Este martes el directorio de UTE informó que se decidió enviar a Fiscalía los resultados de la auditoría externa realizada sobre el proyecto de la planta regasificadora responsabilidad de Gas Sayago S.A. La presidenta del ente, Silvia Emaldi indicó que existen «múltiples evidencias que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio».
En conferencia de prensa, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, fue la encargada de comunicar los resultados del estudio realizado por la consultora Price Waterhouse Coopers, que había sido entregado al directorio el 20 de mayo y hasta ahora se mantenía en reserva.
Señaló que existen «múltiples evidencias que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio». Aclaró que, si bien Gas Sayago es una sociedad anónima, su capital es 100% público y «su responsabilidad era la de administrar los dineros públicos de sus accionistas UTE y ANCAP».
Agregó que «se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal».
De las conclusiones que se extraen del informe de auditoría de PWC, se destacó que el emprendimiento implicó una pérdida de 213 millones de dólares, aunque se advirtió que la suma «no es final» porque deben agregarse eventuales condenas por demandas millonarias, el costo del desmantelamiento de los pilotes, gastos de funcionamiento mientras dura la liquidación y gastos directos de UTE y ANCAP que no figuran en la contabildiad de Gas Sayago.
Además, se estableció que PWC no detectó que UTE o ANCAP hubieran aprobado un plan de negocios ni siquiera un estudio integrado que combinara factibilidad, modelo económico financiero y proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos.
Se señaló también que a pesar que en 2012 era claro que Argentina no iba a participar del proyecto, se siguió adelante cuando en paralelo se construían parques eólicos que «eran suficientes para abastecer la demanda de energía».
Adicionalmente hay observaciones respecto a los procesos de contratación y al proceso de adjudicación del gasoducto a la empresa OAS, que «no acreditó los requisitos mínimos requeridos».
«No se entiende las razones de fondo para insistir durante 4 años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable. Esto hizo que de los 100 millones de dólares de la garantía: 20 millones fueran destinados a gastos de administración, 36 millones al pago de préstamos, 23 millones al pago de impuesto a la renta y 21 millones al pago de activo fijo», se añadió.
«En definitiva, este proyecto tuvo múltiples instancias de detenerse porque no era económicamente viable: 1) se sobredimensionaron ingresos y 2) se subestimaron egresos lo que generó un grave daño patrimonial al Estado», concluyó el informe de la presidenta de UTE.
Eslabón por eslabón
En el número anterior de La Mañana se daba cuenta de las declaraciones del director de UTE por Cabildo Abierto, quien aseguró a partir de una investigación realizada desde su despacho que las pérdidas totales del Estado uruguayo en Gas Sayago rondarían entre 230 y 250 millones de dólares. Para Pees Boz la actuación de los directorios de UTE y ANCAP en el periodo 2010-2019 fue «indignante».
Según los resultados que arrojó el estudio elaborado por el director cabildante de UTE sobre la frustrada puesta en marcha de la planta regasificadora de Puntas de Sayago, “lo que hemos obtenido como resultado, lo hemos catalogado como un voluntarismo fracasado, que no llega a proyecto”, dijo a la radio El Espectador.
Días después el diputado de ese partido, Sebastián Cal, anunció en conferencia de prensa que plantearían una comisión investigadora en el Parlamento. «Entendemos que es un hecho que no se puede dejar pasar, que tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias», indicó.
Años atrás, por iniciativa del nacionalista Pablo Abdala, en 2016 se promovió una comisión investigadora parlamentaria, que brindó los elementos para una posterior denuncia penal presentada en mayo de 2019. Según informó el semanario Crónicas, «el fiscal Luis Pacheco solicitó a la Cámara de Representantes, todos los documentos vinculados a la investigación, incluyendo los informes que habían sido declarados reservados por la cámara con los votos del Frente Amplio, que en ese momento tenía mayoría parlamentaria».
Ahora, el directorio de UTE tras la aprobación del Informe de gestión de Gas Sayago decidió «ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, a cuyos efectos se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad».
Por su parte, la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, escribió en su Twitter: «Finalmente UTE hizo público el informe externo que contratamos sobre Gas Sayago. Pagamos una auditoría cara y recibimos a cambio un informe intrascendente. Me siento defraudada. No lo aprobé y voté no pagarlo».
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