“Desde el principio me di cuenta que eran mucho más inteligentes, atentos, expresivos y se interesaban más por las cosas y las personas que un europeo o un estadounidense típico. Son mucho mejores que los occidentales en algunas tareas que exigen destrezas razonablemente superiores, como crearse un mapa mental de un lugar desconocido. Por supuesto, los guineanos lo hacen peor que los occidentales cuando se trata de utilizar habilidades que nos vienen inculcadas desde la infancia: un analfabeto que viene de su pueblo a la ciudad podría parecer francamente tonto a nuestros ojos. Pero pensemos en lo estúpido que debo parecer yo a sus ojos cuando estoy en la jungla, completamente incapaz de realizar las más sencillas tareas, a las que ellos se acostumbraron desde la infancia”.
Jared Diamond, en “Armas, gérmenes y acero: Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años” (2005).
El geógrafo y ornitólogo estadounidense se refería así a su experiencia interactuando con los nativos de Nueva Guinea a principios de los ´70. La cita es absolutamente pertinente para nuestro Uruguay actual, que de tan moderno, inclusivo y propagandeado por los medios independientes, ha logrado convencer a la población a resignarse a beber agua salada. En este contexto, resulta plausible que si un antropólogo africano aterrizara en nuestra sociedad a modo de Superman, podría llegar a dudar de si somos algo estúpidos. Nos observaría haciendo alarde de una modernidad frívola, alimentada con bienes importados y propagada por una intelligentsia globalista que intenta subirnos a toda creación afín a los intereses de la claque de Davos. De esta manera, en lugar de enfocarse en resolver el problema del agua potable, nuestras autoridades medioambientales estaban ocupadas corriendo detrás de la Agenda 2030. Paradojalmente, no logramos ponernos de acuerdo entre gobierno y oposición sobre las infraestructuras necesarias, pero sí existió amplio respaldo para que los ministros de Ambiente y Economía firmaran en Glasgow acuerdos que comprometen seriamente nuestra producción ganadera. Mientras tanto, la población se resigna a beber agua salada, extremo al cual hasta los animales domésticos se resisten. Seguramente esta proeza ameritará en un futuro cercano algún premio internacional a los responsables de tamaña desidia.
Entrecruzamiento entre la política y los intereses económicos
Como ocurre con toda crisis –y ésta es una crisis con mayúsculas–, el problema que enfrenta nuestro país alumbra algunos aspectos problemáticos del creciente entrecruzamiento entre la política y los intereses económicos. Lo primero que cabe notar es el tiempo que le insume al sistema político uruguayo resolver problemas tan primarios como el aprovisionamiento de agua potable a la población. Leonardo Haberkorn sintetizó con precisión en El Observador una discusión que lleva casi veinte años, recordándonos que a inicios del gobierno del presidente Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro ya advertía que las sequías e inundaciones serían cada vez más frecuentes. El entonces senador reclamaba construir las infraestructuras apropiadas para evitar ser “pacientes crónicos de enfermedades evitables” y ya hablaba de un “Plan B” que consistía en tomar agua del Río de la Plata en Arazatí. Haberkorn también nos hace notar que Fernández Huidobro insistió con el tema en 2013, cuando era ministro de Defensa: “Aguas Corrientes es el lugar de donde sacamos el agua potable para dos millones de habitantes. Llega a pasar algo en ese lugar y es la catástrofe más grande imaginable que Uruguay puede vivir”, dijo, reclamando nuevamente un “Plan B”. El fallecido exdirigente histórico del MLN-T volvería a repetir su exhortación en 2015. “Otra vez sus advertencias fueron ridiculizadas”, escribe Haberkorn. Hoy, transcurridos casi quince años, el sistema político sigue enfrascado en una discusión entre Casupá y Arazatí, como si tratara de mandar el Apolo 11 a la luna.
La pregunta que cabe hacerse es por qué, si es correcta la información que el gobierno del Frente Amplio dejó el proyecto de Casupá listo para implementar, el gobierno decidió ir en otra dirección. ¿Cuál era el problema con Casupá que el proyecto Neptuno viene a resolver? Para Edgardo Ortuño, director de OSE por el Frente Amplio, “la represa de Casupá hubiera cambiado la situación actual de sequía”. Por su parte, el alcalde de Casupá por el Partido Nacional, Luis Oliva, es de la opinión que el proyecto Casupá debería también ser llevado adelante en paralelo al de Arazatí. “El financiamiento de US$ 80 millones por la CAF para el proyecto de represa en arroyo Casupá está vigente hasta junio de 2023. Alfie y Arbeleche lo saben. Tomar deuda es necesario para construir esta obra y era el principal motivo para postergarla”, escribió hace unos días en su cuenta de Twitter, agregando que “el agua de Arazati va por 80 km de cañería y ahí está su limitante. No llega al 30% del consumo diario de zona metropolitana”.
Pero mientras el Uruguay se debate sobre la crisis de agua potable en la cuenca del Río Santa Lucía, el intendente de Canelones Yamandú Orsi viene denunciando desde hace tiempo sobre la presencia de personas, que operando por la noche, desvían ilegalmente el curso del río en las proximidades San Ramón. Presumiblemente estarían desarrollando, sin grandes molestias, actividades de minería ilegal, a menos de 100 km de la Plaza Independencia. ¿Será que, en lugar de Uruguay, estaremos viviendo en el Congo Belga?
A la falta de consenso político, se le suma una ostensible ineptitud administrativa y una falta de sentido de la responsabilidad. Son tantos los organismos que tienen voz en el tema que las responsabilidades inevitablemente se diluyen y las opiniones se contradicen. La OSE, la OPP, el Ministerio de Ambiente, el MEF, el MSP. Para cuando llega la hora de asumir las responsabilidades, no le resulta claro a la ciudadanía en quien recae la carga de las decisiones. El Uruguay colegiado a la enésima potencia. La ausencia de directivas claras lleva a que cada uno salga a opinar lo primero que se le pasa por la cabeza, perdiendo de vista el rol de liderazgo que debe ejercer todo jerarca público. Es así que desde la misma OSE (el organismo responsable de proveer el agua potable), su vicepresidenta nos insinúa que tomar agua embotellada no sería un gran problema, ya que la población estaría acostumbrada a ingerir Coca-Cola, en lo que puede constituir un síntoma temprano de que el agua salada empieza a afectar la sinapsis. Por su parte, desde el Ministerio de Ambiente se nos informa que “el agua no es potable, pero es bebible”, exhibiendo una claridad conceptual que no se advertía desde que el exministro Adrián Peña prohibió la utilización de pajitas de plástico en el territorio nacional. Claramente se trata de un ministerio que ya desde su mismo origen confundió su misión de cuidar el ambiente –y el agua potable debería ser la prioridad esencial– por la de ser expeditivo con las demandas del complejo industrial-forestal.
PPP: una modalidad que resulta mucho más costosa que endeudar al Estado directamente
No podemos soslayar los aspectos económicos que sobrevuelan al proyecto. Se recurre una vez más a la modalidad de Proyecto Público Privado (PPP), la misma modalidad aplicada para financiar el Ferrocarril Central, y que ha probado ser mucho más costosa que endeudar al Estado directamente. Bajo la pretensión de que es un proyecto “privado” en el que el Estado puede “desengancharse”, es que se termina pagando una tasa de interés implícita muy superior a la que paga el Estado uruguayo en sus emisiones regulares de deuda. Pero como ya vimos en la práctica con el Ferrocarril Central, es el Estado el que termina asumiendo gran parte de los sobrecostos. Un costo muy alto que paga el Uruguay para no registrar el pasivo como deuda, algo similar al costo que paga el BCU para “desdolarizar” artificialmente la economía, y que obligó recientemente al MEF a capitalizar al BCU en USD 1.200 millones. Si a esto agregamos que los promotores privados recorren bancos y AFAP para financiar su proyecto, los riesgos pueden terminar siendo socializados (de vuelta, como ocurre con el ferrocarril), diluyendo la parte “privada” del mecanismo PPP. ¡Y todavía queríamos exportar el ahorro de los uruguayos! ¿Dónde están los defensores de una “diversificación” en sentido único?
Finalmente, no podemos olvidar la dimensión ideológica del problema de la conservación de los recursos naturales, como nos lo recuerda Hoenir Sarthou. “Han firmado en secreto contratos que, en el fondo, le regalan el agua a empresas transnacionales, que no sólo no pagan el agua, tampoco pagan impuestos, ni compensan la contaminación que producen ni los mil privilegios que reciben”, escribió la semana pasada en su columna del Semanario Voces. “Por si fuera poco, tampoco generan las fuentes de trabajo que anuncian”, agrega, para preguntarse quienes fueron los responsables de una decisión que condiciona el futuro de los uruguayos. “¿Quién decidió que pasáramos, de ser un país de tierra fértil y agua dulce, apto para la producción de alimentos de alta calidad, a ser parte de una región destinada a plantar eucaliptus para producir celulosa que devendrá en papel higiénico?”.
Lo cierto es que no aprendemos más. Los finlandeses nos obligaron a subsidiarles una inversión que no recuperaremos con impuestos directos. Los sobrecostos de la obra del ferrocarril vienen siendo asumidos silenciosamente por el MTOP. Mientras el sistema político discute por el proyecto Neptuno, gran parte de la población es forzada a tomar agua que es “bebible” pero “no potable”. Con este panorama, esperamos ansiosos nuestra participación en la próxima COP 28 que tendrá lugar en diciembre en Dubai.
Quien dice, quizás para entonces los muñecos de la Expo Dubai nos esperan con una botella de agua mineral producida en Uruguay. “Uruguay for Export”, como decía el gran Alfredo Zitarrosa. Pero afortunadamente, los uruguayos no somos tontos. Nos podrán engañar por un tiempo con espejitos de colores, pero tarde o temprano reaccionamos ante el insulto a nuestra inteligencia.
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