En julio no habrá fondos para pagar las jubilaciones y crece la incertidumbre sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). Según su vicepresidenta, Virginia Romero, la crisis responde a cambios en el ejercicio profesional y a un fuerte desbalance entre los bajos aportes y las altas jubilaciones. En entrevista con La Mañana, criticó el proyecto del Poder Ejecutivo al considerar que carece de datos y plantea soluciones inadecuadas.
¿Cuáles son las principales causas que han llevado a esta crisis de la Caja de Profesionales?
Esto es multifactorial. Una de las causas son los cambios en el ejercicio profesional. Cuando se fundó la caja, en el año 54, el ejercicio profesional era muy diferente y solo se amparaban las profesiones tradicionales. Desde 1954 hasta hoy, el ejercicio profesional ha cambiado, y cada vez son menos los profesionales que trabajan en forma independiente. Entonces, los que se afilian a la caja son los que hacen ejercicio libre y los profesionales dependientes aportan al BPS –es una opción de muchos jóvenes trabajar en relación de dependencia–. A su vez, los que se afilian y aportan han optado en muchos casos por las primeras categorías y no avanzan en la escala de 10 categorías. Y quienes comenzaron su carrera trabajando de forma independiente han ido avanzando una categoría cada tres años, hasta alcanzar la categoría 10. Entonces, en este momento los que se están jubilando tienen generados sus aportes por categorías altas y categoría 10 y se jubilan con esos sueldos básicos jubilatorios, al tiempo que casi el 70% de los afiliados que están en ejercicio pagan en las categorías más bajas. Hoy una jubilación de categoría 10 ronda los $ 80.000 o más. Y, sin embargo, casi todo el colectivo está pagando en las primeras categorías que no llegan a $ 10.000. De ahí viene el desbalance. El instituto sabía desde hace 15 años que esto se estaba produciendo, pero nunca se tomaron las medidas para que se ajustaran los parámetros y hubiera alguna reforma. No se hizo nada.
¿Cuáles son los mayores desafíos financieros y estructurales que enfrenta la institución?
Adecuar los ingresos con los egresos, porque cada vez tenemos más jubilados y menos gente que aporta. La forma de equilibrar todo esto es justamente buscar un balance en que todos los involucrados contribuyan a la sustentabilidad del sistema. ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Aunque suene tétrico, cuando las personas que hoy están aportando en las escalas más bajas se empiecen a jubilar y todos los que están jubilados con categoría 10 desaparezcan. Ahí va a haber un balance con solidaridad intergeneracional.
El director suplente de la institución, Gustavo Grecco, dijo meses atrás que es inminente “la explosión” de la caja. ¿Qué opinión le merece?
Es lo que va a pasar en julio, ya no va a haber para pagar las pasividades. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa es la gran incertidumbre.
El proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la caja ha sido rechazado por el directorio. ¿Por qué no sería suficiente para resolver los problemas actuales?
Nosotros no tenemos un solo cálculo actuarial ni financiero de cómo estas medidas van a impactar. Lo rechazamos porque nadie nos mostró que aumentando el 22,5% la tasa de los activos, la recaudación va a ser tanto; que poniendo esto para la tasa de contribución pecuniaria, el dinero de los pasivos va a ser tanto. Sin tener un solo número es imposible que uno emita opinión.
Después, hay muchas cosas que no compartimos. La solución que plantearon de dar $ 110 millones mensuales, no sabemos en qué momento lo van a hacer. La pregunta es, ¿esos 110 millones son lo que se necesita para cubrir el déficit de julio, de agosto, de setiembre? ¿Esto es suficiente? ¿Cuándo lo van a dar? ¿Cuánto estiman que vamos a cobrar? El aumento del 22,5% en la tasa de los afiliados creemos que va a ser negativo. Porque la gente ni siquiera va a pagar lo que venía pagando. No es que todos los que están van a pagar. La gente va a tener morosidad, se bajará de categoría, no pagará, o incluso podría desvincularse del sistema definitivamente. O sea, para el voluntario es muy difícil sostener de repente un aumento siendo que tiene otra aportación. Para el que está en actividad es un aumento importantísimo. Y si el comportamiento de los afiliados es diferente a lo que previeron, ¿nos van a dar el dinero que nos falte?
Pero el Estado tiene el deber de asistir si la caja se queda sin recursos. ¿Eso les da cierta tranquilidad?
Eso está estipulado en el artículo 67 de la Constitución, pero si no tienen ley, no lo pueden hacer. Y el Estado no puede dar el dinero que le falta a la caja con esta ley. Porque esta ley no dice: “Le vamos a dar a la caja lo que precise hasta que se vea cómo se comporta la masa de afiliados”.
El otro punto que nosotros no aceptamos es la convergencia de regímenes propuesta. Por la Ley 20.130, después de 2032 todos tendrán el mismo régimen jubilatorio. Pero nos quitaron cinco años, porque pretenden que tengamos el mismo régimen jubilatorio a partir de 2027. Esa es una medida que hoy no tiene ningún impacto. Nosotros necesitamos dinero hoy. En el 2032 ya se verá qué es lo que pasa. Y lo que ocurre es que las personas afectadas por esto van a perder derechos.
A su vez, la tasa de contribución pecuniaria de los pasivos es igual a la de la Caja Bancaria. Cuando propusimos la ley, que terminó fracasando, distinguíamos jubilados de pensionistas. Acá son todos iguales y más altos que lo que nosotros propusimos. Entonces, también estamos en desacuerdo porque en definitiva se trata de los jubilados. En el directorio no hay unanimidad en esto.
¿Cuál es su opinión personal?
Yo considero que todos tienen que aportar, activos, pasivos, del artículo 71, de los timbres y el Estado, cada uno en una proporción. No es que todo lo pague el Estado ni que todo lo pague la caja. Los activos también ya tuvimos un aumento de la aportación. Creemos que la tasa de contribución tiene que ser de otro valor un poco menor.
Y, por último, el artículo 71, los timbres. Nosotros siempre hemos reivindicado que los timbres tienen que ajustarse por la misma base de cálculo por la que se ajustan los egresos. Tenemos ingresos que se ajustan por Índice de Precios del Consumo (IPC), los timbres, y egresos que se ajustan por Índice Medio de Salarios (IMS). El IPC ha sido muy bajo con respecto al IMS y hemos tenido un importantísimo descalce. Lo único que pretendemos es que nuestros ingresos se ajusten por la misma variación que los egresos. Y acá vuelven a meter el IPC, que nosotros no queremos que esté. Y, a su vez, queremos una pequeña recuperación por el gran descalce que ha habido.
Nosotros presentamos todas nuestras propuestas y otras demandas históricas, como la jubilación por edad avanzada que nos quitaron, que no la incluyeron en este articulado y es algo particularmente importante en la caja. Y nos han derogado algunos artículos de la incompatibilidad de la actividad que quizás en otros institutos pueda no entenderse, pero en nuestro caso es muy común que la persona tenga actividad dependiente y alternativamente en su historia laboral haya tenido actividad independiente, haya facturado. Entonces, es incompatible jubilarse por la caja si vos seguís con una actividad dependiente por la misma profesión. Por ejemplo, yo no me podría jubilar por la caja como contadora y seguir trabajando en una empresa o en mi estudio como contadora, porque lo que nosotros amparamos es el ejercicio profesional. Y esas cosas nos las han derogado. Eso es por desconocimiento de que una persona no puede jubilarse y continuar en el ejercicio profesional en cualquiera de las otras cajas.
