiscales han manifestado malestar por el nuevo Código del Proceso Penal. ¿Se han podido aceitar los mecanismos en estos tiempos?
Estamos muy lejos de tener mecanismos aceitados. A mí me asignaron una Fiscalía con 1.900 asuntos, o sea, el equipo no funcionaba. Pedí refuerzos y me asignaron dos funcionarias que están certificadas por problemas de salud emocionales y nunca van a poder trabajar en mi materia, que es tan emotiva. Estuve peleando un mes sola. Son 16 horas de atender el teléfono y son casos en los cuales una demora en una decisión puede ser un tema de vida o muerte.
Estos también son los mecanismos por los cuales se puede beneficiar a unos fiscales y perjudicar a otros. Hay muchos mecanismos que no son del todo transparentes. Se va a tener que trabajar mucho para volver al sistema judicial que había cuando yo empecé, donde las reglas legales eran claras y no se utilizaba ningún camino oblicuo; ningún funcionario tenía el riesgo de verse perjudicado por mantenerse en una postura ni era beneficiado por tener determinada afinidad.
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