La Comisión de Derechos Humanos del Senado recibió el martes a un integrante del Comité de DDHH de ONU que reclama el cumplimiento de una serie de recomendaciones que consideran obligatorias. En respuesta, el senador cabildante Guillermo Domenech afirmó que se «pretende desde lugares remotos señalar a los pueblos cómo deben conducirse» y se retiró de la sesión provocando varias reacciones.
El martes fue una sesión polémica en la Comisión Especial de Derechos Humanos del Senado. Según informó la página del Parlamento, se recibió como invitado al Dr. Hernán Quezada Cabrera, miembro experto integrante del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fue acompañado por la Dra. Mariel Merayo, Coordinadora para América Latina del Centro para los Derechos Civiles y Políticos y por la licenciada Adriana Vaselli, cordinadora de SERPAJ. Además, fueron invitados miembros integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
El motivo principal fue abordar el «seguimiento y cumplimiento de las Observaciones Finales emanadas de la sexta revisión periódica del Comité de Derechos Humanos al Estado uruguayo, en la sesión N° 135 llevada a cabo recientemente en Ginebra, como instancia para mejorar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)», según se describió en la web.
La licenciada Vaselli explicó que Serpaj presentó un informe al Comité de Derechos Humanos y que estuvo personalmente en Ginebra cuando se realizó la presentación por parte de las organizaciones de la sociedad civil y también del Estado.
En la página del CCPR-Centre, una ONG internacional cuya coordinadora para América Latina es la doctora Merayo, en el capítulo sobre Uruguay se informa precisamente que «la semana del 27 de junio de 2022, cuando se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973 y el inicio de la dictadura cívico-militar en Uruguay, el Estado fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Para ello, una coalición de organizaciones de la sociedad civil coordinada por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), con el apoyo del CCPR-Centre, presentó un informe alternativo y participó en reuniones privadas con miembros del Comité para exponer la situación de derechos civiles y políticos en Uruguay», agregan.
«Entre las principales preocupaciones expresadas por las ONGs, se encuentran los siguientes temas: Derecho a la identidad de hijos e hijas de madres lesbianas o bisexuales, Graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, Acceso al aborto legal y seguro, Sistema penal juvenil y Violencia policial», añade la información del Centro.
Al tomar la palabra en la comisión del Senado, Merayo dijo que «dentro de esas recomendaciones se indica que el Estado no solamente tiene la obligación de su cumplimiento, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que establece un procedimiento de seguimiento, que está calendarizado para 2025». «El Comité de Derechos Humanos no hace visitas oficiales, sino que las hace en acompañamiento con el centro. Don Hernán Quezada está aquí con nosotros para que ustedes puedan dialogar con él sobre cómo es la dinámica del comité y responder alguna pregunta que deseen plantearle», agregó.
A su turno, Quezada, abogado chileno, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el año 2019 y que fue reelegido para un segundo mandato que se inicia en 2023, matizó los dichos de Merayo y sostuvo que «este examen no consiste en someter a un juicio al Estado respectivo, sino, en lo posible, cooperar para que el Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pueda cumplir en forma adecuada y oportuna sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en el marco de este pacto».
No obstante, Quezada reiteró que en las recomendaciones se trata de ser «muy concretos» y «orientar al Estado a que cumpla sus obligaciones en las respectivas materias» y conminó al cumplimiento de una serie de plazos.
«El futuro del Uruguay lo van a decidir los orientales»
El primero de los legisladores en hacer uso de la palabra fue el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto. Comenzó manifestando que «ir a dar consejos a casa ajena nunca es simpático». «Acá los orientales tenemos una larga tradición democrática y de respeto de los derechos humanos que no nació con ningún pacto, sino que, a nuestro entender, surge por el solo hecho de ser sujetos de la especie humana», sostuvo.
«La verdad es que esto no nos asombra, porque no es un fenómeno regional sino mundial: se pretende desde lugares remotos señalar a los pueblos cómo deben conducirse», agregó. «Nosotros reconocemos la libertad de opinión, la valoramos y la escuchamos, pero creo que tiene que quedar bien claro que los orientales, de acuerdo a los preceptos del artiguismo, vamos a actuar de acuerdo con la soberanía particular de los pueblos», aseveró Domenech.
El senador cabildante enfatizó que «el futuro del Uruguay lo van a decidir los orientales, como ha sido tradicional, a través de elecciones –hoy elecciones con sufragio universal y voto secreto, que es garantía de democracia–, y ese es el modelo de ciudadanía, familia e integración que tenemos en este país». Dijo también que «desde algunas corrientes internacionales se busca anular los Estados nacionales, también se busca generar enfrentamiento entre las razas» y «se pretende destruir a la familia», aludiendo a alguna de las recomendaciones presentadas.
«No me parece bueno que se pretenda darnos consejos, y menos aún consejos que, en muchos casos, están profundamente disociados de lo que es bueno para nuestros pueblos. Eso lo van a decidir nuestros pueblos, no se va a hacer desde ningún ámbito internacional por ningún oscuro burócrata. Lo va a decidir la gente del Uruguay, los orientales», dijo Domenech. «Les quería decir que esta es nuestra posición. Y, habiendo hecho esta precisión, nos vamos a retirar. Vamos a encarecer que no se metan en nuestros asuntos internos», concluyó.
Reacciones de legisladores frenteamplistas
Se retiraron de sala el senador Domenech, que estaba junto al diputado Carlos Testa, también de Cabildo Abierto. Según la información de la web del Parlamento, en ese momento quedaron en sesión solamente legisladores del Frente Amplio: la senadora Silvia Nane (presidente de la Comisión), Amanda Della Ventura, Sandra Lazo y los diputados Verónica Mato y Oscar Amigo. Varios de los legisladores pidieron «disculpas» por la situación que tuvieron que vivir los integrantes de la delegación visitante.
La senadora Lazo dijo que «cualquier Estado que se precie de ser un Estado de derecho, recibe con los brazos abiertos las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas». A su vez, la diputada Mato manifestó su «total vergüenza» y dijo que fue la primera vez. Mientras tanto, el diputado Amigo expresó que «no es la intención de los informantes de la organización obligar a ningún Estado» porque «no tiene potestades para eso». «Simplemente se quiere establecer cuáles son los problemas de la sociedad, valorarlos y ponerlos a discusión», dijo. Además opinó que «el artiguismo está muy alejado de lo que dijo el senador Domenech porque, entre otras cosas, el artiguismo era un movimiento profundamente democrático desde su cerno».
En tanto, la senadora Nane presidiendo la comisión sostuvo «que tanto el senador Domenech como su fuerza política son, en definitiva, parte de un movimiento global que se caracteriza por el ultranacionalismo, por el autoritarismo y por un discurso de odio y de violencia hacia quien sea el otro según las circunstancias» y lo acusó de proponer un candidato a la INDDHH «para tener un cargo político y para tener una moneda de juego dentro de la institución nacional de derechos humanos».
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