En la obra del escritor norteamericano John Kennedy Toole La conjura de los necios, su protagonista, Ignatius J. Reilly, un intelectual anacrónico que escribe en la soledad de su habitación cientos de cuadernos en los que plasma su visión del mundo, añora frente al pesimismo del mundo moderno –al igual que una suerte de Alonso Quijano del siglo XX– el modo de vida medieval. Tengamos en cuenta que la sociedad medieval que añoraba Reilly era la sociedad comunitaria en la que cada uno ocupaba un lugar de acuerdo a sus capacidades y dotes naturales y espirituales. Sin embargo, Ignatius se ve obligado a salir al mundo real y buscar un empleo, lo que le significa una confirmación del divorcio que hay entre el intelectual y la sociedad moderna. No obstante, más allá de las hilarantes anécdotas del protagonista, el trasfondo de la obra es una crítica del lugar que ocupa el pensamiento filosófico, religioso y espiritual dentro la sociedad de mercado. A la vez que muestra de un modo extremo –tal como lo sugiere el título de la obra– esa tensión que se fue generando en la sociedad moderna entre el consumo y el trabajo, por un lado, y la cultura y espiritualidad, por otro.
Con todas las distancias que pueda haber entre un relato de ficción y la realidad, en nuestro país parece estar sucediendo algo similar –desde hace décadas– y un síntoma de este trastorno es lo que está sucediendo con la Caja de los Profesionales, la cual se encuentra casi al borde del default. Y para colmo de males, el proyecto de salvataje que presentó el Poder Ejecutivo grava aún más la actividad profesional. Pues como bien señalaba hacía unos días el portavoz del Colegio de Abogados, el proyecto de ley sobre la reforma de la Cjppu que presentó el Ejecutivo es sensiblemente gravoso para los aportantes activos y pasivos. Además, es preocupante para el Colegio, en otro sentido, puesto que puede generar una falta de estímulo para el estudio de carreras universitarias.
¿Cómo puede ser que se haya llegado a una situación tan extrema y urgente sin que se hayan tomado medidas racionales al respecto? Sobre todo, teniendo en cuenta que un país que busca crecer y desarrollarse debería cuidar y proteger su capital humano.
Recordemos que la Caja de Profesionales Universitarios como sistema destinado a atender las necesidades previsionales de los profesionales fue creada por la Ley 12.128 en el año 1954, por iniciativa de un conjunto de egresados de la Universidad de la República. No obstante, el ejercicio profesional ha cambiado, y cada vez son menos los profesionales que trabajan en forma independiente. De forma que los que se afilian a la caja son los que hacen ejercicio libre y los profesionales dependientes aportan al BPS.
Hay que entender que la Caja de Profesionales Universitarios se basa en un sistema de “solidaridad intergeneracional”, esto quiere decir que el dinero que los profesionales hoy aportan es para pagar a los jubilados de hoy, y no se guarda o invierte para las jubilaciones futuras. Estamos frente a un esquema Ponzi –diría Felipe Caorsi–. Puesto que la quiebra de la caja se da porque año tras año entra menos dinero del que sale, nada tienen que ver los sueldos altos de los directores o las malas administraciones. Solo se sostendría si año tras año desciende la cantidad de jubilados y sube la cantidad de profesionales que aportan.
Al cierre del año pasado, la Caja contaba con 173.748 profesionales registrados. De ese total, el 63% presentó declaraciones de no ejercicio y el 37% se declaró en actividad. Entonces, ¿qué lectura podemos hacer de que haya 110.000 profesionales en no ejercicio? Según Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores, en entrevista para esta edición de La Mañana: “Este es el principal problema, que se genera a partir de la posibilidad de ejercer la profesión como dependiente sin aportar a la Caja Profesional. Esto se dejó crecer y termina con esta situación que refleja la falla del pilar fundamental, que es el de la solidaridad entre todos los profesionales, más allá de la forma de ejercicio”.
Es por eso que el Colegio de Contadores presentó una propuesta que consiste en que de estos 110.000, los que aportan al BPS y a la AFAP, de su aporte a la AFAP se destine lo mismo que la cuota de la primera categoría mensualmente a la caja. Esto –expresó Freire– alcanzaría a los mayores remunerados (más de $ 140.000 nominales aproximadamente) y con una cuota mensual de $ 6500 tendrán los derechos que da la caja a jubilarse y a facturar como profesionales independientes.
De forma que si el sistema político deja esa suerte de terquedad que consiste en no escuchar a las partes involucradas –que son los protagonistas de la situación a resolver– cada vez que se va a legislar sobre un asunto bien concreto, podría probablemente encontrar más rápido una salida efectiva.
No hay que olvidar el valor que tienen los profesionales dentro de una sociedad, no solo desempeñándose en el ejercicio de sus profesiones particulares, como pueden ser médicos, dentistas, escribanos, ingenieros agrónomos, sino también como investigadores, o sea generando I+D (innovación más desarrollo).
En esa línea, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) presentó la “Evaluación de impacto de INIA en los últimos 20 años”, un estudio efectuado por un equipo consultor internacional independiente y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La conclusión a la que se arribó fue que “INIA ha sido un motor clave del desarrollo agropecuario en Uruguay, con una inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) altamente rentable”. Y como bien había expresado para La Mañana Miguel Sierra, presidente del INIA: “Cada dólar invertido en INIA retorna a la sociedad”.
El análisis de costo-beneficio muestra que la tasa interna de retorno modificada (TIRM) de la inversión en I+D+i del INIA varía entre el 18% y el 25% anual, dependiendo de los modelos aplicados. Esto confirma que el financiamiento en investigación agropecuaria es altamente rentable y contribuye a la competitividad del sector agropecuario. Este resultado obtenido es comparable con el de institutos de relevancia para la ciencia agropecuaria a nivel internacional, como el Instituto Nacional de Investigación sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia; el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña, y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile.
Algunos ejemplos del estudio reflejan la aplicación práctica de la investigación del INIA en diferentes sistemas productivos:
-Variedad INIA Merín (arroz): incremento del 20% en el rendimiento por hectárea, con el 84% de los productores adoptando la variedad.
-Diagnóstico de Actividad Ovárica (DAO) en ganadería: aumento de 6 puntos en la tasa de preñez.
-Manejo Regional de Plagas en Fruticultura: reducción del 50% en el uso de insecticidas, mejorando la rentabilidad y sostenibilidad.
-Pastoreo 3R en lechería: mayor eficiencia en el uso de recursos forrajeros, con adopción creciente por parte de los productores.
Así, la formación universitaria en este país no solo genera conocimiento, sino que también es una parte fundamental del motor de crecimiento. Y además de ser una fuente inagotable de recursos humanos para el Estado y la sociedad en general, también es una forma efectiva de ascenso y movilidad social para la ciudadanía que quiera progresar en su vida a través de los estudios.
Según una investigación del Instituto de Economía titulado “Retornos económicos a la formación universitaria: un análisis de ingresos laborales en Uruguay” muestra que, a pesar del aumento en la oferta de graduados, los retornos económicos asociados al título universitario han mostrado una tendencia al alza hasta 2012, estabilizándose desde entonces en un 40% en promedio. Esto significa que un egresado universitario gana, en promedio, un 40% más que alguien con secundaria completa, una brecha que se amplía al 120% cuando se compara con quienes solo tienen educación primaria.
Lamentablemente, tal como decíamos al principio citando a La conjura de los necios, se ha esparcido en algunos segmentos de nuestra sociedad la idea de que estudiar una carrera no tiene validez en la sociedad actual, lo que demuestra que vamos a contrapelo no del mundo desarrollado, sino de algunos países de la región como pueden ser Brasil o Chile. Porque como bien dijo Julio de Brun en una entrevista que le hicimos en este medio hace un tiempo atrás, en este país se grava el capital humano a través del IRPF. Y si, además, este gobierno termina por aprobar este proyecto de salvataje, el peso de ser un profesional en Uruguay sería un absurdo.
TE PUEDE INTERESAR:
