El reelecto intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentó recientemente su equipo de gobierno, en el cual incluyó como encargado de Comunicación y Relaciones Internacionales a Edison Lanza, quien hasta el pasado 5 de octubre era el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo que depende de la OEA y que fue duramente cuestionado por injerencia en la política nacional.
«Crecí en Palermo y en el 2000 nos vinimos a El Pinar, donde hoy estamos. Contento de ser parte del desarrollo de Canelones y su gente. Con todo», escribió el abogado Edison Lanza, días atrás, desde su cuenta de Twitter, cuando fue designado en el cargo por el intendente Yamandú Orsi.
Anteriormente, Lanza había sido designado como relator especial para la libertad de expresión de la CIDH en 2014, durante el gobierno de José Mujica y pocos meses antes de que Luis Almagro fuera designado secretario general de la OEA.
El abogado y periodista trabajó en varios medios de comunicación durante los 90 y entrado el nuevo milenio. También se ha desempeñado como docente de la Facultad de Comunicación de la Udelar, en la Universidad Católica y en la ORT.
Durante su permanencia como relator se concentró en trabajar denunciando la persecución de periodistas en varios países, especialmente centroamericanos, pero en los últimos meses de lo que sería su mandato y desde la CIDH empezó a emitir opiniones políticas sobre lo que estaba sucediendo en Uruguay, con críticas hacia el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Una de sus últimas intervenciones como relator fue realizar una campaña en varios medios contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). Solicitó al Estado, en Nombre de la CIDH, que informara sobre «la adecuación de cualquier reforma que afectara a las libertades fundamentales» y que estuvieran contenidas dentro de la LUC.
En una mesa redonda realizada por la Udelar sobre la LUC, Lanza decía que las reformas propuestas en la LUC eran, en general, para «reducir el espacio civil, con un mayor control estatal y la participación política, siendo esto una tendencia global». «Creo que se quiere volver atrás en esa suerte de primavera latinoamericana y de Uruguay de los años 2002, 2003 y 2004, cuando se dio una expansión en la agenda de derechos», sostuvo. «Si vamos hacia la reducción de un espacio cívico y, por otro lado, se refuerza el uso de la fuerza y armas letales en manifestaciones, eso va a generar un reforzamiento del aparato policial», añadió.
En otros tuits recientes también opina sobre la violencia: «se normaliza hablar de personas asesinadas adjudicándolas al narcotráfico. Listo. Como si no fuera un drama la pérdida de tantas vidas. Pasan gobiernos y la mano dura no funciona. Chicago puso mediadores comunitarios; con mucha información y protección evitan enfrentamientos».
Tampoco eludió participar de la polémica por el uso de tapabocas con consignas contra la LUC (EducarNoLUCrar). “Al parecer, Uruguay está transitando un camino que bordea la censura, prohibir terminantemente expresarse sobre temas de interés público es impedir el derecho de expresar demandas e ideas; proselitismo es otra cosa”, publicó.
Antes de ser designado por Orsi, Lanza mostró su acercamiento al MPP, cuando reprodujo en su cuenta de Twitter una intervención del diputado Alejandro Sánchez durante la discusión de la Rendición de Cuentas y agregó: «menos cargas para los de arriba; pérdida de salario real para los laburantes. El gobierno sostiene que el “derrame” funciona. Pero esta receta en Chile o en los Estados Unidos de Trump condujo a más desigualdad y concentración de riqueza. Veremos en Uruguay».
«Creo que se quiere volver atrás en esa suerte de primavera latinoamericana y de Uruguay de los años 2002, 2003 y 2004», consideró Lanza, mientras integraba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las acusaciones de «inadmisible injerencia» contra la CIDH
Mientras mantuvo su cargo en la OEA, y antes de que fuera nombrado por Orsi, mediante su cuenta de Twitter, Edison Lanza ha opinado sobre acontecimientos políticos de Uruguay, pero también de países de la región.
Uno de estos comentarios fue sobre el trámite de la solicitud de desafuero del senador Manini Ríos. «La rendición de cuentas de los funcionarios públicos ante la Justicia por la presunta comisión de delitos es principio fundamental de la democracia. Ayer en Uruguay se eligió otorgar privilegio por encima de la ley a un senador, por hecho ocurrido cuando era comandante del Ejército. En una democracia republicana nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de ella. ¡Qué lindo principio de la República! Hoy en mi país fue relegado», afirmó.
En referencia a una iniciativa que maneja Cabildo Abierto (CA) para que la Constitución prime sobre dictámenes internacionales y restablecer la Ley de Caducidad, desde la CIDH se realizó un llamado a los parlamentarios uruguayos para “abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a fortalecer esfuerzos para seguir avanzando en la investigación de los graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes”.
En aquel momento la bancada de legisladores de CA emitía un comunicado donde señalaba que “tal exhortación excede la naturaleza de las ‘recomendaciones’ a los Estados que estipula el literal B del artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, e implica una inadmisible injerencia en la competencia legislativa que tiene este cuerpo en ejercicio de la representación ciudadana”, agregando que “nuestro país se compromete, una vez más, a respetar el derecho internacional y las convenciones suscritas, sin desmedro de nuestra independencia y soberanía nacional”.
Dentro de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los cambios más importantes registrados en los últimos días, es que se decidió no renovar el cargo al secretario ejecutivo, Paulo Abrao. La decisión fue tomada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo «no ser un tema político» la no renovación del contrato. En declaraciones a la cadena alemana Deutsche Welle, Almagro dijo «no se puede poner la firma al contrato de una persona sobre la que pesan 61 denuncias. Le he pedido siempre: resolvé esto. Siento que se ha abusado de mi confianza, la confianza que yo tenía en él», de ahí que decidió la no renovación.
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