La pretensión de perpetuar la mentira por decreto
En más de una oportunidad, hemos insistido en desmentir las falsas afirmaciones de militantes de la izquierda, que trasvestidos en serios historiadores, presentan una versión de nuestra historia reciente tan interesada como ajena a la realidad.
En mayo de 2015, el expresidente Vázquez aprobó un decreto dando reconocimiento normativo al grupo “Verdad y Justicia”, con el propósito de investigar los crímenes de lesa humanidad anteriores al golpe de junio de 1973.
O sea que comenzaban a escribir la mentirosa historia de que la destrucción de la democracia y la violación de los derechos humanos comenzó en el gobierno de Jorge Pacheco Areco.
Lo primero, referente a este punto, es recordarles a estos seudohistoriadores y a estos grupos que andan vorazmente detrás de beneficios económicos, que el Gral. Líber Seregni jamás compartió la tesis de que el gobierno de Pacheco hubiere actuado al margen de la Constitución.
Lo segundo, es informarles que las medidas de seguridad que aplicó el presidente Pacheco en un escenario de aguda conmoción interior, no son un invento del constituyente uruguayo, sino que están incluidas en esa biblia de las repúblicas que es El espíritu de las leyes de Charles de Secondat de Montesquieu en su Libro XI capítulo VI.
Como las andanzas de los iluminados cultores del “foco armado”, que con sus actos de barbarie ensangrentaban el país, la situación interna era de una notoria conmoción. Esto se agregaba a una grave crisis económica, con alta inflación, desempleo, fuga de capitales, baja de precios para nuestras exportaciones, falta de credibilidad para el crédito externo y la consiguiente agitación estudiantil y sindical con activa movilización en sectores claves de la economía. Este era el panorama del Uruguay cuando asume Pacheco Areco, ante una opinión pública descreída luego de la mala experiencia del colegiado y un frente político con los partidos fragmentados y sin liderazgos claros.
Ante este escenario, Pacheco establece un gobierno de mano firme, dando respuesta a la demanda de seguridad y orden que reclamaba la gente, para lo que impone las medidas prontas de seguridad. Sin salirse del marco constitucional, enfrenta con éxito a la subversión y consolida en el año 1971 un liderazgo que recibió el apoyo de 490.000 sufragios.
Sin alcanzar los votos para su reelección, queda Juan Ma. Bordaberry electo y lo demás es historia conocida.
El falso relato de los historiadores-militantes
En un reportaje que le hizo a Mujica el periodista e historiador brasileño Emir Sader, director del Laboratorio de Políticas Públicas de Universidad de Río de Janeiro y emitida la semana pasada por el portal Other News, con un estilo sobrio le preguntaba en forma concisa y lo dejaba hablar.
Cuando tuvo que contestar cuáles habían sido las razones que lo llevaron a empuñar las armas contra una democracia, contestó de esta manera: “A partir de 1962, avizoramos que en el país se venía un golpe y entendimos que el movimiento obrero debía enfrentarlo con la huelga general. Poco después advertimos que el escenario continental, la Guerra Fría, la influencia y equipamiento de los EE.UU., la caída de Perón en la Argentina, la Revolución cubana y otros levantamientos en la región nos estaban indicando la necesidad de una resistencia armada, a lo que también se plegó luego el Partido Comunista, para evitar su rezago o pérdida de influencia”.
Y agregó: “Lo que más lamento es que cuando se dio el golpe de Estado en junio de 1973, estábamos todos presos”.
Es muy ilustrativa esa entrevista para desmentir el falso relato de los historiadores-militantes de la izquierda y desalojar sus inventados mitos.
Mujica y sus cómplices de aventuras, cual Casandras vernáculas dotadas del don de la profecía, adivinaron que iba a venirse un golpe de Estado y actuaron preventivamente. O sea que: a) reconoce haberse levantado en armas contra una democracia; b) reconoce que el gobierno de Pacheco fue democrático y por tanto no pudo haber un Estado terrorista; c) reconoce implícitamente que las violaciones de los DD.HH. y los delitos de lesa humanidad fueron a partir del golpe de junio de 1973; d) desautoriza al presidente Vázquez y su imperdonable decreto de mayo de 2015 dándole patente para actuar al “Grupo Verdad y Justicia” y así reclamar y obtener del Estado ingentes reparaciones de daños que nunca existieron.
En su columna del diario argentino La Nación, el periodista e historiador Jorge Fernández Díaz escribía el 8 de noviembre unas reflexiones que compartimos y son perfectamente aplicables a nuestro medio, pues sostiene que “se glorifica a esa juventud maravillosa que practicó el crimen político, pero jamás pidió perdón a sus víctimas; se transmite una nueva pedagogía que institucionalizó el Estado por los medios públicos y adoptó el mundo de la enseñanza que los presenta como luchadores por la democracia, cuando en realidad querían instalar por la violencia una dictadura…”. Nos recuerda, además, que esa interesada y peligrosa visión asimila automáticamente a la policía y a los militares actuales, con aquellos seres siniestros que practicaron el terrorismo de Estado.
A toda esta ficción argumental de la izquierda, con fuerte arraigo también en la clase media y sectores más o menos ilustrados (actores, autores, letristas, canto popular, etc.), no se les puede cuestionar su relato con los horrorosos crímenes perpetrados por los “revolucionarios” porque implica caer en la teoría de “los dos demonios”, que la izquierda se obstina en desconocer, no obstante, una realidad que rompe los ojos. Porque no solo los políticos como Jorge Batlle, Julio Sanguinetti, Lacalle Herrera y todos sus seguidores coinciden en que sin el levantamiento del M.L.N. no hubiera existido el golpe militar, sino que también lo aceptan analistas políticos, como es el caso de Adolfo Garcé. Y lo citamos precisamente a Garcé porque, luego de declarar con sinceridad que se había alejado del Partido Comunista, comenzaba a preguntarse cómo iba a responder el grupo subversivo concernido si se le preguntara si asumían que habían instalado la guerrilla en plena democracia o si aceptan que contribuyeron a generar una demanda autoritaria, o qué piensan hoy Siglo XXI de la lucha armada, o si analizan pedir perdón por sus actos.
Faltan los primeros capítulos de la obra
En suma, en nuestro país no hubo Casandras ni profetas para adivinar la historia y prevenir un golpe de Estado; solo hubo el irracional intento de la conquista del poder por la violencia que, como todas las guerras, trajo sangre y lágrimas y además una ruptura institucional que duró casi doce años. Dado que los propagadores de la historia reciente falsificada son adictos a la denuncia de un plan meticulosamente planificado que denominan Plan Cóndor, conviene dejar claro que se saltean los primeros capítulos de la obra, que son precisamente los que actuaron de detonador de la represión.
No hay que subestimar la incidencia de la conferencia de OLAS (Organización Latino-Americana de Solidaridad) realizada en la Habana en 1967 y su instigación a la lucha armada para conquistar el poder; cuyo máximo exponente intelectual es el francés Regis Debray con su raquítica visión de nuestra historia y su obsesiva idea de una violenta Revolución Continental que él denomina “verde oliva”.
Según esta concepción que se va imponiendo aceleradamente al finalizar los años sesenta, toma ribetes de fundamentalismo religioso, sobre todo en la juventud estudiantil. Su premisa principal era que no había que esperar que se dieran las condiciones para la revolución, el foco debería crearlas.
¡Y nuestros pueblos asistieron impávidos a una ofensiva de sangre y fuego que intentó barrer con todo, instituciones incluidas!
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