Existen varias formas de estimular una economía. Los partidos más conservadores tienden a favorecer la baja de impuestos y la reducción de ciertas regulaciones. Por el contrario, los partidos progresistas tienden a favorecer una expansión del gasto público como forma de estimular los ingresos de los trabajadores y así la demanda de consumo.
El progresismo vernáculo, siguiendo el evangelio astorista, logró distorsionar hasta este simple esquema. El exministro, junto a su tropel de asesores, implementó una mezcla clásica de aumentos en el gasto público y los impuestos con selectivas exenciones fiscales.
Es así que estos recientes conversos al capitalismo instauraron la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, comúnmente conocida como COMAP. Este organismo, como en otros tiempos, pasó a autorizar millonarias exenciones fiscales para aquellos que justificaran estar invirtiendo en el país.
En la superficie podría parecer una buena idea, aunque siempre quedó la duda de por qué no se generalizaba el beneficio a todo aquel que invirtiera. Con el paso del tiempo fue quedando claro que esta era una instancia más para que el Estado ejerciera una poco saludable discrecionalidad, que a muchos uruguayos hizo recordar al Contralor de Exportaciones e Importaciones.
Para recibir los beneficios fiscales, las empresas debían presentar como mínimo un proyecto de inversión, para lo cual inevitablemente debían contratar consultorías especializadas. Pero en la COMAP participaban varios ministerios y cada uno de ellos analizaba desde su propio punto de vista el proyecto en cuestión. Esto multiplicó las oportunidades de consultorías, por lo que rápidamente las empresas se encontraban navegando en una nube de dependencias públicas, consultores, asesores y expertos de una y otra cosa. El Uruguay transparente.
Muchas veces esa infraestructura de asesores permitía también canalizar créditos del banco estatal, o incluso garantías del mismo Ministerio de Economía, como fue el caso de la deuda contraída por la Pluna de Campiani.
Una vez que el proyecto lograba ser financiado por el banco estatal, se le sugería a la empresa que contratara asesores para hacer el “seguimiento” del proyecto. Si el proyecto no resultaba exitoso y era necesario reestructurar la deuda, aparecían los consultores de vuelta. El Estado pagaba la cuenta, a través de los beneficios fiscales o mediante los créditos que se obtenían.
Llegará el día en que alguien se tome el tiempo de calcular la magnitud de fondos públicos que terminaron en manos de estos modernos sucesores de las gestorías del Contralor de Importaciones y Exportaciones.
Pareciera que nuestro país no hubiera aprendido la lección, no logrando distinguir entre la producción genuina de riqueza y la distribución de rentas por parte del Estado.
La profesora Anne Krueger lo explicó muy claramente al inicio de su seminal trabajo sobre el tema publicado en 1974: “En muchas economías de mercado, las restricciones gubernamentales a la actividad económica se convierten en distorsiones generalizadas y omnipresentes. Estas restricciones dan lugar a rentas que asumen una variedad de formas, y los agentes a menudo compiten por capturarlas. A veces, tal competencia es perfectamente legal. En otros casos, la búsqueda de rentas toma otras formas, como el soborno, la corrupción, el contrabando y el mercado negro”. Claramente este trabajo de la profesora Krueger pasó desapercibido para muchos en el gobierno progresista.
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