La Cámara de Diputados votó la semana pasada la liquidación de la empresa Gas Sayago y ahora la ley pasa al Senado para que resuelva lo mismo. De esta manera termina la aventura de una empresa creada en 2011, que tenía como cometido la instalación de una regasificadora de gas natural licuado. El mismo llegaría a Uruguay por barco, se volvería a su estado gaseoso y se vendería mayoritariamente a Argentina. Pero los problemas surgieron cuando Argentina se retiró del proyecto y a pesar de que el principal comprador no estaba más, se decidió seguir adelante con la iniciativa.
El gobierno solicitó la liquidación de la empresa al Parlamento porque este fue quien la generó. Su capital accionario está compuesto por un 20,65% de Ancap y el 79,35% de UTE.
Si bien la liquidación de la empresa se produce recién ahora, su fin fue el 4 de diciembre de 2019, cuando la Administración Nacional de Puertos (ANP) resolvió “rescindir unilateralmente el contrato de Concesión de un Álveo y su espejo de agua en el Río de la Plata para la Construcción y Operación de una terminal especializada en la recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y entrega de gas natural a Gas Sayago S.A.”. O sea, desde esa fecha, seis días después de las elecciones de 2019, se decidió que la aventura había terminado.
Activos sin valor
El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, integra la Comisión de Industria, Energía y Minería que trató el tema, antes de que pasara al plenario.
En declaraciones a La Mañana, Cal señaló que Gas Sayago tiene US$ 132 millones de activos, por lo que paga Impuesto a la Renta, pero acotó que para él esos activos “no valen absolutamente nada”.
Se consideran activos al gasoducto (o sea los caños tendidos), al dragado en la zona donde se instalaría la planta para recibir barcos y los pilotes que están en el Río de la Plata, frente al barrio Santa Catalina de Montevideo.
“Cuando hice la argumentación al tratarse el tema en la Cámara de Diputados, dije que no solo no había interesados en comprar la empresa, sino que cuando se lee la auditoria y se ve lo que se establece como activos fijos, está un dragado de la parte blanda del río que con el lapso del tiempo va a quedar en la nada”, señaló Cal. “También pusieron como activo físico los pilotes que son 71. Para sacarlos tiene un costo de US$ 5,4 millones. Para mí esos pilotes no valen nada y a esto se le suma el gasoducto que entiendo no tiene valor porque no fue terminado. Entonces es lógico que frente a esta situación no existan interesados. A esta altura un buen negocio sería que alguien sacara los pilotes a cambio de estos activos, aunque podrían quedar ahí como un monumento al despilfarro”.
Historia sin fin
El legislador agregó que “la historia de Gas Sayago aún no terminó. Para lo único que sirvió la liquidación, es para que no se tenga que seguir pagando Impuesto a la Renta y los juicios que existen puedan ser direccionados hacia sus accionistas, UTE y Ancap. Se estima que los juicios que están por venir serán de unos US$ 40 millones y seguramente esos se pierdan”. Los juicios van desde reclamos laborales que realizaron trabajadores de empresa subcontratadas, otros que pasan por la afectación a terrenos por el pasaje de los caños del gasoducto o hasta pescadores artesanales, por haber afectado con las obras su medio de vida. Los reclamos de estos últimos se encuentran en el entorno de US$ 100 mil cada uno. También la empresa que efectuó el dragado del río frente a donde debería haberse construido la planta de gas, reclama unos US$ 10 millones.
En el balance de la empresa de 2021 se observan decenas los juicios, muchos de ellos contra la empresa constructora OAS S.A., que fue a concurso por lo que los reclamos pasaron a Gas Sayago.
Entre otros acreedores también está la polémica empresa OAS S.A., que inició un juicio por incumplimiento de contrato. Esta era la encargada de llevar a cabo toda la obra de infraestructura de la planta. Con respecto a los funcionarios, la mayoría ya cobró el despido. Pero una auditoria indica que se pagaron indemnizaciones por encima de lo legal.
Al momento de la auditoria, se iban perdiendo US$ 213 millones, de los cuales US$ 113 millones fueron cubiertos por UTE y Ancap, más US$ 100 millones pagados por Gaz de France, que era socio del proyecto y abonó esa cifra en 2015 a modo de indemnización.
El diputado de Cabildo Abierto indicó que la historia de Gas Sayago es bastante extensa. Se inicia en 2007 con la firma de un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Argentina y Uruguay. Años más tarde se materializa “pero sin ser inscripto en ningún registro, lo cual permitió que Argentina se retirara. Ese era el momento para haber detenido la obra y el proyecto”.
Ese acuerdo establecía que Argentina compraría la mayoría de lo que la planta iba a producir y solamente el 7% quedaría en Uruguay.
Según Cal, tras la retirada de Argentina “existieron caprichos políticos” que hizo que la empresa continuara adelante con sus planes. “Desde un comienzo la construcción de esta planta fue algo forzado. Cuando realmente se comenzó a construir, se hizo a la par de otros proyectos como los parques eólicos y fotovoltaicos. De esta manera también quedaba de lado la posibilidad de que plantas de energía eléctrica fueran alimentadas con gas. Este fue, por lo tanto, un proyecto que nacía muerto”, sostuvo.
Gastos varios
Dentro de los gastos extraordinarios en la historia de la empresa se detectaron beneficios de los funcionarios como ser gastos por viajes al exterior (US$ 290.000), capacitación que incluía maestrías y posgrados (US$ 247.000), gastos de alimentación (US$ 212.000), pago de aguinaldos dobles e indemnizaciones especiales por despido.
Más allá de los gastos exorbitantes dentro del funcionariado de Gas Sayago “hay mucho más, como contrataciones a empresas que no tenían ninguna experiencia para realizar un trabajo como el planeado y donde están algunas de dudosa reputación como Odas S.A. u Odebrech, la misma que estuvo envuelta en un escándalo mundial por coimas para realizar obras. Esta última había sido descalificada al inicio del proyecto y como no la pudieron contratar después, la terminan subcontratando”, dijo el diputado cabildante.
Otro punto que fue resaltado durante la sesión en que se votó la liquidación es el aspecto de responsabilidades penales. Al ser una empresa privada (aunque con capitales estatales), solamente los accionistas podrían efectuar alguna denuncia, aunque se terminarían denunciando a sí mismos. “Esta es una picardía por la que algunos de los responsables de Gas Sayago no solo no van presos, sino que tienen el rostro de hacer juicios y ganarlos, como Marta Jara, quien fue gerente general y ganó un juicio por despido de US$ 175 mil”, dijo Cal. Jara actualmente integra una empresa multinacional que asesora en materia de proyectos de hidrógeno verde.
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