La comparecencia del fiscal de Corte, Jorge Díaz, a la Comisión de Presupuesto del Parlamento se centró más en el debate sobre las diferencias en torno a las consecuencias de la reforma del proceso penal y la posible derogación de las Instrucciones Generales que a los aspectos económicos. Legisladores del Frente Amplio y la coalición de Gobierno adoptaron actitudes muy diferentes durante la sesión.
Un equipo de seis mujeres pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación acompañó a Jorge Díaz, el fiscal de Corte, que se presentó el pasado miércoles 9 de setiembre ante la Comisión de Presupuesto para intercambiar con los legisladores sobre el iniciso 33 y otras disposiciones del proyecto de ley. «Lo que no se puede negar es que se feminizó la Fiscalía», bromeó uno de los participantes.
Son tres los artículos del presupuesto que están referidos directamente a la Fiscalía General. El 560 que distribuye las competencias de la Fiscalía de Crimen Organizado a las Fiscalías Penales de Montevideo, el 561 sobre acciones civiles contra las Fiscalía General y el 561 sobre trasposiciones de créditos.
Sin embargo hay otra disposición, la del artículo 687 del proyecto, que centró la atención del debate. La redacción simplemente refiere a la derogación de algunas normas vigentes, pero apunta a terminar con el régimen de Instrucciones Generales que se puso en funcionamiento en los últimos años en nuestro país.
Después de resolver algunos aspectos metodológicos, la Comisión cedió la palabra a Díaz para hacer su exposición. El fiscal comenzó subrayando que la institución que encabeza presentó una iniciativa propia según lo establecido en el artículo 220 de la Constitución pero que «poco o nada» de ella había sido recogido por el proyecto de ley del Ejecutivo. No obstante realizar esta crítica sutil al gobierno, consultado por radio Sarandí, Díaz descartó que existieran motivos políticos detrás de esa decisión, sino que lo atribuyó a que «la frazada es corta».
Los primeros minutos el fiscal de Corte dedicó sus palabras a «contradecir» lo que consideró «un relato que se ha instalado en algunos segmentos de la sociedad uruguaya» en alusión a los fuertes cuestionamientos a la reforma del proceso penal. En el pasado gobierno del Frente Amplio fueron varios los cruces entre Díaz y el ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi, e incluso con ministros de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente las críticas provienen fundamentalmente de algunos sectores del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. La aprobación de la reforma también llevó a algunos fiscales a renunciar a sus cargos por oponerse al nuevo sistema.
Díaz destacó que el actual sistema «no tiene nada de benigno» con los delincuentes y que Uruguay tiene «un índice de prisonización de 358 cada 100.000 habitantes». «Estamos prácticamente empatados con Brasil en el primer lugar de América Latina y solamente por debajo de Estados Unidos y Cuba en el ámbito de las Américas», agregó.
El otro argumento que manejó Díaz es que la Suprema Corte en distintos momentos y con diferentes integraciones rechazó decenas de recursos de inconstitucionalidad que se interpusieron contra las leyes que aprobaron la creación y el funcionamiento de la Fiscalía General.
Seguidamente, el fiscal de Corte se internó en lo que a todas luces era su preocupación central que es la derogación de las Instrucciones Generales. Díaz manifestó que su incorporación al proyecto le «llamó poderosamente la atención» y que el Ejecutivo se estaba «dando un tiro en el pie».
A través de una serie de precisiones técnicas, Díaz intentó demostrar que las fiscalías son un elemento fundamental en las políticas de seguridad, que no están comprendidos dentro de los magistrados y que nada tienen que ver con la función jurisdiccional de los jueces. En este sentido aseguró que los fiscales participan de la investigación y la persecución, cuyos antecedentes son otras dos acciones de la política pública de seguridad como la prevención y la represión. «Los fiscales no somos imparciales ¿Por qué? Por la sencilla razón de que somos parte», añadió Díaz. Y agregó que la función lo que requiere es «actuar con objetividad, lealtad y buena fe».
El fiscal de Corte justificó la existencia de Instrucciones Generales por ser un mecanismo utilizado en otros países tendiente a unificar la acción y priorizar «en función de la gravedad y el impacto». «Distinto es el órgano que los dicta. Esa es otra discusión», aclaró. El augurio de Díaz es que con la derogación «no vamos a tener una única política criminal» y «dependeremos del criterio individual de cada uno de los fiscales titulares».
Por otra parte, volviendo a la temática presupuestaria propiamente, Díaz aseguró que los gastos de funcionamiento de la Fiscalía «son absolutamente rígidos» y defendió que el gasto más alto de funcionamiento tiene que ver con el «perfeccionamiento académico y la capacitación técnica de los fiscales».
Al cerrar su primera intervención el fiscal indicó que «en muy poco tiempo, un año a más tardar, me voy a ir» por lo que dijo «pelear» por una institución mirando al futuro.
Centros y trancazos
Llegado el momento de la intervención de los legisladores quedaron marcadas dos posturas bastante diferenciadas. Desde el Frente Amplio los diputados apuntaron a señalar lo completo del informe del fiscal, formularon algunas preguntas tendientes a dejar en evidencia algunos eventuales problemas de los recortes e incluso llevó a colación las modificaciones de la ley de urgente consideración aun cuando nada tenía que ver con la discusión en curso. Por el otro lado, los diputados Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Eduardo Lust (Cabildo Abierto) fueron los más activos cuestionadores de la exposición del fiscal.
Precisamente el diputado Zubía comenzó desarmando los argumentos del fiscal en defensa de la reforma. El primero de ellos de que la reforma contaba con un amplio respaldo por haber sido aprobada en su momento casi por unanimidad en el Parlamento, recordando que la ley debió ser modificada una gran cantidad de oportunidades.
Otros dos puntos tenían que ver con el índice de prisonización resaltado por Díaz y también la gran cantidad de presos sin condena definitiva en el sistema anterior.
«Manejar la cifra de presos únicamente por el número presos es inexacto; hay que manejar la cifra de presos por el número delitos», consideró Zubía. «Elaboré en este momento una regla de tres rápida y, teniendo en cuenta el número de presos de 2002 -5.912-, y el número de pesos el día de hoy -12.600-, la cifra no me cierra, porque de acuerdo a este cálculo, por el número de delitos hoy deberíamos tener 20.800 presos», señaló.
Sobre lo segundo, Zubía se remitió al conocido jurista argentino Eugenio Zaffaroni. «Antes teníamos procesados sin condena; hoy tenemos condenados sin juicio, haciendo referencia a los procedimientos extraordinarios y a la valoración de la condena en los procedimientos extraordinarios».
Otro de los aspectos que ponderó Zubía es que no existe una preocupación de la Fiscalía por llenar las vacantes de fiscales y realizó varias preguntas en esta línea. «¿Por qué se trasponen rubros de los sueldos a las vacantes u otros financiamientos cuando la urgencia a todas vistas es aumentar la cantidad de fiscales? ¿Cómo se puede fundamentar ante este Parlamento la solicitud de más cargos cuando no se llenan las vacantes existentes?», indagó.
En tanto, el diputado Eduardo Lust, que aclaró que tampoco tiene «nada personal» contra Díaz, apuntó severamente contra la reforma del proceso penal y las instrucciones generales.
«Me pregunto si el sistema anterior del que nosotros no participamos, fue muy malo para toda la República, a pesar de que rigió por más de cien años. Nosotros nos regimos por el sistema anterior durante decenas de años y la crítica de los organismos internacionales -que se especializan en criticar- era que había procesados son condena. Entonces, para evitar que hubiera presos sin condena -como el procesado con prisión, que en última instancia es lo mismo-, de cualquier manera había que buscar una condena rápidamente. Entonces, llegamos a este sistema en el cual se ha desdibujado el derecho penal», manifestó Lust.
El diputado cabildante además apuntó sus cuestionamientos a algunas consecuencias de la priorización que defendió Díaz y planteó sus dudas sobre las denuncias penales que quedan «en lo que en nuestro vocabulario llamamos ‘la nube de la Fiscalía’. ¿Cómo y cuándo se diligencian?».
Lust también destacó que «al aplicarse en todas las áreas se ha transformado la instrucción general en una orden para el fiscal. Nosotros entendemos que hay una orden para el fiscal, aunque pueda plantear objeciones». «El concepto de objeción es decir ‘esto no lo comparto’, pero no puedo impedir que se lleve adelante. Entonces, la objeción es una opinión contraria, pero no es apartarse de la instrucción que claramente viola la autonomía técnica de los fiscales», añadió.
Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez incorporó otro asunto que no estaba ni el capítulo del inciso 33 ni se trataba de la derogación de las Instrucciones Generales, sino que forma parte del artículo 8 del mensaje del Poder Judicial referido al traspaso de funciones y de servicios del Departamento de Medicina Forense del Instituto Técnico Forense y del Departamento de Química y Toxicología a la Fiscalía General de la Nación.
«Por cómo está redactado este artículo, supongo que hubo cierta coordinación previa entre la Fiscalía y el Poder Judicial», señaló y planteó la duda «de si pasar lo relativo a los peritajes a la Fiscalía General de la Nación -deberían ser de un centro independiente de las partes- no comprometería ese grado de imparcialidad, inclusive, en los peritajes».
Díaz respondió que «objetivamente, estamos de acuerdo con la filosofía del proyecto, porque los peritajes en el sistema penal no son peritajes del juez, sino de las partes» y que incluso «se quedaba corto» porque no incluía por ejemplo a psicólogos y psiquiatras.
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