Por iniciativa del Poder Ejecutivo se incluyeron modificaciones al sistema de asignación de frecuencias radioeléctricas y cambios para el sector de las telecomunicaciones con la creación de un Fondo Universal. Senadores de Cabildo Abierto proponen incorporar un artículo que beneficiaría a cableoperadores del interior.
El proyecto de ley de Rendición de Cuentas se discutió en el Senado este miércoles 1° de setiembre. Tras un intenso debate que se extendió por varias jornadas, la Cámara de Representantes dio su aprobación el mediodía del viernes 20 de agosto con 55 votos de los diputados de la coalición de gobierno.
Entre las modificaciones previstas en la nueva ley de Rendición de Cuentas, los artículos 155 y 156 habilitan la posibilidad de que se autoricen operar a las radios comunitarias por diez años en el caso de que se conviertan en asociaciones civiles. A quienes se encuentren emitiendo actualmente con la modalidad de adjudicación por frecuencia compartida se les otorgará un “plazo improrrogable de dos años”, y transcurrido dicho lapso temporal “deberán cesar las emisiones”.
El art. 157 deja “sin efecto” la facultad del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) “en las adjudicaciones de frecuencias radioeléctricas para uso compartido” (modalidad utilizada mayoritariamente por las radios comunitarias) y las deriva al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). En tanto, el art. 158 prevé que el uso de los espacios compartidos podrá autorizarse “por el plazo máximo de un año, prorrogable por una única vez por el mismo período”, quitando la posibilidad de solicitar más de una prórroga que estipula la ley actual.
Los derechos y obligaciones de los radiodifusores comunitarios
Florencia Ferrer, asesora de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), argumentó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que desde 2007 cuando se promulgó la Ley n° 18.232 hasta ahora “ha habido algunos problemas en cuanto al seguimiento de estas frecuencias compartidas que están en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura”. “Algunas emisoras en modalidad de frecuencia compartida han dejado de trasmitir, otras no han solicitado prórrogas en los plazos reglamentarios y otras, si bien solicitaron prórroga, no hubo resolución al respecto”, señaló Ferrer.
Por ese motivo, “luego de realizar un estudio de las diferentes situaciones, el MIEM, conjuntamente con el MEC, estimaron oportuno que todos los servicios comunitarios, en sus distintas modalidades, sean competencia de la misma autoridad”, explicó. “Hoy por hoy el MEC, no tiene recursos materiales y humanos para llevar adelante esta tarea que es ardua porque es de actualización anual de estos permisos”. Por otro lado, “el MIEM, dentro de su diseño institucional, tiene a la Dinatel y a Servicios de Comunicación Audiovisual, bajo cuya órbita está toda la radiodifusión, tanto televisiva como sonora, comercial, pública y también comunitaria”, justificó la asesora.
“Entendemos importante que las autorizaciones de uso de todas las frecuencias comunitarias se realicen por la misma repartición y equiparar las obligaciones y derechos de todos los radiodifusores comunitarios”, sostuvo Ferrer. Esto también es motivado según la asesora “porque las frecuencias compartidas que están emitiendo actualmente y que han emitido como frecuencias compartidas, poseen toda la frecuencia asignada”. “Esta complejidad a la hora de administrar las frecuencias ha sido planteada por el sector en varias oportunidades y con esta modificación se pretende dar solución definitiva a esta situación”, aseveró.
En un comunicado publicado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-Uruguay) expresaron un gran malestar porque los art. 155 al 158 de la ley Rendición de Cuentas “borran de un plumazo más del 40% de las adjudicaciones a radios comunitarias, lo que significa una grave violación a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información de la sociedad uruguaya”.
Aseguran que son radios que tienen veinte años transmitiendo, que “cumplen un rol fundamental para su población, siendo en muchos casos la única radio que tienen”, y que, por la realidad de sus comunidades “no es posible sostener las exigencias de una personería jurídica o el uso completo de una frecuencia”.
La Coordinación por una Comunicación Democrática también expresó su preocupación por la presencia de artículos “potencialmente perjudiciales para el sector de radios comunitarias”. Entre otras cosas entienden que contradice lo establecido en esa la ley en cuanto a la obligación del Estado de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria como servicio no estatal de interés público.
Creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones
Los artículos 160 y 161 de la Rendición de Cuentas prevén la conformación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), con dineros públicos (el FUT será financiado, entre otros conceptos, por recursos producidos en subastas de espectro radioeléctrico que realice el Estado, por hasta un 5% de lo obtenido), “con el fin de garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e internet en todo el territorio nacional”.
El fondo será administrado por un comité de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). “La asignación de recursos del FUT se realizará mediante un procedimiento competitivo, abierto y transparente a fin de seleccionar a quién proveerá la infraestructura para llegar a las zonas que se determinen”, señala el texto. El beneficiado tendrá obligación de dar acceso a la infraestructura a “todos los operadores de servicios de voz y de transmisión de datos e internet que presten servicios en el país”.
Esta iniciativa reabrió el debate instalado respecto al arrendamiento de la infraestructura de Antel, discutido en la Ley de Urgente Consideración y que también es uno de los aspectos que se debate en torno a la nueva Ley de medios.
Tras la aprobación de los arts. 160 y 161 en diputados, la Mesa Ejecutiva del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) no demoró en expresar su descontento. Entienden que “este instrumento se utilizó en otros países donde la libre competencia y el libre mercado no dieron solución en el acceso a los servicios de telecomunicaciones”. “Rechazan” los artículos porque la finalidad sería “la entrega de la infraestructura de Antel a otros operadores multinacionales”.
Advierten que “dichos fondos generalmente se administran por los propios reguladores y se asignan a un operador para que, con esos recursos financieros, realice el despliegue de la infraestructura necesaria y brinde los servicios de telecomunicaciones en las zonas predeterminadas”. En general zonas aisladas o con escasa cobertura, que “no son rentables para operadores privados”, explican.
Por su parte, el director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, dijo a La Mañana que el FUT “no es necesario y resulta claramente contradictorio con las inversiones anunciadas por ANTEL (US$ 147 millones) para cubrir esa brecha de conectividad”. Señaló que si es solo para cubrir pequeñas localidades que aún no tienen servicio “no se entiende”, “salvo que haya otra intención detrás”, indicó.
Sobre la polémica instalada por la creación del FUT, Paganini explicó que “cuando uno está pensando en el acceso universal a las telecomunicaciones, se encuentra con zonas alejadas, de costosa llegada o que no tienen demasiada densidad de población que lo justifiquen desde el punto de vista empresarial o de negocios”. “A veces se justifica, porque tener mayor cobertura genera un diferencial de comunicación, pero si miramos el mapa del Uruguay, después de treinta años de telefonía celular, todavía encontramos zonas blancas, que no tienen llegada de ninguno de los operadores”, lamentó el secretario de Estado. La solución para esta situación ya fue inventada en el mundo, aseguró Paganini, “no es un invento nuestro”, agregó.
Cabildantes proponen que cableoperadores del interior transmitan datos
Los senadores de Cabildo Abierto tienen previsto incluir en el proyecto de Rendición de Cuentas un artículo que habilite a los cableoperadores del interior a transmitir datos. El anuncio lo realizó el senador Guido Manini Ríos tras la reunión de la Mesa Política del partido el pasado día jueves.
Según publicó El País, «para Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), este es “un problema que tiene que resolver la coalición” pero “cuanto antes”, dada la comprometida situación económica del sector. Y espera que así ocurra, ya que es “un compromiso de campaña” del presidente Luis Lacalle Pou».
“Nosotros tenemos un problema y es que necesitamos esa licencia. Hace más de 15 años que la venimos pidiendo y que nos la niegan sistemáticamente, cuando en el mundo la televisión por cable brinda también Internet hace más de 20 años”, dijo el empresario al medio.
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