El caso de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo, que llevó a su renuncia y la instalación de una Comisión Investigadora en el Parlamento, puso en primer plano la cuestión de la publicidad estatal y la financiación pública de medios de comunicación. A partir de ese momento surgieron varios pedidos de informes a ministerios y también para el acceso a la información contra la Presidencia de la Junta de Maldonado.
El año 2021 será recordado, entre otras cosas, por la renuncia del entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, a raíz de una confusa situación generada en la interna de la cartera y que puso sobre el tapete el tema de la financiación pública de la publicidad y los medios de comunicación.
Todo comenzó a descubrirse cuando el 16 de agosto el Poder Ejecutivo promulgó una resolución en la que se dispuso el cese de quien ejercía el cargo de director nacional del Mintur, Martín Pérez Banchero. Simultáneamente, el funcionario desplazado realizó sus descargos en una entrevista de prensa en la que aseguró que lo echaron por no querer firmar compras directas que incumplían las normas.
Al principio el presidente de la República respaldó al ministro, pero luego le exigió mayores explicaciones. Finalmente, Cardoso renunció y retomó su banca como Diputado por el Partido Colorado. En el Parlamento, el Frente Amplio promovió una comisión investigadora pero el legislador solicitó también investigar los diez años anteriores de gestión.
Entre setiembre y noviembre funcionó la Comisión. En el entendido de que había actitudes discrecionales, la coalición resolvió remitir todas las actuaciones (tanto de la gestión Cardoso como de Kechichián) a la Fiscalía para que se defina si hubo arbitrariedades o delitos.
La principal denuncia de Pérez Banchero tenía que ver con la compra directa para publicidad a la empresa Netcom (Satenil SA) por 40 millones de pesos por un año. El director manifestó su negativa para avanzar en esa compra que el ministro planteaba por vía de excepción, basado principalmente en un informe que recomendaba no realizar inversiones en publicidad por ese plazo, sino por temporada.
El otro tema que generó controversia estaba vinculado a la contratación de Kirma Services, una firma con sede en Estonia, con la cual se realizó un acuerdo por USD 280.000 por compra directa. Según la información que se conoció al respecto, se pidió que se transfiriera el dinero a un banco de Bélgica que no cumplía con criterios del Banco República para prevenir lavado de activos. Además, que el único contrato que se le conocía a esa firma era con una empresa paraguaya de juegos en línea, propiedad de Elbio Rodríguez, uno de los supuestos asesores de Cardoso.
Mayor control sobre la financiación de los medios
“Espero con ansias aún la respuesta de varios Ministerios, sobre el pedido de informes para saber cómo distribuyen la publicidad, una vez obtenidas las respuestas deberíamos trabajar por un mayor control sobre la financiación de los medios de comunicación”, escribió días atrás el diputado Sebastián Cal en su cuenta de Twitter.
El legislador de Cabildo Abierto por el departamento de Maldonado realizó el 1 de setiembre de 2021 varios pedidos de informes dirigidos a los distintos ministerios que integran el Poder Ejecutivo. La solicitud apuntaba a conocer los datos sobre gastos en “publicidad y promoción específicamente de contratos, órdenes de compra” así como otros “derivados de los referidos rubros”.
La información que se requiere se apoya en el marco de las políticas anunciadas sobre “racionalización de gastos y redistribución de recursos del Estado, así como el objetivo de ser transparentes con la población en cuanto al destino del dinero de los contribuyentes”.
A la fecha del cierre de esta edición de los 14 ministerios respondieron 7. Según consta en la web del Parlamento, las únicas respuestas que recibió el representante provinieron de los ministerios de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Seguridad Social y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Defensa Nacional, Transporte y Obras Públicas y el de Turismo. Mientras tanto, el de Industria, Energía y Minería pidió una prórroga.
“La financiación de un medio de prensa desde el poder puede ser tan perjudicial como recortar la libertad de prensa”, dijo Cal consultado por La Mañana. Agregó que lo dicho por el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, respecto a la financiación de las murgas, también puede aplicar para los medios. El jerarca departamental decidió dejar de financiar tablados en el carnaval y justificó diciendo que “no se pretende callar a nadie, solo que los espectáculos sean solventados por los espectadores”. “Cuando una murga la financia un gobierno, ¿tiene libertad de crítica?”, cuestionó Umpiérrez en una entrevista radial.
Apuntan contra la Junta Departamental de Maldonado
En diciembre pasado la Comisión Pre investigadora conformada en la Junta Departamental de Maldonado se expidió negativamente sobre la posibilidad de investigar los supuestos gastos por casi medio millón de dólares en publicidad por parte de la Presidencia de la Junta en el último año.
No obstante, paralelamente la bancada de ediles del Frente Amplio de Maldonado presentó ante la Justicia una demanda de acceso a la información pública contra la Junta Departamental por los gastos realizados en pautas publicitarias en distintos medios de comunicación. El Juzgado de 6º turno ordenó a la Junta brindar la documentación completa sobre esos gastos antes del 8 de enero.
Según se informó en estos días, finalmente se dio a conocer la documentación solicitada. El edil Joaquín Garlo del FA, en entrevista radial con Aspen FM dijo que se “confirmó lo que nosotros sospechábamos desde un principio: no hay documentación oficial que acredite las pautas publicitarias contratadas por el Legislativo Departamental, por un monto total aproximado al medio millón de dólares”.
“Hay un caso de responsabilidad política”, agregó Garlo y manifestó que, si bien la bancada del FA no ha tomado una decisión sobre los pasos a seguir, se evalúan acciones luego que se estudie pormenorizadamente toda la información. “No hay que descartar ninguna acción concreta”, subrayó.
La prensa del interior y la publicidad oficial
Semanas atrás La Mañana informaba sobre el reclamo de medios del interior para que se cumpla con el reparto de la publicidad oficial. Concretamente con el 20% de publicidad estatal que prevé el artículo 774 de la Ley de Presupuesto Quinquenal aprobada en diciembre de 2020. Su reglamentación se presentó el 30 de junio en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, pero aún no fue confirmada por el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el 28 de julio, la Organización de Prensa del Interior emitió una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Economía y Finanzas, exigiendo la presentación de un detalle de los gastos en publicidad ejecutados en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, que especifique en qué porcentajes fue destinado a medios del interior, tal como lo prevé la nueva norma. Sin embargo, el ministerio solo brindó información global de los ejercicios referidos
TE PUEDE INTERESAR
