Los hechos conocidos por todos, desatados a principio de semana y que involucraron al precandidato Yamandú Orsi como blanco de una denuncia falsa, dejaron al descubierto el funcionamiento de la Justicia en este país. No solo porque se mediatizó que bajo el amparo de la Ley 19.580, basada en la violencia de género, se ha normalizado el falso testimonio, sino también porque la Justicia ha perdido credibilidad en la opinión pública.
Sin embargo, no se trata aquí de hacer una crítica al sistema de judicial, sino más bien a la actividad legislativa durante los gobiernos del Frente Amplio. Porque lo cierto es que desde que se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y se promulgó la Ley 19.580 de Violencia Basada en Género, el protagonismo de la Justicia uruguaya ha ido en aumento, y no justamente por sus éxitos.
Esta situación me lleva a recordar una anécdota. En el año 2004, quien escribe esta columna fue alumno del profesor de Filosofía de la Historia, Pedro Gatti. Estábamos en la antesala del primer triunfo del Frente Amplio, y se veía la posibilidad de que Tabaré Vázquez ganara en primera vuelta y con mayorías absolutas en el Parlamento, tal como sucedió. El debate surgió en el aula y el profesor Pedro Gatti expresó –lo cual me pareció magistral– que las mayorías absolutas en el Parlamento eran lo peor que podía sucederle a la democracia. Porque el acto de legislar, además de ser un acto sagrado para la República, debía ser el resultado de la negociación y discusión parlamentaria entre los diferentes partidos que componen dicho Poder. Cuando hay mayorías absolutas en el Parlamento, la discusión pasa a ser un mero artificio, un decoro sin valor ni mayor peso que el estético.
De esa forma, la situación actual que pone entredicho a la Justicia es consecuencia directa de los errores cometidos a la hora de la legislar durante quince años, en los que no solo se aprobaron CPP y la Ley 19.580, sino también otras leyes –por ejemplo, la ley del año 2007 que permite tasas de interés usurarias– en las que se vio claramente cómo el resultado de una actividad parlamentaria deficiente, basada en mayorías absolutas como las que tuvo el Frente Amplio, terminaron por socavar al propio sistema judicial, así como al propio entramado social.
Lamentablemente, el acto de legislar parece haberse vuelto –sobre todo para algunos partidos que en esta fase del siglo XXI se han quedado sin relato– un instrumento al servicio de ideologías trasnacionales. Y en esa medida fue interesante escuchar el lunes, en un reconocido programa radial, cómo algunas de las caras visibles de la “nueva izquierda” uruguaya manifestaban su preocupación por el debate que se instaló en la opinión pública acerca de la necesidad de modificar la Ley 19.580 de Violencia Basada en Género. Parecía costarles comprender por qué para la gente de a pie lo que está sucediendo en la Justicia uruguaya es demasiado. ¿Cómo es posible que al amparo de esta ley alguien puede declarar lo que se le dé la gana siempre y cuando sea verosímil?
Al final de cuentas, el engaño no puede durar para siempre. Sin embargo, parece que al sistema político uruguayo le está faltando coraje para tomar determinadas decisiones. Y ha sido nuevamente Cabildo Abierto el partido que ha dado ya el primer paso en este sentido, al presentar un proyecto de ley que modifique los artículos problemáticos e inconstitucionales de la Ley 19.580.
El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos había señalado en diciembre, en la presentación de la agrupación cabildante Encuentro Nacional Cristiano: “La ideología de género es perversa, lo hemos dicho con todas las letras. Lamentablemente, se la ha comprado, traído al Uruguay y se la usa como herramienta política, dividendo, enfrentando a la familia, al hombre con la mujer, al hijo con el padre y generando un deterioro del tejido social como nunca se ha visto”. Por su parte, el senador Guillermo Domenech ha manifestado, en más de una ocasión y recientemente al recordar el caso de los desafueros de Penadés, que le preocupaba el problema de la presunción de culpabilidad sin fundamento suficiente.
Cabildo Abierto, en su proyecto para modificar la Ley 19.580, plantea la derogación del artículo 3 de dicha norma, el cual indica, básicamente, que para su interpretación se tendrán en cuenta los principios de la Constitución, pero también los instrumentos internacionales de derechos humanos. A la vez se aclara que, de surgir dudas sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. Desde Cabildo Abierto se entiende que las leyes internacionales no pueden estar por encima de las nacionales, y menos en un tema como este, que afecta directamente a la base de la sociedad, que es la familia.
Asimismo, se plantea derogar el literal G del artículo 6, que hace referencia a la “violencia simbólica”, como también la modificación del artículo 8, inciso H, que tiene relación con el testimonio de la víctima. Hoy en día, tal como se encuentra redactado, se señala que el testimonio no puede ser desvalorizado, al punto de que tampoco existe una condena explícita por falso testimonio.
El proyecto de Cabildo Abierto ahonda en más aspectos por modificar de la ley 19.580, que por un tema de espacio no podemos exponer aquí. Digamos, en definitiva, que este descalabro, más allá de que afecte directamente a la Justicia en la percepción pública, debería significar una oportunidad para la Coalición Republicana para recuperar un enfoque nacional en el acto de legislar. Y de esa forma recoger un caudal de votos de aquellos ciudadanos que hoy en día buscan una alternativa al modelo propuesto por el Frente Amplio, sobre todo en estas materias que comprometen no solo a la Justicia, sino también a la sociedad y a las familias que la componen. En esa medida, los aportes de Cabildo Abierto a la coalición deberían formar parte de los objetivos comunes de ella, ya que lo que está faltando para gran parte de nuestra población es devolverle la dignidad a nuestra República. Porque en la medida en que sigamos por este camino, no solo aumenta la inseguridad, el desencanto social, sino que perdemos nuestro más preciado bien como ciudadanos, que es la libertad al amparo de la ley y de las instituciones.
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