Tras el concordato preventivo que solicitó Casa de Galicia, el Gobierno decretó su intervención con gerenciamiento. En lo inmediato debe asegurarse que la institución se mantenga a flote, sin fusiones ni despidos. No obstante, el problema estructural financiero de fondo del sistema tiene que ser encarado con seriedad y responsabilidad.
Hace casi un año, cuando todavía no había llegado a nuestro país la peor ola del covid-19, señalábamos en estas páginas que el sistema de salud estaba respondiendo muy bien al desafío de la pandemia.
Hoy es posible confirmar esa valoración, luego de haberse evitado el colapso de los CTI –como no sucedió en otros países desarrollados-, garantizado los tratamientos oncológicos y las cirugías de urgencia o los medicamentos de alto costo prescritos por el Fondo Nacional de Recursos. Pero sobre todas las evidencias, por el despliegue a nivel nacional de un exitoso plan de vacunación que pone a Uruguay a la vanguardia mundial.
La transversalidad en el manejo de la pandemia y no haber caído en la falsa dicotomía entre salud y economía, resultaron factores claves para este éxito, bajo la idea rectora de la libertad responsable. El compromiso demostrado por las autoridades y el personal de la salud en todos los niveles han sido dignos de elogio dentro y fuera de fronteras.
Sin embargo, también en aquel mes de noviembre de 2020 advertíamos que había señales de alerta sobre la solidez económica y financiera del sistema de salud. Sostuvimos entonces que el problema se arrastraba desde tiempos lejanos y podía agudizarse por la situación del covid-19.
Con la reforma impulsada por el Frente Amplio el sistema mutual pasó a ser privado solo de nombre, con sus ingresos mayormente controlados por el Estado, con restricciones y regulaciones en su operación y con costos de personal inflexibles. Durante las administraciones progresistas solo se atinó a ‘tapar agujeros’ sin hacerse cargo de las pérdidas del sistema sino habilitando endeudamiento, sin llegar a una solución efectiva.
El gobierno de la coalición republicana estableció en el Compromiso por el País reducir la brecha entre los principios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y su funcionamiento real, reconociendo la existencia de un problema. La emergencia sanitaria decretada al inicio de la gestión previsiblemente alteró los objetivos iniciales. El ministro Daniel Salinas desde entonces se dedicó 24×7 al combate contra el coronavirus y el Ministerio de Economía tuvo que adoptar medidas excepcionales para sostener el empleo, dejando en un segundo plano la meta de reducir el déficit fiscal.
Cuando se discutió el Presupuesto Quinquenal en 2020 observamos con preocupación la postura del equipo económico de proponer un límite de 60% al endeudamiento de las entidades de salud en pleno desafío de la pandemia. Finalmente, el tope se estableció en 70%. Casi simultáneamente el Fondo Monetario Internacional publicaba un informe donde fijaba como prioritario asegurar el financiamiento de los sistemas de salud, incluidas las inversiones en infraestructura.
En la comisión parlamentaria, el senador Guido Manini Ríos fue el único legislador que se interesó por el estado del sistema mutual y de los prestadores en general. Durante la comparecencia de las autoridades de la salud, al consultarles sobre la salud financiera la respuesta del entonces presidente de la Junta Nacional de la Salud (Junasa) fue que el sector mutual constituye «el eje del sistema» evidenciando «un nivel de aceptación muy importante por parte de la población». Seguidamente, el jerarca alertó por la situación de «tres o cuatro instituciones» que «reúnen una infraestructura muy importante que el sistema de salud del Uruguay no puede dejar de tener en funcionamiento» y de los niveles de endeudamiento que parecían insostenibles en el mediano plazo.
La Junasa fue creada por la ley 18.211 del año 2007. Es un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pública que tiene como visión «administrar el Seguro Nacional de Salud orientado por los principios del SNIS». La asesoría económica de la Junasa así como la Asesoría Marcoeconómica del Ministerio de Economía tienen en este sentido una importante función de seguimiento en lo que respecta a la situación financiera del sistema mutual.
Debería ser intuitivo que si a un sistema económico rígido como es el mutual –con ingresos y costos controlados por el Estado- se le agrega una restricción financiera como la incluida en la ley de presupuesto, la probabilidad de una crisis aumenta, no disminuye. Los problemas económicos se resuelven con medidas económicas: aumentos en los ingresos o reducciones en los costos. Los problemas de financiamiento se resuelven con fondos frescos. En este caso parecería haberse actuado al revés, imponiendo una rigidez financiera sin antes resolver el problema económico de fondo.
En busca de soluciones
En virtud de lo anterior, lo que está ocurriendo con Casa de Galicia es lamentablemente la crónica de una muerte anunciada. El hilo se rompió por lo más fino y ante la inminente cesación de pagos, la directiva de la mutualista solicitó un concordato preventivo. Lo que nos lleva a la reflexión de si no era función de la Junasa evitar situaciones de este tipo, especialmente cuando la misma es integrada por dos integrantes del equipo económico, uno representando al MEF y otro al BPS.
El daño ahora está hecho y lo importante es cortar con la incertidumbre. Para eso es importante que la Junasa se maneje con profesionalidad y transparencia, divulgando públicamente su diagnóstico de la situación de Casa de Galicia. Esto permitirá que las autoridades de gobierno tomen decisiones con información certera y compartida con la ciudadanía, lo que ofrece la legitimidad necesaria de cualquier decisión.
Este martes por la noche se informaba sobre una ‘intervención para hacer un gerenciamiento’ de Casa de Galicia, a través de un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y sus ministros.
En declaraciones a Subrayado, el senador Manini Ríos consideró que «la palabra liquidación de la mutualista no la ha dicho nunca el Ministerio de Salud Pública, no está en los planes del Ministerio. Sí la intervención para hacer un gerenciamiento, una administración que dé las garantías para poder continuar recibiendo el apoyo financiero necesario para que la institución pueda recuperarse de su situación complicada».
Más temprano, en su audición de Radio Oriental, el líder de Cabildo Abierto señaló que «las autoridades del Ministerio de Economía han sido bien claras que en este tema hay que tener todos los recaudos necesarios de cumplimiento de las metas asignadas. Mientras eso no se garantice, indudablemente que no se puede seguir desembolsando indefinidamente dinero, o dando garantías para esos desembolsos, que a la larga termina siendo lo mismo. No se lo puede seguir haciendo porque lo que está en juego aquí es el dinero de todos los uruguayos”.
«Una vez más el Ministro de Salud Pública, ha demostrado seriedad y responsabilidad», afirmó Manini Ríos. «Eso es lo que se está buscando con las medidas que se están tomando, asegurar la continuidad de la institución, la atención de sus socios y contemplar la situación de sus funcionarios», concluyó.
La Federación Uruguaya de la Salud convocó para este jueves un paro con movilización a nivel nacional. Su secretario general, Jorge Bermúdez, dijo en entrevista con El Espectador que «esta es una situación de carácter estructural que requiere, pensando en una pos-pandemia, una reestructura en los servicios de salud».
¿Será el momento de plantear seriamente una segunda reforma de la salud que haga viable el sistema? ¿Se ponderará la importancia del sistema mutual con sus casi dos millones de afiliados y su larga tradición en el país? ¿Y su fundamental aporte en la lucha contra la pandemia con la rápida provisión de camas de CTI?
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