Las 83 empresas del interior del país –en su gran mayoría pymes– nucleadas en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), esperan con atención que la Cámara de Senadores contemple agregar al proyecto de ley de Rendición de Cuentas un artículo propuesto por la bancada de Cabildo Abierto, que habilita a los cableoperadores a brindar servicios de internet.
“Hace más de 20 años, los pequeños cables del interior de Argentina empezaron a vender, junto con el cable, servicios de internet”, pero en Uruguay esta posibilidad “hasta ahora nos ha sido sistemáticamente vedada por el marco jurídico”, señaló el presidente de CUTA, Washington Melo.
Para Melo, obtener la licencia de internet para los cables del interior “es fundamental”. En diálogo con La Mañana, el presidente de CUTA advirtió que “el modelo de negocios que nosotros desarrollamos al día de hoy es un modelo que arrancó hace 30 años atrás y que está agotado en todo el mundo”.
Si bien la derogación del art. 56 de la vigente ley de medios –que impide a estas empresas brindar servicios de internet– forma parte del proyecto de ley sustitutivo que propuso el Poder Ejecutivo en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, el proyecto aún no logró los consensos en la coalición.
Más allá de que se siga discutiendo el proyecto de la nueva ley de medios, los legisladores cabildantes propusieron que en el proyecto de Rendición de Cuentas se incluya un artículo que autorice a los cableoperadores “a brindar servicios de banda ancha y acceso a internet mediante el empleo de sus redes propias, sin perjuicio de los acuerdos que pueda lograr con otros prestadores de servicios, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia de televisión para abonados”.
Entrevistado por el programa Mejor Hablar de M24, el senador Guillermo Domenech sostuvo que “la gente que puebla las pequeñas localidades del interior hace que el Uruguay esté presente en zonas muy alejadas de la capital. Entonces hay que hacer esfuerzos que pueden parecer pequeños, pero para esa gente es una mejoría muy importante”. “Por ejemplo Internet, tiene una importancia en materia educativa para seguir a distancia las clases, pero además en materia estrictamente económica anualmente todos los productores tienen que hacer una declaración y se hace por Internet”, añadió.
“El cliente tiene derecho a tener opciones”
El artículo adicional, que no prosperó en Diputados y vuelve a discutirse en el Senado, pretende delimitar la habilitación, para que en una primera etapa sean las empresas de cable del interior las que puedan empezar a brindar esos servicios antes de que se habiliten las licencias para grandes empresas como Direct TV.
Melo aseveró que el sistema satelital, “si se lo proponen, vos le das hoy la licencia y en un mes te están vendiendo internet; y nosotros eso no lo podemos hacer, tenemos que hacer un despliegue de las redes y tenemos que hacer acuerdos”. “Si a nosotros nos largan con las grandes empresas, más que darnos una posibilidad, nos están matando”, explicó el representante de los cableoperadores.
Además consideró que la apertura debería ser “gradual y ordenada” para que sea algo “efectivo”. “En definitiva, más allá de salvar a las empresas, a los puestos de trabajo y los más de 100 medios de comunicación del interior, lo que nosotros buscamos es poder seguir brindándole opciones a nuestros clientes”, sostuvo.
“Las empresas privadas existimos solamente si somos capaces de satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, explicó y agregó, “el cliente tiene derecho a tener opciones”. “Si lo que hay hoy es lo mejor del mundo, y bueno, lo seguirá siendo”, apuntó Melo; pero “si hay gente que está desconforme con algo, bueno, tiene la opción de contratar los servicios nuestros”, remarcó.
El presidente de CUTA aclaró: “Nosotros, lo único que estamos pidiendo es la licencia. Toda la inversión que haya que hacer es a riesgo del patrimonio de la empresa. No estamos pidiendo que se nos subsidie nada, ni que el Estado nos ayude con nada”.
“Cuanto más se retrase el tema de la posibilidad de la licencia más se agrava la situación nuestra”, advirtió. “Lo que hoy necesitamos es tener esa licencia para poder empezar a caminar en este negocio que para nosotros es nuevo”, porque después, hay que “rever qué modelo negocio vamos a armar, y ver las zonas donde tenemos que cablear”, indicó el representante de los cables del interior.
La competencia con el streaming y el problema de la piratería
El art. 56 de la vigente ley de medios estipula que “las incompatibilidades eran reciprocas”, recordó Melo. “Nosotros no podíamos vender internet, ni datos, y las compañías de telecomunicaciones no podían vender servicios de televisión para abonados, pero la tecnología le pasó por arriba a todo eso”, dado que la innovación siguió su “evolución natural” con la creación de nuevas plataformas de contenidos de Video Bajo Demanda (VOD, por sus siglas en inglés).
El presidente de CUTA explicó que actualmente los contenidos audiovisuales circulan directamente por internet “salteándose” la intermediación de los cableoperadores, lo que “vulneró” esa incompatibilidad, según Melo, debido a que por los servicios de streaming “vos tenés que pagar un abono”. Apuntó a que actualmente “las telefónicas no tienen ninguna restricción” para ofrecer esos servicios, pero “las que quedamos afuera de todo somos nosotros”, señaló.
“Está pasando que los que nos proveen los contenidos a nosotros, para que nosotros a su vez lo distribuyamos a los clientes, hoy están vendiendo directamente a través de internet a los clientes salteando la intermediación que hacemos nosotros; y a su vez, en el negocio que hacen con nosotros nos imponen condiciones de precio y contractuales que son realmente inadmisibles”, según Melo.
Esta situación, en la que el proveedor de contenido es también competidor, “nos ha generado un desequilibrio económico tal que, por un lado perdemos los abonados, porque van directo a ellos, y por otro lado, se nos aumentan los costos”, por lo que “la ecuación económica de los cables está al límite”, lamentó.
Otro elemento que complejiza la subsistencia de los cableoperadores es el problema de la piratería por internet. “La gente se va hacia la piratería y perdemos abonados por ese motivo, pero los contratos que tenemos por los contenidos los tenemos que seguir pagando”, dijo el presidente de CUTA.
Además, señaló que “a los únicos que afecta la piratería es a los distribuidores (…) Porque nosotros perdemos abonados, perdemos ingresos, pero tenemos que respetar los contratos”, cuestionó. Asimismo, Melo aseveró que “los únicos que han apoyado la lucha contra la piratería han sido las señales nacionales, y eventualmente alguna señal internacional… Al resto no les interesa”, indicó.
Polémica por gestión de derechos de autor y la existencia de Egeda
“Nosotros desde siempre pagamos por todos los conceptos de derechos de autor a la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu)”, motivo por el cual Melo entiende que no corresponde que la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) cobre derechos de autor por las obras.
Por resolución presidencial, el 12 de noviembre de 2007 se autorizó a Egeda a funcionar como entidad de gestión colectiva para la protección, defensa, gestión y representación de los intereses y derechos de los productores audiovisuales en el Uruguay. Pero para el representante de los cables del interior del país “fueron mal adjudicados por el anterior Consejo de Derechos de Autor”, debido a que Egeda “no ha podido demostrar los derechos que tienen sobre las obras”, apuntó.
“Si yo le compro los derechos a los canales de Montevideo y los paso por el cable, por qué tengo que pagarle, a su vez, un derecho (a Egeda) si ya contraté la obra… En todo caso lo que tiene que hacer Egeda es entenderse con Agadu, porque Agadu está cobrando por todo concepto de derecho de autor”, explicó Melo.
Para el presidente de CUTA, Egeda hace una “mala interpretación de la ley de derechos de autor”; entonces, “el proyecto de ley que presentó el senador Gandini clarifica algunos aspectos”, y Egeda “quedaría afuera de este negocio”, indicó.
El proyecto presentado por el legislador nacionalista Jorge Gandini, en diciembre del año pasado, precisamente, tenía la intención de desambiguar algunos aspectos de la ley de derechos de autor “para que quede claro cuál es el rol de estas entidades”, precisó Melo, que fue invitado a la Comisión de Educación y Cultura del Senado que trató el proyecto de ley, aunque el mismo no prosperó.
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