En pocos meses se estará discutiendo en el Parlamento un nuevo proyecto de ley para el presupuesto quinquenal. Sin lugar a dudas una instancia fundamental para cualquier gobierno en la medida que permite orientar el gasto hacia las prioridades que se propone y que luego se van ajustando cada año en las rendiciones de cuentas.
Algunos intercambios entre el oficialismo y la oposición parecen presagiar que el debate, una vez más, va a estar centrado en la ‘herencia’ recibida. Si se dejaron o no se dejaron ‘bombas’ económicas y sociales. Si las empresas públicas estuvieron mejor o peor administradas. Si hubo más o menos honestidad en la gestión. Y así las sesiones legislativas seguramente se estirarán hasta la madrugada durante varios días, con cruce de acusaciones, algún exabrupto y mensajes a medida para cada ‘tribuna’.
Además de los riesgos que supone alimentar la polarización política, circunscribir la discusión presupuestaria a la distribución y la transparencia es amputar una parte fundamental que es la cuestión del crecimiento. Porque si nuestra economía no crece será imposible evitar que la ‘manta corta’ deje a muchos sectores disconformes, muchos de ellos luchando para sobrevivir o en directa extinción.
Curiosamente pareciera que respecto a la receta para el crecimiento no existen diferencias de fondo entre los sucesivos gobiernos, tanto en la conducción económica de la izquierda como de los partidos tradicionales. Básicamente esa receta parece limitarse a la promoción de inversión extranjera, las exoneraciones tributarias y la paz sindical, a la vez que se ha librado el rumbo estratégico a una inercia determinada principalmente por los precios internacionales de los commodities y a las agendas globales de organismos que otorgan créditos.
Es cierto que en algunos sectores la continuidad de ciertas políticas de incentivo ha atraído inversiones, por ejemplo, en la forestación y en las energías renovables. No obstante, aun en estos casos que muchos, con argumentos, pueden catalogar como ‘exitosos’, el Estado ha ido perdiendo capacidad de orientarla hacia un desarrollo integral del país, con perspectiva de largo plazo. Así lo hemos manifestado desde este semanario cuando advertimos sobre la plantación de eucaliptus de las mejores tierras del país, desplazando otras actividades productivas fundamentales como la lechería. O los onerosos contratos de energía eólica y la privatización encubierta que afecta a UTE y perjudica elevando el costo de energía a la mayoría de la población y pymes.
La disgregación del Estado muchas veces es legítimamente aprovechada por grupos inversores que negocian por separado condiciones con ministros, intendentes, directores de entes o legisladores y esto no significa per se que haya deshonestidad o que sea perjudicial para el país, sino que se puede perder de vista el contemplar los intereses de otros sectores o prioridades estratégicas del Estado. Por supuesto, para estar de acuerdo con este pensamiento no es posible sostener una visión ultra liberal, ni ultra ecologista ni anti capitalista. Además, hay que ponerse en los zapatos de esos jerarcas, en los que indudablemente recae un gran peso y responsabilidad de no quedar como los ‘culpables’ de que se frustre algún proyecto de inversión.
Una situación extrema se da cuando el Estado tiene que negociar bajo la amenaza de un juicio internacional en el marco de algún tratado bilateral de inversiones. Ya el solo hecho de llegar a esa instancia revela el abandono de cualquier pretensión del Estado de orientar estratégicamente algún sector. También lo ha revelado el secretismo que ha rodeado a muchas importantes negociaciones que se terminan resolviendo entre algunos pocos y comprometen a varias administraciones de gobierno. En este punto se percibe un cierto avance del reclamo social y político, aunque lamentablemente no se ha aprobado todavía el proyecto de ley para la venia del Senado en contratos de larga duración.
Hay oportunidades
En el año 2015 se creó en la OPP un área encargada de pensar prospectivamente desde el Estado y cuatro años después se presentó un documento llamado Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050, que fue un paso interesante, aunque se hizo desde la perspectiva casi exclusiva de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. No se conoce que ese esfuerzo haya tenido alguna continuidad, aunque desde distintos ministerios se ha trabajado particularmente en la elaboración de escenarios y estrategias para el sector correspondiente.
Tampoco tuvo mucho eco la propuesta de convocar al Consejo de Economía Nacional que estipulan los artículos 206 y 207 de la Constitución de la República en la búsqueda de ciertos consensos para delinear políticas en áreas claves que no pueden esperar. ¿O alguien tiene dudas por ejemplo respecto al problema demográfico que pone en cuestionamiento la propia viabilidad como país en un futuro no muy lejano?
Compartimos lo expresado por los economistas Ricardo Pascale y Kenneth Coates cuando alertaban que Uruguay no tiene una estrategia económica a largo plazo. “Uruguay no tiene ni ha tenido jamás una visión estratégica de hacia dónde quiere ir. Básicamente va por inercia por los carriles conocidos: el agro, la ganadería, hubo quizás una innovación importante con la forestación, pero si empezamos a enumerar, vemos que son todas actividades de producción de materia prima, hay muy poco valor agregado y cada vez menos”, dijo Coates en una entrevista con La Mañana en 2024. “Uruguay está en condiciones de agregar mucho más valor a sus exportaciones, y en el pasado lo hizo, en el área textil, en el área alimenticia, pero poco a poco nos van arrinconando y metiendo en un bolsón de producción de materia prima, que en nuestro caso es casi todo agropecuario”, agregó.
Pero volvamos al punto inicial, la oportunidad del presupuesto nacional. En esta edición del semanario, el reconocido astrónomo Gonzalo Tancredi, ahora director de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (MEC), adelanta que el gobierno está elaborando una propuesta para la creación de una Secretaría de esas materias en la órbita de Presidencia, que busca coordinar y articular el “archipiélago” de instituciones e investigadores que componen la red nacional. Si esto se concreta puede ser un paso fundamental para jerarquizar la innovación científica y tecnológica en nuestro país, que puede permitir trabajar más intensamente en multiplicar la inversión pública y sobre todo privada en investigación y desarrollo, pero además hacerlo con un criterio integral que tenga en cuenta a varios sectores estratégicos y a todo el territorio nacional. Y esto va de la mano de lo que planteaba Coates, la necesidad de agregar valor a nuestra producción que en el mundo actual pasa en gran medida por aportar conocimiento.
Tancredi también por su especialidad habla de la necesidad de elaborar una política espacial en nuestro país y es muy claro cuando enumera varios emprendimientos e inversiones significativas que están modificando el mapa de ese sector y algunas que se proponen como una plataforma de lanzamiento de cohetes en Rocha, pero que todavía no está claro con qué objetivos y en el marco de cuál plan.
En un sentido similar, podemos decir que sería necesario crear también una Secretaría de Asuntos Marítimos y Acuicultura que busque articular y coordinar las políticas en un sector todavía olvidado y desaprovechado, que es sabido por todos tiene un potencial formidable de crecimiento. Es hora en este sentido de dejar de darle la espalda a nuestro mar y riqueza ictícola. Si bien es cierto que hay avances como la construcción de la Terminal Pesquera de Puerto Capurro o las gestiones para adquirir buques patrulleros oceánicos, todavía se está lejos de una estrategia de largo plazo para este sector. También respecto de la actividad marítima donde hubo una importante inversión en el Puerto de Montevideo, pero a veces aparecen como aisladas las iniciativas de dragado en los principales ríos y el histórico proyecto en Laguna Merín-Dos Patos. Vale la pena releer la columna de 2019 de José Pablo Viera sobre “apostar al futuro” en estas áreas.
En definitiva, el llamado a los dirigentes políticos es a levantar la mirada, a abandonar la inercia en la que parece flotar nuestro país en materia de estrategias de crecimiento, buscar los consensos necesarios y dar un salto de calidad que nos permita tener un horizonte de esperanza para las próximas décadas. Jerarquizar la gobernanza de la innovación científica y tecnológica, así como de los asuntos marítimos y de la pesca son dos caminos urgentes que estamos en condiciones de recorrer. Esperamos que nuestros gobernantes lo puedan concretar.
