La coalición política Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) logró el 69% de los votos y permite recuperar al chavismo la mayoría legislativa de la Asamblea Nacional, la cual había perdido en 2015. Citando “irregularidades eleccionarias”, varios partidos de oposición no fueron parte de los comicios y llevaron a cabo, a partir del lunes pasado, una “consulta nacional” para demostrar apoyo popular y desconocer los resultados electorales.
En medio de la crisis económica y política que azota al país, el domingo pasado se realizaron las elecciones parlamentarias en Venezuela, en las que apenas 6 de los 20 millones de habilitados para votar fueron parte de los comicios. El GPPSB, con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la cabeza, logró el 69% de los votos, adjudicándose 157 de los 277 diputados a elegir, acorde a las cifras divulgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Acorde a lo decidido en junio de este año por el CNE, hubo 110 nuevos escaños a disputarse. La duración de los cargos será por 5 años y asumirán la banca el 5 de enero de 2021. Hoy miércoles se elegirán quienes serán los diputados que representen a los pueblos indígenas, siendo los 3 cargos que aún quedan por elegir. El modo de elección será mediante un proceso de asambleas en las que se elegirán a voto cantado los diputados por cada región (sur, oriente y occidente), luego de que fuese eliminada por la CNE la elección directa, universal y secreta de los pueblos indígenas.
Ahora el chavismo vuelve a lograr la mayoría, la que solo fue cortada en el 2015 cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganara las elecciones parlamentarias, poniendo un alto a las mayorías absolutas que supo disfrutar desde el año 2000.
A pesar del boicot y la intervención judicial de varios partidos, coaliciones políticas como Alianza Democrática (17% de los votos), Alianza Venezuela Unida (4%), Alternativa Popular Revolucionaria (2%) y Soluciones para Venezuela (1%) fueron parte de la jornada electoral.
Ejemplo de esas intervenciones judiciales por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ocurridas en julio de este año, fue lo ocurrido con el partido Acción Democrática, que es parte de la coalición Alianza Democrática, y fue inscripto ante la CNE por la directiva impuesta por el TSJ. Lo mismo ocurrió con el partido Voluntad Popular (VP), del dirigente opositor Leopoldo López, cuya directiva fue despojada y la conducción fue entregada a otros miembros del partido que movieron a una fracción de VP para que se sumara a la coalición Alianza Venezuela Unida.
Esta acción fue repudiada por la Internacional Socialista, organización de la que VP es parte. En cuanto a la coalición Alternativa Popular Revolucionaria, varias de sus agrupaciones han sufrido intervenciones, como Patria Para Todos (PPT) y Tupamaro, que fuese despojado de su directiva. Fundado en 1979, su nombre es producto de la sigla “Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada” y ha apoyado al Chavismo desde 1998 y, además, mantiene contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización terrorista de extrema izquierda que opera en Colombia y en Venezuela.
Desde sus filas también han aparecido los colectivos, fuerzas paramilitares del chavismo que actúan como tropas de choque en las manifestaciones opositoras. Además, esta coalición está liderada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), tradicional aliado del chavismo y que se ha distanciado del actual presidente, Nicolás Maduro, por opiniones respecto al manejo de la crisis económica y política que el país padece hace más de 6 años.
En agosto de este año el secretario general del PCV, Óscar Figuera, afirmó al diario El Nacional de Venezuela que: “En Venezuela no hay socialismo, lo que hay es capitalismo dependiente y rentista que está en crisis profunda”. Estos tres partidos antes mencionados, previamente eran parte del GPPSB.
Lograr la mayoría en la Asamblea Nacional no solamente significa mayor poder político para Maduro, quien en 2017 intentó despojar de sus facultades al Poder Legislativo por estar en manos opositoras, sino que además permite mayor accionar a la hora de tomar decisiones económicas. Por ejemplo, es el órgano que puede aprobar acuerdos de exploración y extracción de petróleo, algo decisivo en una potencia petrolera como Venezuela. Asimismo, esta industria necesita capital para frenar el continuo descenso en su producción, que ya lleva años y es causado por la baja de los precios internacionales, como así también de la falta de inversión. Aumentando la dependencia economía del país con este sector productivo.
A su vez, otra cuestión que será importante es la situación de la oposición liderada por el actual presidente de la Asamblea Nacional y presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, quien debido a su boicot de las elecciones del domingo pasado no participó y con los resultados actuales deberá dejar su cargo el mes que viene, debilitando así su posición como alta figura opositora a Maduro.
Sumado a la apatía electoral que viene en aumento luego de la histórica votación del 2015 y con cinco años en que la oposición no ha sabido unirse para hacer un frente en común al chavismo, Guaidó no tiene la mejor de las relaciones con líderes opositores importantes como Henrique Capriles, Maria Corina Machado y Leopoldo López, quienes a su vez, no se llevan bien entre sí.
El último de estos episodios fue la decisión de Guaidó, en agosto de este año, de realizar una “consulta nacional”, la cual inició el pasado lunes y se hará de manera electrónica hasta el próximo sábado. Esta acción tiene como objetivo rechazar el resultado de las elecciones del pasado domingo, llamar a nuevas elecciones y probar cuánto apoyo popular tiene, a modo de buscar respaldos internacionales para ejercer mayor presión sobre el gobierno de Maduro. Serán tres preguntas que se deben responder, que podrá hacerse mediante una plataforma web, la aplicación de votación electoral móvil Voatz y la aplicación de mensajería Telegram.
Repercusiones internacionales por la votación
Estados Unidos calificó de “farsa” las elecciones en el país sudamericano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó en su cuenta de Twitter que «los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano». “Lo que está sucediendo hoy es un fraude y una farsa, no una elección», concluyó el jerarca.
En tanto, desde Rusia se ha visto transparente el proceso electoral en Venezuela. Acorde a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov: “el proceso electoral en Venezuela fue organizado de manera más responsable y transparente que en algunos países que suelen presentarse como un ‘ejemplo de democracia’”, sostuvo el Canciller en un comunicado. Además, como observadores de los comicios, estuvo el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. También hubo enviados de Turquía, Irán, España e, incluso, estuvo presente una delegación rusa compuesta por representantes de la cámara baja del parlamento ruso.
La Unión Europea como varios países americanos han rechazado la jornada electoral venezolana. El bloque europeo ha afirmado que “los resultados no pueden ser reconocidos”, acorde a las palabras del alto representante para la Política Exterior, el español Josep Borrell. “Los ministros (de Relaciones Exteriores) de la Unión Europea acordaron por unanimidad una valoración que dice que esta elección no cumplió con los estándares internacionales mínimos y no logró movilizar al pueblo venezolano a participar”, sostuvo el español en conferencia de prensa.
A su vez, a nivel americano, más de 15 países, incluidos los miembros del Grupo de Lima, afirmaron que las elecciones del 6 de diciembre “carecen de legalidad y legitimidad, porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”. Además, llaman a la comunidad internacional para “recuperar la democracia”. Entre los países firmantes se encuentran Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
En nuestro país la Cancillería publicó un comunicado de prensa en el que afirman que las elecciones en Venezuela no se llevaron a cabo con los principios y valores democráticos. En el documento se critica que “la preparación y desarrollo de estos comicios se apartaron de los estándares internacionales, debido a la inexistencia de órganos de contralor independientes e imparciales en el país, y por no regir actualmente en Venezuela el estado de derecho y la separación de poderes”. Asimismo, se llama a la vuelta del diálogo entre oposición y oficialismo.
