El pasado martes 6 de setiembre la Cámara de Diputados aprobó con votos de Cabildo Abierto, Frente Amplio, Partido Independiente y PERI, dos recursos presentados por las juntas departamentales de Rocha y Río Negro sobre proyectos inmobiliarios que no cumplían con las normas de ordenamiento territorial. ¿Por qué se presentaron los amparos y bajo qué argumentos se les dio lugar en el Parlamento?
En el caso de Rio Negro se buscaba construir un hotel de seis pisos en un terreno baldío de la ciudad de Young. La Junta Departamental aprobó una serie de medidas cautelares para dar cabida a los proyectos, contraviniendo lo especificado en la ley de ordenamiento territorial 18.308. Al hacerlo, ediles frenteamplistas, valiéndose de que se estaba frente a procedimientos contrarios a la norma, elevaron un recurso de apelación la Cámara de Representantes, amparados en el artículo 303 de la Constitución.
Similar situación se originó en Rocha. La Junta Departamental autorizó al intendente por la vía de la excepción a modificar directamente el Plan Local Lagunas Costeras, para dar lugar a un proyecto de fraccionamiento urbanístico en el balneario Garzón, propuesto por Garzón Marítimo SAS. Ante esto los ediles del FA también elevaron un recurso de apelación al Parlamento. Ambos recursos presentados con una semana de diferencia, fueron tratados en la Comisión de Constitución, Código y Legislación de la Cámara de Representantes, donde la mayoría de los integrantes votó en contra.
Posteriormente los informes pasaron a consideración del Plenario de la Cámara, donde en sesión del pasado 6 de setiembre, con los votos de diputados de Cabildo Abierto (CA), Frente Amplio (FA), Partido Independiente (PI) y Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), se hizo lugar a los recursos presentados por Río Negro y Rocha, contrariamente a lo resuelto en Comisión.
Las advertencias de la Dinot
El director de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), Norbertino Suárez, explicó en diálogo con La Mañana, que de haberse rechazado los recursos, se hubiera abierto una “ventana enorme”, que daba lugar a que todas las intendencias del país utilizaran la vía de la excepción para llevar adelante modificaciones de sus planes de ordenamiento territorial. “Si se rechazaban los recursos, nada menos que con respaldo parlamentario, se daba un mensaje muy fuerte a los gobiernos departamentales de que tienen una alternativa para poder saltarse la norma.” dijo.
“A partir de ese momento todas las intendencias hubieran podido seguir el mismo camino, desnaturalizando así la aplicación de la normativa vigente, que exige una serie de procesos para llevar adelante la elaboración y revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial (directrices departamentales, planes locales, planes parciales)” expresó el director, y agregó que al obviarse los procedimientos establecidos, se estaría frente a una especie de derogación tácita de la normativa.
Por otra parte advirtió que si hubieran aprobado definitivamente las decisiones tomadas por ambos gobiernos departamentales, la evaluación ambiental estratégica, prevista por la ley para analizar y recomendar sobre los posibles impactos de cualquier intervención en el territorio, además de las instancias de puesta de manifiesto y audiencias públicas correspondientes, hubieran sido eludidas.
Encima, al saltarse los procesos establecidos por la ley, en busca de un atajo, seguramente a la hora de concretar los proyectos, tanto las Intendencias como los promotores se iban a encontrar tarde o temprano con múltiples inconvenientes que terminarían por demorar el proceso que quisieron acelerar apelando a la excepcionalidad.
“Por ejemplo cuando eventualmente llegaran las iniciativas al Ministerio de Ambiente y se soliciten los respectivos ‘Informes de Correspondencia’ y sea evidente que no se siguieron los procesos, se presentarían eventualmente dificultades para avanzar”, indicó el jerarca, particularmente los fraccionamientos, que incluso de por sí deben contar con la evaluación de impacto ambiental por ubicarse en la franja de protección costera.
Los proyectos de inversión no se anulan
El director de la Dinot manifestó que es falso que con estos recursos se hayan anulado o frustrado los emprendimientos inmobiliarios, y expresó que la Dinot ha puesto todo lo que está a su alcance a disposición de las intendencias de Río Negro y Rocha, para que puedan revisar su planificación territorial, considerando también los proyectos propuestos, siguiendo siempre los procedimientos que el marco legal vigente.
Indicó que han procedido de esta forma con todos los gobiernos departamentales. Cada Intendencia tiene asignado oficialmente por parte de la Dinot un funcionario, un especialista en ordenamiento territorial, como enlace técnico para asistir a los equipos de las intendencias en materia de ordenamiento territorial. En tal sentido se firmaron convenios de cooperación técnica y financiera con las 19 Intendencias para el período 2021-2022, con el objeto de estimular y promover el uso de las “buenas prácticas” en relación a la planificación y gestión del territorio. La Dinot distribuyó $1.100.000 a cada una de las Intendencias para la contratación de especialistas y adquisición de insumos, en apoyo a la elaboración y revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial.
“Tanto con la Intendencia de Rocha como con la de Río Negro veníamos trabajando como facilitadores de todos estos procesos. Desde el principio estamos colaborando con las intendencias, con o sin convenios. Les hemos manifestado a las Intendencias que nos consideramos parte de sus equipos, que no estamos en la vereda de enfrente, para imponer pautas o fiscalizar sus acciones, ni tampoco para cuestionar los proyectos o las iniciativas que tengan, eso no nos corresponde, no es nuestra misión ni tampoco nuestra intención; simplemente tratamos de que se cumpla con la normativa y las buenas prácticas del ordenamiento territorial, pues es la única forma de dar garantías al Estado y a los particulares. Si hubieran seguido nuestras recomendaciones, seguramente a esta altura estarían prácticamente culminando los procesos”, señaló Suárez.
“El 26 de abril estuve en la Intendencia de Rocha reunido con el Intendente y su equipo, para trabajar en la revisión del Plan siguiendo los procesos, pero después nos enteramos que habían elegido otro camino para autorizar el emprendimiento, fuera de la normativa”, dijo el director de Dinot. “En marzo y mayo técnicos de la Dinot estuvieron trabajando con el equipo de Río Negro para la modificación del Plan de Young, pero nunca se puso sobre la mesa los proyectos en cuestión. Y se fue por una vía incorrecta”, añadió. Suárez dijo también que el pasado miércoles se reunió con el intendente Lafluf y su equipo para avanzar en los procesos, motivo por el cual el jerarca departamental mostró su agradecimiento por la disposición. Este martes viajó el equipo técnico del ministerio rumbo a Río Negro para seguir trabajando en el tema.
Proponen revisar la normativa
Según el director de la Dinot estos procesos deberían llevar entre 4 y 5 meses, plazos que muchas veces dependen de las capacidades de los equipos técnicos de las Intendencias, que en algunos casos son reducidos. También entiende que “Está en el imaginario colectivo que los procesos de revisión de los instrumentos llevan mucho tiempo, y eso conspira contra lo que nosotros recomendamos”
La Ley de Ordenamiento Territorial 18.308 establece desde el artículo 23 al 29, los procesos que se deben seguir para modificar los instrumentos de ordenamiento de las propias intendencias, que incluye una puesta de manifiesto por 30 días y la audiencia pública correspondiente, entre otros, hasta llegar a la aprobación final por parte de la Junta Departamental. La norma no admite excepcionalidades ni tampoco otras medidas contrarias a lo que establece, aunque vengan de instrumentos de ordenamiento territorial departamentales, por más que sean modificaciones aprobadas por un gobierno departamental (Intendente y Junta Departamental).
Por otra parte, las medidas cautelares decretadas por Río Negro, son totalmente contrarias a las medidas cautelares establecidas en la ley 18.308 (artículos 24 y 30), ya que el espíritu de la norma es de protección y no de autorización de nuevos usos.
Suárez dice que “No es un problema de la ley, la ley es muy buena”. La debilidad del sistema está en las capacidades tanto de la Administración departamental como nacional, para enfrentar de forma eficaz y eficiente los procesos exigidos para modificar los planes atendiendo proyectos y propuestas de interés no previstos, y que significan inversión y desarrollo local. No obstante adelantó que se presentó en estos días al Poder Ejecutivo una revisión de la normativa para darle más agilidad y hacer más eficientes los procesos, entre otros aspectos importantes que próximamente se darán a conocer.
Opinión de los expertos
Por otra parte, sobre la propuesta de Garzón Marítimo S.A., el asesor experto en temas de conservación costera, Dr. José Luis Sciandro, consideró que “no estaba explicitado muy bien lo que querían hacer, podría ser un hotel o podrían ser viviendas individuales”. “Las bases hablaban de terrenos de 1.000 metros cuadrados, pero ahora (en base al decreto vigente) solo se puede construir en un mínimo de 50.000.”, dijo a La Mañana. Por esa razón necesitan fraccionar los terrenos; la densidad de uso cambia radicalmente.
El experto explicó que si ahora siguen el camino dispuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial va a haber una etapa de manifiesto en la que cualquier persona puede expresarse sobre el proyecto y toda la sociedad civil puede hacer observaciones y pedir aclaraciones. Después de que termina esta etapa, hay una audiencia pública en la que explican y responden todo lo planteado por la sociedad civil. “Si esto ocurre, ahí se verá qué es lo que plantean. Esto es lo que está previsto en la ley y que no se hizo ahora”, indicó.
TE PUEDE INTERESAR
