Probablemente si discutiéramos cuál es hoy la ‘madre’ de todas las reformas para el país, las opiniones podrían llegar a ser muy diferentes y con argumentos válidos en cada caso.
Algunos dirán que es la reforma de la seguridad social, un proceso que finalmente se puso en marcha durante este gobierno con la conformación de la Comisión de Expertos que recientemente presentó algunos lineamientos.
Otros señalarán que es una reforma del Estado, que permita tener una burocracia más eficiente y signifique un ahorro público considerable, perfeccionando la calidad de los servicios y de la gestión.
También puede considerarse la reforma de la educación, adaptando los programas a las exigencias del siglo XXI, con mayor descentralización, elevando los resultados en las evaluaciones y cifras de egreso.
Si tomamos en cuenta la preocupación por el empleo y los ingresos, la reforma tributaria sin dudas estaría entre las prioridades con el fin de terminar con injustos impuestos al trabajo, que perjudican a las pequeñas y medianas empresas, tanto como a profesionales independientes.
Claro que podría ser la reforma de la salud, teniendo en cuenta que todavía existe una brecha entre los principios que pregona el Sistema Nacional Integrado de Salud y su funcionamiento real, con un sistema mutual que brinda excelentes resultados pero que tiene que cargar con problemas de financiamiento estructurales y de fondo.
No se puede dejar afuera la imprescindible reforma del sistema penitenciario, una vergüenza para nuestro país, con la violación sistemática de los derechos humanos de miles de reclusos y que hace casi imposible la rehabilitación.
Como se puede notar, son muchos los temas que merecen una gran reforma y, casi sin excepción, de un consenso del sistema político, de los partidos y de la sociedad, pensando en políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos.
Pero hay un asunto diferente, que subyace, y que tiene que ser resuelto porque de alguna forma impacta sobre todo lo anterior y más allá. Es la famosa cuestión demográfica que se volvió una especie de tabú para los uruguayos. Se instaló que somos 3 millones y punto. Pero las perspectivas para el futuro señalan un decrecimiento significativo de la población.
El fenómeno no es exclusivamente uruguayo, más bien es propio de muchos países occidentales que muestran bajas tasas de natalidad. Frente a esto las opciones son pocas: inmigración o natalidad. O una combinación.
Uruguay se debe un debate profundo sobre esto. Mientras tanto, fiel a su historia se muestra abierto a la inmigración, esta vez proveniente principalmente de países hermanos de América Latina, aportando a la riqueza cultural de esta sociedad.
En los últimos días, desde el Parlamento se elevó una minuta al Poder Ejecutivo para que se presente un proyecto de ley que incentive la natalidad. Concretamente el partido Cabildo Abierto propone una serie de medidas que apuntan a despejar la variable económica como factor de decisión.
Entre las medidas se menciona la posibilidad de ampliar la licencia paternal a 45 días, deducir del IRPF por hijo, o aportes de BPS para empresas que cuenten con guarderías. La iniciativa será estudiada por el equipo económico sobre su viabilidad y la idea es que se declare de «interés nacional». Enhorabuena.
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