En la última instancia antes de la asunción del nuevo Parlamento, el pasado lunes 10 de febrero fue aprobada con los votos de la coalición de gobierno una modificación a la Ley de Promoción del Empleo, con el objetivo de incluir a personas de 30 a 44 años que sean liberadas del sistema penitenciario, otorgando a sus empleadores un subsidio del 80% del salario. La Mañana conversó con la impulsora del proyecto, la exsenadora Carmen Sanguinetti, quien destacó la importancia de las políticas de egreso para reducir la reincidencia y llamó a los empresarios a sumarse a esta iniciativa.
¿Cómo surgió la iniciativa de presentar este proyecto?
Este es un tema en el que vengo trabajando desde el año 2020. Trabajo en el exterior en temas vinculados a la inserción laboral de personas que salen del sistema penitenciario. En estos cinco años, el proyecto fue mutando. En 2020 hicimos un conversatorio, vinieron personas vinculadas desde la sociedad civil del sistema penitenciario, empresas que contratan, personas vinculadas al Estado, al INR (Instituto Nacional de Rehabilitación), a la Dinali (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado), al Ministerio del Interior. Se ha hecho un grupo de trabajo en ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), junto con Manpower, donde están muy involucrados Marcelo Scavuzzo, Inés Arrospide. Finalmente, lo que se terminó votando fue un agregado a la Ley de Promoción del Empleo que establece que el empleador que contrate a una persona que haya estado privada de libertad en una unidad del INR va a obtener un subsidio parcial sobre el salario del beneficiario de hasta el 80% de la retribución mensual. Esto funciona igual al resto de los programas de la ley, es decir, se descuentan de créditos que la empresa tiene que pagar. Por cómo estaba redactada la ley, no abarcaba a las personas de entre 30 y 44 años, y con esta modificación lo que hicimos fue incluir ese rango etario, que es muchas veces el grueso de las personas que salen del sistema penitenciario.
¿Se espera que esta ley tenga un impacto directo en la reincidencia o cuáles son las expectativas?
No se puede pretender que esto cambie la realidad de todas las personas. Es una contribución, a mi juicio relevante, para una problemática enorme y compleja. Entonces, hay que dimensionarla en su justa medida. Yo creo que la razón por la que tenemos un nivel de reincidencia tan alto es porque justamente no tenemos políticas de egreso. Y esto es una política de egreso que obviamente se tiene que complementar con otras, pero es un paso importante.
En este tiempo en el que ha trabajado en el tema, ¿ha visto casos de otros países que han tenido éxito en una normativa de este tipo?
Sí, por ejemplo, en Estados Unidos estaba Work Opportunity Tax Credit, que es en la que yo trabajaba. Ellos tienen una cultura de revisión de las políticas públicas mucho más grande que la que tenemos nosotros, cuando las políticas públicas no funcionan, las cambian. En Uruguay, en el caso de ACDE, ellos vienen haciendo un trabajo muy significativo con el sector privado y hay experiencias exitosas y es relevante que sean compartidas.
Decía que esto es un primer paso importante en las políticas de egreso. Justamente, más allá del incentivo económico, ¿qué otro tipo de políticas complementarias son necesarias para atacar la discriminación en el ámbito laboral hacia estas personas?
Cuando vos conversás con las empresas que contratan personas liberadas del sistema penitenciario, los testimonios de lo que sucede a nivel del grupo de trabajo, en su enorme mayoría, son súper positivos. En un país que, por suerte, ha subido sus niveles de empleo de manera significativa, donde tenemos jóvenes con una altísima rotación laboral, tenemos un problema de la valoración del trabajo, que no es como antes que alguien que conseguía trabajo lo agradecía y se quedaba ahí. Y el tener de compañero a alguien que ha tenido una experiencia de vida tan difícil y que está intentando salir adelante, encauzarse y dar vuelta la pisada genera cambios muy significativos en la cultura organizacional. Hay paralelismos con lo que pasa cuando una empresa contrata a una persona con discapacidad. Hay mucho para seguir trabajando en lo que tiene que ver con mentoreos de personas que pasaron por esta situación y que ya no están más en eso. Me parece muy relevante y valioso hacer hincapié en eso.
¿El INR y la Dinali tienen un rol que cumplir en esta iniciativa?
Sí, totalmente. En primer lugar, el hecho de que la Dinali haya pasado del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social en este período legislativo es una muy buena cosa. Nosotros tenemos que mirar a las personas que salen del sistema penitenciario como personas que necesitan involucrarse e insertarse productivamente en la sociedad. Los problemas complejos requieren siempre soluciones complejas y las soluciones complejas, a nivel del Estado, solo funcionan con abordajes interdisciplinarios, interinstitucionales.
¿Se prevé un acompañamiento de las empresas que decidan contratar a estas personas?
Sí, justamente, en ACDE están trabajando con ese modelo. Para muchas personas es un desafío enorme la vuelta a tener una vida productiva e insertada en la sociedad.
¿Cómo ha sido la recepción de esta iniciativa por parte del sector empresarial?
Es como todo. Hay veces que hay resistencias, por supuesto. Pero es cuestión de que conozcan experiencias. Emprender en Uruguay muchas veces no es fácil, tenemos un costo del Estado significativo, a nivel de competitividad estamos comprometidos. O sea, yo puedo entender perfectamente que haya empresarios a los que realmente les cueste abrazar una idea como esta. Y es lógico. Hay veces que uno se encuentra con mucha resistencia. Pero la verdad es que en el trabajo de estos cinco años siempre ha sido más la gente que ha estado dispuesta a intentarlo.
Si les pudiera dar un mensaje a aquellos empresarios más reticentes a contratar personas con antecedentes penales, ¿qué les diría?
Yo les diría que se animen a probar la posibilidad de ser el vehículo de inclusión social de personas que han tenido trayectorias de vida de una enorme complejidad, que se han encontrado con un Estado muchas veces ausente, con familias violentas, con contextos muy críticos, y que el empleo para estas personas es un puente hacia una vida digna. Y yo creo que no va a haber satisfacción más grande para un empresario que el hecho de que su empresa ofrezca esta posibilidad y sea un puente para la inserción productiva en la sociedad de una persona que estuvo siempre en los márgenes.
Por último, ¿qué opina de la situación que se dio a nivel político el día de la votación del proyecto, donde el Frente Amplio decidió retirarse de sala por no estar de acuerdo con la iniciativa que buscaba aplicar la ley que beneficia a los deudores de vivienda en UR, que también se estaba tratando en la misma jornada, y finalmente terminó siendo aprobado solamente con los votos de la coalición de gobierno?
El senador frenteamplista Daniel Caggiani me llamó para expresarme su respaldo a este proyecto. Este es un proyecto que si se hubiera votado en un contexto normal habría salido sin lugar a duda por unanimidad. Se dio en un contexto poco feliz, se mezclaron muchas cosas. En general, este tipo de instancias, si uno estudia y recorre los últimos cinco años del período legislativo, son las excepciones, no son la mayoría. Obviamente, estas son las situaciones que generan más polémica y por tanto ocupan más titulares y están más en la prensa, pero yo elijo quedarme con el resto, donde la enorme mayoría de los marcos normativos en nuestro país se votan por unanimidad, y es ahí donde cambiamos el ritmo del país.
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