En algunos CAIF se paga por mayor cantidad de niños de los que asisten y se han comprobado irregularidades en convenios que pasaron a la Justicia. Consultado por La Mañana, el vicepresidente de INAU, Aldo Velázquez, habló sobre la dificultad para impulsar temas de gestión y los motivos de su negativa a votar la renovación de un préstamo del BID.
Hace cerca de un año y medio asumieron las actuales autoridades del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Pablo Abdala (Partido Nacional) como presidente, Aldo Velázquez (Cabildo Abierto) en la vicepresidencia y Natalia Argenzio (Frente Amplio) completando el directorio.
En diálogo con La Mañana, Velázquez señaló que por más que siempre se llega a consensos, no siempre se coincide en las posturas. “En temas de gestión me ha sido difícil impulsar un montón de cosas, han salido, pero han costado muchísimo”, indicó. Considera que el organigrama del Inau es «muy intrincado» y «poco práctico» para gestionar una institución de casi 5000 funcionarios y 17.000 colaboradores en convenios.
Para el director del instituto en lo que va del período se han podido comprobar algunas irregularidades, fundamentalmente en materia de gestión, que se arrastraban de administraciones anteriores. A través de auditorías internas de gestión han encontrado varias asociaciones civiles con faltantes de dinero. “No hemos comprobado aún que se lo hayan quedado, pero no han rendido algunas cifras millonarias y por eso se ha pasado a la Justicia”, dijo. Además, se solicitó una auditoría sobre todo del área de arquitectura de INAU.
Por otra parte, se creó un área de control de convenios teniendo en cuenta que el presupuesto es de US$ 400 millones y la mitad de ese monto se destina al pago de esos convenios de asociaciones civiles privadas. “En el INAU, en general, hay pocos controles, pero el sector de convenios se estaba llevando la mitad del presupuesto y hay que controlar”, afirmó Velázquez.
El INAU tiene cerca de 1.000 convenios con asociaciones civiles, con pagos que van desde $300.000 mensuales hasta más de un millón y, algunas pocas, de dos, tres y cuatro millones de pesos por mes. Van desde cooperativas que se formaron puntualmente hasta asociaciones grandes como Aldeas Infantiles.
“Existen asociaciones que trabajan muy bien, y otras que no. Lo que sí es general es la falta de control desde el INAU. El control que existe es más un acompañamiento de los supervisores que una revisión de los recursos. Sí hay un poco más de control en el área técnica en cuanto a trabajo con los niños”, reconoció el vicepresidente.
Algunos CAIF casi vacíos
INAU no tiene un sistema en el que se registre la asistencia de los niños a los centros CAIF, hecho que se ha tornado un problema ya que, en ocasiones, las autoridades recorren las instalaciones y las encuentran vacías. “Nos ha pasado que más de una vez no hay niños; se paga por 50 y al llegar siempre hay 10, o dos o tres”, explicó el entrevistado.
En cuanto a los CAIF, se ha estado trabajando con la OPP, esperando aprobar cambios en materia tecnológica. “Se da a raíz de la inversión en primera infancia, de US$ 150 millones, de los que US$ 85 millones son para INAU. Estamos definiendo cómo se distribuirá se dinero eficientemente para ampliar la cobertura”, aclaró.
Velázquez dijo también que se tiene una georreferenciación de todos los niños que no asisten a CAIF, de los quintiles más bajos y que existen lugares donde se podrían poner centros CAIF, pero se tienen otros vacíos, con niños anotados pero que no asisten. “Entonces mi prioridad son las fronteras, como Salto, Paysandú, Artigas, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha, porque hay mucha necesidad en esos departamentos y es una forma de contener la migración a la ciudad”.
La georreferenciación indica que en Casavalle se necesitan cinco CAIF más, sin embargo, hay uno en el que se anotaron más de 200 niños y solo van 100. “Sería un riesgo muy grande construir gastando entre US$ 600.000 y US$ 800.000 en cada uno y que después estén vacíos”, expresó el vicepresidente.
Por otra parte, actualmente se está promoviendo la capacitación de personal a través de UNIT, así como la modernización tecnológica. Sin embargo, aún no se ha podido aprobar por más que se tuvo el presupuesto para hacerlo. “Lo perdimos el año pasado porque no me lo aprobaron y el presidente lo aplazó por no comprender bien todavía su instrumentación y beneficios”, explicó Velázquez.
Polémica por préstamo del BID
Existe una prórroga de un préstamo del BID de US$ 17 millones que se otorgó al INAU, del cual la mitad es para consultoría y capacitaciones, y una parte menor para infraestructura.
Velázquez no votó el préstamo en el directorio, entre otros motivos, por la celeridad con la que se trató y porque se utilizará para la contratación de 40 consultores que brindarán capacitaciones en el marco del proyecto de paternalidades comprometidas, con un fuerte componente de género en las familias.
La propuesta del vicepresidente es que, en lugar de contratar a esos 40 consultores, se contraten 40 psicólogos para hacer psicoterapia a los niños. «El INAU está lleno de psicólogos, pero no le hacen tratamientos a los niños, hacen informes, proyectos, pero no psicoterapia, y es algo que deben tener”, puntualizó.
Explicó que se tuvo que hacer una planificación para ver en qué se gastaría ese préstamo y todo fue en una semana, de manera muy rápida, “a lo loco”, motivo por el que no votó afirmativamente. “Es un montón de dinero que significa deuda externa para el país y me parece que se va a mal utilizar”, opinó.
Todavía no se empezó a ejecutar el préstamo porque es preciso votar cada línea que se disponga. Una de ellas es la contratación de 40 consultores que brinden asesoramiento en materia de género, por ejemplo, a las familias adoptantes. “Así como no voté la renovación del préstamo, no creo que vote todos los elementos futuros”, dijo.
El camino hacia adopciones más ágiles
En los artículos 403 al 406, la ley de urgente consideración (LUC) introdujo algunos cambios al régimen de adopciones mediante modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), con el fin de agilizar los trámites de adopción. Estas disposiciones establecen una reducción del período que dispone el INAU para valorar a las familias que buscan adoptar y unifican en un solo proceso judicial la instancia de separación definitiva de la familia biológica y de la adopción plena.
La potestad del juez de prescindir de los servicios de INAU para evaluación ya se está implementando. Respecto a los plazos que establece la ley para adopciones, el entrevistado dijo que se ha estado trabajando todo este año y medio y la directora de adopciones –que es una de las redactoras de esos artículos de la LUC–, ha llegado a un plazo de 22 meses en la valoración.
“Cuando asumimos, el plazo estaba en cuatro o cinco años. La LUC establece que sean 18 meses, y creemos que en marzo o abril ya estaremos en ese tiempo de valoración de las familias”, explicó Velázquez.
Agregó que una vez que se valora a una familia, esta queda en el registro y se comienza a analizar a los niños que están en condición de ser adoptados para evaluar a qué familia pueden ir. “La mayoría de las familias quieren adoptar bebés, pero otras, por ejemplo, están dispuestas a adoptar niños con discapacidad y a esas se les da prioridad en la valoración, acelerando el proceso”, informó.
Otro tema que interesa es el de las adicciones. INAU tiene muy pocos proyectos para rehabilitación y busca crear nuevos. “Constantemente tenemos padres golpeando las puertas por no saber qué hacer con un hijo, pero los cupos que tenemos son muy pocos. Esto también impacta en los niños de los hogares; un gran porcentaje llegan debido al consumo problemático de su padre o madre”, informó Velázquez.
Considera que en algún momento debe crearse un plan de emergencia para el tema de las adicciones y que debería tener muchísimos centros de rehabilitación que le den otra oportunidad a los adolescentes en esa situación. “Estoy convencido que la única forma de salir de las adicciones es con tratamientos prolongados e internación”, señaló.
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