El fracking es una técnica de extracción de combustible prohibida en Uruguay hasta diciembre de este año, cuando vencerá la moratoria que establece su suspensión. El gobierno pretende extender el plazo de prohibición de esta práctica por 10 años, tema que será debatido en el Parlamento. En conversación con La Mañana el jerarca e integrante del Partido Colorado, se refirió también a las negociaciones para retomar la búsqueda de oro en Rivera, entre otros asuntos.
El gobierno se encamina a ampliar la moratoria de prohibición del fracking por 10 años. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿En qué contexto se toma esta decisión?
El fracking comenzó a preocupar a la sociedad a través de acciones ambientalistas y algunos sectores políticos, como es nuestro caso, a raíz de la decisión de los gobiernos anteriores de avanzar en una prospección de la cuenca donde posiblemente hubiera petróleo en Uruguay. Allí, una empresa comenzó a hacer prospección y exploración, es decir, realizó perforaciones en busca de petróleo.
En algún momento se festejó que habíamos encontrado petróleo como si hubiéramos salido campeones del mundo, y en realidad no eran más que unos simples indicios que no nos llevaron a ningún lado. La prueba está en que hoy ni siquiera está en el radar del gobierno hacer eso.
En ese entonces hubo una preocupación fuerte y tanto Bordaberry en el Senado como yo en Diputados presentamos un proyecto de ley estableciendo una moratoria para el fracking. Hubo alguna otra iniciativa que directamente establecía la prohibición, y prosperó la nuestra en acuerdo con el Poder Ejecutivo –en aquel momento, la ministra de Industria era Cosse–.
Finalmente, mandaron un proyecto de ley muy parecido al que habíamos presentado nosotros, que establecía la suspensión de esa práctica por cuatro años y la conformación de una comisión de técnicos que debía elaborar un informe antes del vencimiento del plazo y remitirlo al Parlamento. La ley fue aprobada a finales del 2017, por lo tanto, en diciembre vence la moratoria de protección que tiene Uruguay para aplicar fracking en nuestro territorio.
¿Con qué objetivos se quiere extender esta moratoria?
En realidad, no estamos en riesgo, porque no hay nadie buscando petróleo hoy y seguramente no lo habrá, dado que no está en las prioridades de este gobierno. Apostamos a otras cosas, como la descarbonización, emisiones de CO2 neutras, la movilidad eléctrica. Apuntamos a un mundo más limpio y menos contaminante.
Igualmente, cumpliendo con la ley, la comisión comenzó a trabajar en el 2020 en el Ministerio de Industria (MIEM). Está integrada por diferentes ministerios, distintas facultades y la sociedad civil. El equipo se apresta a presentar su informe. Con el ministro Paganini hemos ido al Parlamento a explicar que hemos avanzado en el tema, así que estamos próximos a enviar el estudio al Poder Ejecutivo y a través del mismo lo remitiremos al Parlamento.
Se ha tomado la decisión, en acuerdo con el presidente de la República y el ministro y subsecretario de Ambiente, de que vamos a enviar también un proyecto de ley que prorrogue la moratoria por un plazo mucho más largo, con revisiones periódicas para que esa comisión pueda reunirse cada determinado tiempo para analizar cómo avanza la técnica en el mundo.
¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos dar garantías, no queremos que caiga la moratoria y no haya ninguna otra ley; aspiramos a hacer una norma que dé certezas de que el gobierno vaya en la misma dirección de proteger el Uruguay natural y no estamos dispuestos a permitir una técnica que sea muy nociva para el medio ambiente.
¿Hay consenso para aprobar esta ley?
Yo pienso que sí. La discusión es propia del Parlamento y hay que respetarla, pero si uno mira el contexto en el cual fue votada esta ley, por unanimidad, uno presume que seguramente va a tener amplio respaldo y consenso. La idea es que pueda ser aprobada antes de que caiga la moratoria para no tener ningún período ventana y garantizar la continuidad del blindaje.
En agosto del año pasado, desde el MIEM confirmaron que había habido importantes avances en las negociaciones para retomar la búsqueda de oro en Rivera, específicamente, en Minas de Corrales. ¿En que está ese tema?
Ese tema ha avanzado. La empresa que adquirió los títulos mineros está trabajando en las etapas previas al desarrollo de la minería, que tiene procesos lentos, muchas veces demasiado lentos para aquellos que están esperando un trabajo. Minas de Corrales se considera la capital del oro del Uruguay. Al haberse producido el cierre de la empresa que estaba operando, hay funcionarios que están en seguro de desempleo.
Ha habido un permanente esfuerzo de parte del gobierno y de las autoridades departamentales por encontrar inversores. Hoy se están haciendo las preparaciones. Ellos estimaban que, en menos de dos años, posiblemente, iban a poder comenzar con la explotación de la mina, lo cual aseguraría la reincorporación de varias decenas de funcionarios de la localidad. Ese es el deseo de la gente, además, porque tiene la capacidad, el conocimiento y la especialidad del trabajo minero, en particular, en minas de oro.
¿Cómo se está afrontando el problema de la minería ilegal en Uruguay?
Las explotaciones clandestinas son un problema histórico, más que nada, de material de cantera, que es el más comercializado. En ese sentido estamos tratando de potenciar las capacidades del ministerio para controlar y haciendo acuerdos con otras instituciones del Estado para que nos ayuden en el control. Básicamente es un tema de fiscalización, de tener más funcionarios.
Nosotros nos encontramos con una Dirección de Minería y Geología bastante abandonada, con poca gente, con muy pocos inspectores para cubrir todo el territorio nacional. El director (Marcelo Pugliesi) está trabajando fuerte en eso. Hay un atraso grande en los trámites y estamos intentando ponernos al día. El tema se puede atacar si logramos fiscalizar.
En mayo El País informó que se había construido en Montevideo una embarcación rápida en aluminio que sería utilizada para múltiples actividades marítimas. En base a este ejemplo, ¿es posible estimular la construcción naval en nuestros astilleros a través de alguna política que vaya en esa línea?
Sí. La industria de astilleros, como cualquier otra, tiene las puertas del ministerio abiertas para establecer aquellas medidas que podamos tomar para potenciarla y hacer que crezca y produzca riquezas para el país. Ojalá que de la mano de esta industria podamos lograr mayor valor agregado y que genere trabajo.
Siempre estamos a disposición para poder resolver los obstáculos, mucho más si lo que se busca es hacer despegar a un sector. Estamos abiertos a encontrar caminos de entendimiento y de acuerdos para poder trazar políticas públicas y hacer que el país crezca, que es una de nuestras funciones.
Se puede tomar como ejemplo, sí, y sería muy bueno poder desarrollar la industria de los astilleros en Uruguay y que pueda crecer, y sobre todo brindar servicios a flotas que operan en aguas cercanas a nuestro país.
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