En los quince años de gobiernos frenteamplistas ha sido alarmante la extranjerización del país.
Días pasados, el diputado Eduardo Lust señalaba con acierto que los aeropuertos son argentinos, los puertos son de los belgas y los chilenos, el pan de molde es de los mejicanos, los bancos son todos extranjeros (excepto el BROU, obviamente), la cerveza en un 98% es de extranjeros; entre los años 2005 y 2019 –o sea en las tres administraciones frenteamplistas– se vendieron seis millones de hectáreas a personas o sociedades extranjeras, propietarias hoy del 46% de la tierra, el arroz es de los brasileños mayoritariamente, los frigoríficos son chinos o brasileros, y le agregamos nosotros, que los supermercados de grandes superficies son propiedad del grupo francés Casino (Geant, Disco, Devoto). También Punta del Este, que si bien debe su gran desarrollo a capitales argentinos, siguen siendo propietarios de una gran parte del balneario.
Es decir que buena parte del patrimonio nacional fue entregado al extranjero, en su mayor parte durante los gobiernos frentistas.
Ni que hablar de las gigantescas fábricas de celulosa, cuyas millonarias inversiones ingresaron a cambio de excepcionales beneficios en la tributación y ventajas como la gratuita utilización del agua y la compra obligatoria del excedente de energía que producen sus plantas.
Se podrá argumentar que la inversión extranjera ha generado puestos de trabajo, y esto es cierto, en la medida en que se advierta que durante la construcción de las plantas se requiere una importante mano de obra que queda cesante al ser finalizadas y en su funcionamiento posterior, es mucho menos la gente que mantiene su trabajo.
Pero también es de puntualizar que la primera prioridad de los inversionistas es amortizar el financiamiento, buscando una tasa de retorno que le permita hacerlo cuanto antes.
Obviamente los gastos de la explotación comercial o industrial también incluyen los salarios, cuyos montos es siempre tema de dura discusión en los consejos de salarios, pues los inversores buscan las mayores utilidades o ganancias para repatriar.
Todo esto es a cuenta de un enorme costo fiscal para el país, que no es otra cosa que lo que deja de recaudar el Estado al conceder las generosas exoneraciones impositivas con que se les beneficia.
No estamos en contra de la inversión extranjera, si es que alguien pudiera pensarlo; por el contrario, siempre abogamos por otorgar las mayores garantías de seguridad jurídica, política y social. Así como la firma de los convenios y tratados de protección recíproca de inversiones como tenemos con Francia, España, EE.UU., Alemania y otros países.
Pero insistimos en la necesidad de abrigar con los mismos beneficios al inversor nacional que formule proyectos de inversión de verdadero interés nacional, con exoneraciones y líneas de crédito que permitan el agregado del trabajo nacional en los productos exportables, como forma de incrementar su valor y aumentar la cifra de nuestras exportaciones.
Por todo lo que venimos expresando, una vez más queda en evidencia el doble discurso del frenteamplismo, que ajeno a la autocrítica pretende volver con las mismas recetas, sin recordar el país que dejó, los peores desastres de gestión en toda nuestra historia, y el mayúsculo escándalo de ver condenados por la justicia al vicepresidente de la República, al ministro de Economía y Finanzas, y al presidente del Banco República.
Hoy día, en su ciega oposición desatada contra toda medida que tome el Gobierno, parece no recordar lo que hicieron sus más altos dirigentes, como actores de conductas ilícitas –algunas ya juzgadas por la justicia penal– y otras en trámite de serlo, a pesar de la obstinada lentitud que está demostrando nuestro sistema judicial, notoriamente alterado por un deficiente e insubsanable Código del Proceso Penal cuya sustitución ya se ha convertido en un problema que se debe tratar, sin duda alguna, con la mayor urgencia.
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