El partido Cabildo Abierto se encuentra trabajando en una propuesta que se incorporaría al proyecto de ley de medios que se estudia en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Un borrador le fue entregado al ministro de Industria, Omar Paganini, para pulir la iniciativa que consta de un título agregado al proyecto original con el rótulo «De la comunicación política y la publicidad electoral».
Dentro del título se establecen once artículos distribuidos en tres capítulos: «De la publicidad electoral», «De la imparcialidad y equilibrio en la comunicación política» y «Del contralor de la imparcialidad y el equilibrio en la comunicación política».
El sábado Cabildo Abierto emitió un comunicado donde explicó que «en los últimos días se desató una campaña que desinforma y confunde a la opinión pública» sobre esa propuesta. Seguidamente se apunta que lo que se busca es «Garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada» y «garantizar a los actores políticos el derecho a acceder a los servicios de radio y televisión en forma proporcional a su representación parlamentaria».
Además, en el texto se indica que el proyecto de Cabildo Abierto «se inspira en el modelo de Italia, una de las siete mayores potencias democráticas del mundo». «Su finalidad es profundizar la democracia y ser garantista de las minorías políticas y con menor poder económico», subraya.
Entre las medidas se dispone un porcentaje de publicidad gratuita en tiempos electorales y la creación de un órgano desconcentrado de la Corte Electoral, o sea con participación de los distintos partidos, para por ejemplo recibir denuncias de violaciones a los principios establecidos en la ley, estableciendo algunas posibles sanciones que a lo máximo se estipulan en multas económicas.
Difícil entender cómo a partir de esto se generó semejante alboroto. Pero en efecto la divulgación de algunos aspectos de este planteo, que apenas es un borrador, provocó una polémica de alto voltaje, con sentencias altisonantes.
Los criterios sobre lo antidemocrático
El semanario Búsqueda filtró el pasado jueves 8 de julio una versión antigua de la propuesta de solo siete artículos, distinta del borrador que manejan las autoridades. Si bien el documento no se difundió en un primer momento, aun así, generó reacciones de varios periodistas y políticos de la coalición y de la oposición.
En el programa Polémica en el Bar de canal 10 llegó a admitirse que no se leyó el documento, pero aun así se criticó de manera furibunda por parte de todos los panelistas a la sola idea de plantear la imparcialidad de los medios.
En su cuenta de Twitter, una de las integrantes del programa, la periodista Patricia Madrid publicó la versión vieja del borrador y escribió: «Aquí está parte de los agregados que Cabildo Abierto pretende hacer a la Ley de Medios. Y así es como se pretenden controlar los contenidos. Yo sí leí el documento. Y reitero lo dicho ayer: es ANTIDEMOCRÁTICO y pone en riesgo la libertad de prensa en Uruguay».
Días después La Diaria publicó un artículo titulado «Socios de Cabildo Abierto no comparten propuesta de que la Corte Electoral controle la ‘imparcialidad’ de los medios». Allí se menciona que en el oficialismo cuestionan que el planteo se haga más de un año después de comenzado a discutirse el proyecto, «en una de las normativas que el gobierno pretende aprobar con rapidez desde que inició su período».
Vale señalar que en el Compromiso por el País de la coalición en ningún momento se plantea una nueva ley de medios y que la iniciativa surgió exclusivamente del Poder Ejecutivo. Desde Cabildo Abierto en más de una oportunidad se respondió que su partido «no tiene compromisos» con nadie en este sentido. Aun así, durante la discusión parlamentaria del proyecto de la nueva ley de medios los cabildantes aportaron varias modificaciones tendientes a evitar la concentración y extranjerización de los medios de comunicación, por ejemplo, solicitando que no se eliminara el concepto de grupo económico.
Algunos legisladores blancos y colorados, según el artículo de prensa, consideran que la cuestión puesta sobre la mesa por Cabildo Abierto no debe ser regulada por ley «y mucho menos asignarle competencias a un organismo público para que se encargue de eso», según dijo el diputado colorado Felipe Schipani. ¿Será que las leyes invisibles del mercado también entienden sobre imparcialidad de la comunicación política?
Por otra parte, también consultado por La Diaria, el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo, dijo en referencia a la propuesta de Cabildo Abierto que «plantear la creación de un órgano para controlar el contenido de los medios es ‘bastante grave’ y añadió que esta idea genera ‘preocupación'».
Curiosamente, hace apenas un mes la propia APU propuso la creación de una comisión especial legislativa sobre libertad de expresión que «analice y monitoree este tema en forma permanente». La disposición de APU de recurrir a la representación democrática proporcional que brinda el Parlamento para el contralor no parece muy diferente a recurrir a la representación democrática proporcional que brindaría la Corte Electoral.
El comunicado se difundió tras un programa de la cadena alemana Deutsche Welle basado en un informe de la ONG CAInfo advirtiendo que la libertad de expresión y de prensa estaban amenazadas en Uruguay. Además, APU había denunciado previamente que desde la Torre Ejecutiva se echó al productor del informativo del canal 10, sugiriendo una especie de abuso de poder del partido de gobierno.
Recientemente el senador Óscar Andrade del Frente Amplio afirmó en entrevista con Caras y Caretas que existía un «blindaje mediático» contra la ley de urgente consideración. «Hay un notorio blindaje mediático, casi no se te entrevista por los contenidos de la LUC», señaló Andrade, en una opinión que fue compartida por varios de sus correligionarios.
El interés público
Quizás lo más llamativo es que la ley de medios vigente, la 19.307 de 2014, establece una serie de artículos que apuntan en el sentido de la propuesta de Cabildo Abierto, aunque para el control en lugar de poner a los partidos políticos pone una serie de organismos que supuestamente representarían a la sociedad civil, cuando en realidad el control terminaba recayendo en algunos ONGs afines a un sector ideológico.
Repasando algunas disposiciones de la ley vigente, se puede observar como el artículo 6 establece que «los servicios de comunicación audiovisual son de interés público ya que constituyen uno de los principales medios de información social». El artículo 10 dice expresamente que «El Estado regulará los servicios de comunicación audiovisual garantizando los derechos establecidos en la presente ley» en base a principios como «promoción del pluralismo y la diversidad» y la «no discriminación».
Nadie puede dudar razonablemente que en nuestro país existe un alto grado de libertad de expresión y libertad de prensa, como no sucede en muchos países de la región y el mundo. Sin embargo, la tarea de legislar requiere tener visión de largo alcance y poder prever situaciones que amenacen esas libertades conquistadas.
Basta ver lo que sucedió en los mismísimos Estados Unidos, donde importantes empresas censuraron los discursos nada menos que del presidente y también candidato en las elecciones de su país. También los tristes ejemplos en otras naciones liberales, como España, donde algunos partidos plantean un «cordón sanitario» en los medios de comunicación para silenciar a uno de los partidos que forman parte de esa democracia.
Cómo olvidar cuando el candidato a la presidencia Ernesto Talvi manifestó su profundo desagrado por haber sido desplazado del debate entre Daniel Martínez y Lacalle Pou. Es apenas una muestra de que el tema, al menos, merece ser debatido.
Lejos puede estar cualquier regulación sensata de pretender afectar o impedir la libertad de prensa, que es fundamental para una democracia. A nadie se le ocurre la ridícula idea de efectuar un control exhaustivo de los programas para ver a quién entrevistan o qué opinan los periodistas.
Estamos hablando de situaciones extremas, cuando una actitud se vuelve sistemática y generalizada, llegando al extremo de desvirtuar el sentido de una comunicación plural y afectando gravemente el interés público. Esto es más justificado aún si se trata de concesiones que el Estado hace de ondas del espectro electromagnético, que pertenecen a todos los ciudadanos.
Un debate sano es el principio de todo ejercicio democrático y republicano. Los ataques proferidos desde el prejuicio y la cancelación no solo no contribuyen a ese fin, sino que alimentan la convicción de su necesidad actual y urgente.
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