Iniciativas parlamentarias centradas en mejoras sociales que abarcan todos los sectores de la sociedad, pero priorizan a los más vulnerables -ya sea por razones económicas o de salud- están en discusión en diferentes comisiones y, se espera, sean aprobadas en un futuro cercano.
Si bien el país aún se encuentra en medio de la pandemia por coronavirus (covid-19), las responsabilidades sociales y parlamentarias de nuestros representantes en el gobierno no se detienen. Presentaciones y tratamientos de proyectos de ley para el bien de los ciudadanos siguen en discusión, a pesar de los momentos críticos en cuanto a la emergencia sanitaria.
Entre los ejemplos de proyectos que, se entiende, priorizan el bienestar civil, es posible nombrar el proyecto de ley de “voluntad anticipada de recibir tratamiento en caso de consumo abusivo de drogas”, aprobado días atrás por la Comisión de Salud de Diputados. Por otra parte, se encuentra en discusión un proyecto que prohíbe la comercialización, stock y uso domiciliario de pirotecnia de estruendo con el propósito, entre otros, de proteger a los niños con autismo, y los proyectos que apuntan a establecer topes de los intereses de instituciones bancarias y administradores de créditos, así como a permitir la declaración de quiebra de la persona física y trámite especial para reestructurar sus deudas.
Ahora bien, ¿de qué trata y en qué estado se encuentran estos proyectos de ley que buscan ser de ayuda para la comunidad? Para responder esta pregunta, La Mañana realizó una puesta a punto de cada una de las iniciativas nombradas.
El problema de las adicciones a las drogas
Hace menos de una semana, la Comisión de Salud de Diputados aprobó el proyecto de ley presentado por las representantes Nibia Reisch (PC) y Silvana Pérez Bonavita (CA) sobre la voluntad anticipada de recibir tratamiento en caso de consumo abusivo de drogas.
Establece que una persona que sea mayor de edad y adicta a cualquier tipo de droga, en un momento de lucidez y aptitud psíquica pertinente (avalada por un médico tratante) pueda firmar una voluntad anticipada que indique que cuando esté bajo los efectos de las drogas, se lo pueda internar para desintoxicarlo y rehabilitarlo.
En cuanto a los menores de edad, el proyecto plantea que la decisión corresponderá a sus padres en ejercicio de la patria potestad o al tutor cuando correspondiese. Además, se plantea que la internación sea preceptiva por un mínimo de tres meses y por hasta seis meses, a criterio del profesional médico tratante; y que pueda ser renovable por hasta seis meses más.
Algunos cuestionamientos a este proyecto apuntaban a la dificultad para el financiamiento, e incluso el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, señaló que las internaciones no deben ser decididas por familiares, sino por equipos de salud que atiendan a los pacientes.
El diputado Martín Sodano (CA), tras reunirse con Radío, incorporó alguna de estas advertencias a otro proyecto de ley que está por presentar y que abarca no solo la posibilidad de internación compulsiva por drogas, sino también atender otras adicciones como el juego.
Según adelantó el representante a La Mañana, la iniciativa incorpora la exigencia de una sentencia de un juez y la posibilidad de procesar por desacato a quien incumple, el asesoramiento de una comisión de expertos, financiamiento con colaboración de la JND, junto al MEC, MI, MSP y Mides, más fondos de incautaciones de drogas con porcentajes que también contemplen la prevención y la lucha contra el narco.
Evitar exposición a quemaduras en niños
Cuando las fiestas de fin de año se acercan como Navidad y Año Nuevo, el uso de pirotecnia y fuegos artificiales con estruendo se vuelve común. De público conocimiento son los casos, días después, de personas lesionadas por su uso, la generación de incendios, grandes perjuicios a las poblaciones más vulnerables a este tipo de ruidos, así como problemas en animales domésticos.
Por estas razones, en parte, es que el pasado 4 de noviembre se presentó un proyecto de ley de regulación del uso de pirotecnia, el que se encuentra en la Comisión de Defensa Nacional integrada con la de Salud Pública y Asistencia Social. Este fue impulsado por el diputado Gastón Cossia (PN) y también apoyado por Silvana Pérez Bonavita (CA).
El fundamento, en parte, está dado porque el Centro de Quemados del Hospital Pereira Rossell, la Sociedad de Cirugía Plástica del Uruguay y el Sindicato Anestésico Quirúrgico registran cada año que en diciembre aumentan en un 20 % los casos de quemaduras y accidentes graves, principalmente en niños. Los especialistas, además, alertan sobre un aumento de mordeduras de perros y piden tener especial recaudo con niños autistas, quienes tienen una mayor sensibilidad ante la pirotecnia.
Cossia indicó a la prensa que con el proyecto se busca “el bien general”, que existe un hecho claro, de acuerdo a las estadísticas, y es que este año podría haber cien niños que sufrirán quemaduras por el uso de pirotecnia y que veinte de ellos necesitarán ser internados en CTI. “Ahora, si consideramos los últimos 20 años, tenemos dos mil niños que sufrieron quemaduras, muchas veces con consecuencias permanentes”.
El proyecto prohíbe el uso en todo el territorio nacional, la importación, elaboración, comercialización y almacenamiento en domicilios de pirotecnia de estruendo, quedando exceptuado en todos los casos los fuegos de artificio lumínicos sin estruendo. Además, se encomienda el control y fiscalización al Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. Se prevén multas en caso de incumplimiento. En cuanto a decomiso y confiscación se faculta a la autoridad policial competente.
Los créditos y las trampas financieras
El representante Daniel Peña, del Partido de la Gente, elaboró una iniciativa legislativa con el objetivo de generar una herramienta que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las abusivas tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento. Actualmente, el proyecto se encuentra en tratamiento en la Comisión de Hacienda.
El proyecto modifica la Ley 18.212 (ley de Usura), del 2007, y su propuesta central es bajar los topes que las instituciones bancarias y administradoras de crédito cobran por sus préstamos, tanto el interés compensatorio (el interés que se cobra por el préstamo) como el interés moratorio o de mora (cuando existe un atraso en las cuotas del crédito). Además, entre otras cosas, obliga a todas las instituciones financieras a realizar publicidad clara e inequívoca, de forma tal que los consumidores tengan cabal conocimiento de las condiciones del contrato y de los montos finales de las obligaciones asumidas.
Según la ley vigente, los topes a las tasas de interés se establecen por un índice que elabora el Banco Central, lo que sería la tasa media de interés. El índice no es único, hay uno para situaciones diferentes de acuerdo a si es para empresas chicas, medianas, grandes o para familias. También cambia de acuerdo al plazo de pago y al monto.
La ley de 2007 establece el tope de los intereses de acuerdo a la tasa media más un porcentaje que va del 55 % al 90 %, dependiendo del monto del préstamo. Lo que propone Peña es que el tope sea la tasa media de interés, actualizada por Índice de Precios al Consumo (IPC). En los casos de intereses por mora, cuando alguien se atrasa en la cuota, los intereses no podrán superar el índice por arriba del 20 %.
Entrevistado por La Mañana en el número del pasado 5 de agosto, el representante del Partido de la Gente había dicho que el actual sistema es “maquiavélico”, y lo armó el Frente Amplio con la bancarización obligatoria, “donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, aseguró que los consumidores “van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tienen son quienes terminan pagando más”.
Resolver insolvencias y recuperar consumidores
También, desde Cabildo Abierto partió la iniciativa de un proyecto de ley que prevé la creación de procedimientos administrativos y judiciales para reestructurar los pasivos contraídos por personas físicas insolventes.
Actualmente, el proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda y busca solucionar la situación de insolvencia de muchas personas para que puedan volver a formar parte del mercado de consumo. Lo que se pretende, según señaló el senador Guido Manini, es «permitir a la persona limpiar sus cuentas y comenzar de nuevo, pero bajo ciertas condiciones», dado que el procedimiento estaría reservado al deudor diligente y de buena fe.
Se prevé la posibilidad de que se logre un acuerdo de forma administrativa, sin ir a la vía judicial y si no se logra, establecer plazos y formas para ir al proceso judicial entre las partes, donde el juez deberá designar un contador para calcular la fórmula viable ante la situación financiera del deudor.
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