El representante colorado realizó un pedido de informes a 37 organismos estatales para saber qué monto y a qué medios se le otorgó publicidad oficial durante el anterior período de gobierno. Para Schipani es hora de reflotar un proyecto de ley que regula la publicidad oficial, el cual fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Representantes en 2018, pero luego archivado en el Senado.
¿A raíz de qué hecho parte el pedido de informes que usted realizara sobre el tema de la publicidad oficial en el anterior período de gobierno?
La razón del pedido de informes fue por la comparecencia del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en la Comisión de Presupuesto del Senado. Ahí señaló que en el ministerio que ahora dirige, entre los años 2018 y 2019, se distribuyó la publicidad oficial de una forma absolutamente irregular.
A modo de ejemplo, dijo que en 2019 al diario El País se le compró publicidad por unos $ 23 mil y a la revista Caras y Caretas por casi $ 900 mil. Y en 2018 lo había hecho en esa publicación por más de un millón. Eso da la pauta que no se aplicó un criterio técnico a la hora de distribuir la publicidad oficial y establecer a qué medios se le otorga.
Claramente, surge por la declaración del ministro, que existió un amiguismo en el manejo de la publicidad oficial, en virtud de claras implicancias ideológicas y políticas, entre el gobierno de la época y la revista Caras y Caretas.
¿A quiénes abarca este pedido de informes?
Va dirigido a 37 organismos públicos y se solicita información del gasto de publicidad en el período 2015-2019. Abarca a 13 ministerios, a los que sumamos Ute, Antel, Ose, Afe, Correo, Colonización, Inac, Ursea, Ursec, Udelar, Anep, Ancap, ANP, Jutep, Asse, Inumet, ANV, Inisa, Inau, BCU, Brou, BSE, BPS y BHU. El fin es analizar cómo se distribuyó en el período pasado de gobierno la publicidad oficial y descartar que en los distintos organismos públicos se haya procedido como se hizo en el Ministerio de Educación y Cultura, dónde, evidentemente, se actuó con absoluta arbitrariedad. Vamos a esperar el resultado de estos pedidos de informes y aclaro que no tengo ningunas sospechas sobre nada, pero a partir de la información que se brinde, veremos qué camino seguimos.
El tema de la publicidad oficial siempre fue centro de polémica. ¿No existe ninguna iniciativa que busque regularla?
En el período pasado el tema se estuvo discutiendo en el parlamento. Se planteó una ley para regular la publicidad oficial, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero no prosperó en el Senado. Ahora me parece fundamental retomar ese debate.
Hay que regular cómo se distribuye la publicidad oficial porque estamos hablando de millones y millones de dólares, que el Estado todos los años gasta en ese rubro. Esto sucede porque muchas veces está obligado por ley a publicar determinados actos de la administración o lo hacen las empresas públicas que están en competencia, ya que necesitan publicitar sus servicios. Este es un rubro muy importante que tienen todos los organismos y del cual no existen criterios legales para distribuir esos recursos.
Ese proyecto que menciona fue aprobado en la Cámara de Diputados, ¿por qué después no prosperó en el Senado?
Eso no lo sé. Pero es un buen proyecto que fue aprobado en 2018 en Diputados, por la unanimidad de los legisladores, pero después no prosperó en el Senado. En el mismo se incluía que un 30 % de la publicidad oficial debía ser para medios del interior y rigor técnico en las decisiones de publicitar como tiraje de los medios o nichos de audiencia.
Ahora se debe retomar el debate y convocar a todas las partes, porque en la actualidad lo que existen son normas generales para la contratación, reguladas por el Tocaf. Pero no hay normas específicas y se termina realizando la compra de publicidad por el sistema de compra directa sin hacer un llamado público, y en el proyecto aprobado por Diputados el principio general para la contratación de la publicidad oficial era la licitación pública.
¿Se partiría de ese proyecto que ya fue aprobado en Diputados en 2018 o se realizaría uno nuevo?
Ese proyecto está archivado. Pero entiendo que ahora debemos retomarlo, más cuando somos gobierno, para demostrar que los dineros públicos se gastan bien. Se puede desarchivar y trabajar sobre él, pero es como partir de cero, o sea se debe aprobar por la Cámara de Diputados y después pasar al Senado. Sobre este tema he conversado con algunos legisladores y todos están de acuerdo en retomar el tema, o sea, que espero que pronto lo podamos estar tratando nuevamente.
«Un grado de arbitrariedad en el gasto que nos tiene sorprendidos»
Cuando el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, concurrió a la Comisión de Presupuesto del Senado, hizo referencia a cómo se gastan el dinero público. Sostuvo que su decisión es la de «administrar mejor, porque una de las características de este inciso es que nos hemos encontrado con un grado de desorganización, de mala administración, al punto de que hasta hoy estamos pagando deudas heredadas de la administración anterior de manera bastante llamativa y, debo decirlo, con un grado de arbitrariedad en el gasto que hasta hoy nos tiene sorprendidos».
Uno de esos ejemplos que dio a conocer a los legisladores es el referente al gasto de publicidad oficial. Da Silveira informó que en el año 2018 el Ministerio de Educación y Cultura compró publicidad al diario El País, por un poco menos de $400.000. «A La Diaria le compró publicidad por $ 828.667, es decir, bastante más que el doble que lo que compró al diario El País -recuerdo que a El País le compraba por $ 374.853- y a Caras y Caretas lo hizo por la suma de $ 1.029.180″, dijo.
En el año 2019 se gastó menos: al diario El País solo se le compró publicidad por $ 21.945, en todo el año. Por su parte, a La Diaria, se le compró por $ 381.130 y a Caras y Caretas por $ 893.559.
Da Silveira manifestó: «a mí me gustaría que alguien me explicara qué criterios de buena administración, de buena comunicación o de llegada efectiva al público justifican una distribución del gasto de este tipo». «No estamos gastando menos, pero además vamos a conseguir más recursos extra presupuestales y administraremos mejor, sin estos niveles o muy lejos de estos niveles de arbitrariedad y siguiendo criterios que puedan ser defendibles».
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