La sobredosis es la principal causa de muerte accidental en los Estados Unidos y el 73% es causada por el consumo de opioides. Recientemente el gobierno anunció un multimillonario programa estatal, mientras empresas farmacéuticas pagan grandes montos para evitar juicios y en California se considera habilitar espacios estatales de consumo.
Desde Mesopotamia con los sumerios, Babilonia y asirios, pasando por el antiguo Egipto y los pueblos griegos, Alejandro Magno y luego India y especialmente China con guerras contra los cárteles de Reino Unido, Francia y Rusia, el opio fue motivo de interés por sus propiedades como sedante y además base de distintas drogas.
Actualmente, Estados Unidos padece una epidemia de sobredosis y muertes relacionadas a opioides tales como heroína (elaborada a partir de la morfina), fentanilo farmacéutico o el fabricado ilícitamente (opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades -CCPE- de Estados Unidos) y la Oxicodona, fármaco que se vende bajo distintas marcas comerciales.
Este tema se ha vuelto tan importante en la agenda de este país que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo mencionó en su discurso del Estado de la Unión de este año afirmando el poder “vencer” la epidemia de opioides. El pasado 19 de mayo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el lanzamiento del programa estatal de Subvenciones de Respuesta a Opioides por un valor de US$ 1500 millones. Al día siguiente, durante su discurso por el día de las Fuerzas Armadas, Biden reiteró la importancia de esta lucha al afirmar que es un “tema clave”.
El año pasado murieron 103.598 personas en ese país por sobredosis relacionadas a drogas, según CCPE, cifra que sobrepasa los muertos que tuvo Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, la Guerra en Afganistán y la invasión de Irak en 2003 combinadas. Además, el 73% de las muertes por sobredosis fueron causadas por opioides, según CCPE.
Ante tal situación surgen distintas propuestas para combatir la epidemia de sobredosis que van desde la legalización de salas de consumo supervisado (SCS) para que los adictos puedan consumir o juicios contra empresas farmacéuticas que han promocionado y vendido Oxicodona en varios formatos.
En el Parlamento de California, llamado Legislatura Estatal de California, el senador demócrata Scott Weiner propuso a fines de diciembre del año 2020 una ley que permita a varias ciudades de ese estado la creación de las SCS como modo de respuesta a la cantidad de muertes por sobredosis que ha tenido California, que según el CCPE fueron 11704 en el 2021, un aumento de 22,23% respecto al 2020. “Las muertes por sobredosis en California son una crisis urgente de salud pública. La sobredosis ha sido la principal causa de muerte accidental en los Estados Unidos y en California cada año desde 2011”, menciona el proyecto de ley titulado: “Sustancias controladas: programa de prevención de sobredosis” que inicia afirmando que “la ley existente tipifica como delito usar o estar bajo la influencia de sustancias controladas específicas”.
El proyecto de Weiner autorizaría a los condados de San Francisco, Los Ángeles y a la ciudad de Oakland a aprobar que “entidades” operen “programas de prevención de sobredosis” que deban incluir “espacio higiénico supervisado por personal capacitado donde las personas que consumen drogas puedan consumir drogas preobtenidas, proporcionar insumos de consumo estériles, proporcionar acceso o referencias para el tratamiento del trastorno, y que el personal del programa esté autorizado y capacitado para proporcionar la administración de emergencia de un antagonista de los opioides”. Por antagonista de opioides se refiere a Naloxona y Naltrexona, medicamentos utilizados en el tratamiento de sobredosis/intoxicación de opioides.
El proyecto fue aprobado en ambas cámaras en California luego de varios intentos fallidos por parte de otros legisladores, como el caso de Susan Eggman, quien en 2018 vio vetado su proyecto por parte del entonces gobernador demócrata Jerry Brown quien afirmó en ese entonces para fundamentar su acción: “No creo que permitir el uso de drogas ilegales en centros de inyección patrocinados por el gobierno, sin el requisito correspondiente de que el usuario se someta a tratamiento, reduzca la adicción a las drogas”. A esto le agregó: “Nuestro objetivo principal debe ser reducir el uso de drogas ilegales y opioides que diariamente esclavizan a los seres humanos y causan estragos en nuestras comunidades. California nunca ha tenido suficientes programas de tratamiento de drogas y no tiene suficientes ahora”.
Ahora el proyecto debe esperar la respuesta del comité de seguridad pública que se reunirá hoy miércoles para votar sobre esta ley. De ser aprobada tendría el camino libre para volver a ser votada y aprobada otra vez.
Gigantes farmacéuticos condenados a pagar millones de dólares en reparaciones
Además de los opioides ilegales, también existen analgésicos para el tratamiento del dolor intenso como la Oxicodona, la cual se vende bajo distintas marcas como Roxicodona u OxyContin, esta última desarrollada por Purdue Pharma. Este producto se vendía desde mediados de la década de 1990 bajo la premisa que tenía “menos de 1% de probabilidades” de causar adicción. Actualmente, estados como West Virginia y Ohio son algunos de los más afectados por la epidemia de opioides.
La semana pasada, abogados del estado de West Virginia y de la farmacéutica Teva y AbbVie Allergan lograron un acuerdo el pasado miércoles por un valor US$ 161,5 millones acorde a Associated Press. Bajo este acuerdo tentativo, West Virginia recibiría US$ 134,5 millones en efectivo mientras que Teva suministraría por un valor de US$ 27 millones a dicho estado con Narcan, medicamento en base a Naloxona para revertir sobredosis de opioides. Esto se suma al acuerdo logrado en abril de este año entre West Virginia y Janssen Farmaceútica, subsidiaria de Johnson & Johnson, por un valor de US$ 99 millones.
Según el diario estadounidense The Herald Dispatch, desde West Virginia se afirma: “El estado afirma que las empresas farmacéuticas crearon una alteración del orden público y violaron la ley de protección al consumidor de West Virginia mediante la caracterización errónea y fallando revelar el grave riesgo de adicción a los medicamentos opioides recetados”. Además, sostienen que “las compañías exageraron los beneficios de la terapia crónica con opioides y promovieron la idea de que los médicos deberían prescribir dosis más altas sin revelar el mayor riesgo involucrado”.
Respecto a Ohio, a principios del mes pasado se logró un acuerdo judicial según la que las cadenas farmacéuticas CVS Health, Walgreen Boots Alliance y Walmart Inc deberán pagar un plan para atender la crisis de los opioides en este estado por un valor US$ 878 millones debido a su contribución en la misma, según informa Reuters. “Un jurado federal decidió en noviembre que las compañías crearon una molestia pública al inundar los condados de Lake y Trumbull en Ohio con analgésicos recetados adictivos que terminaron en el mercado negro, en el primer juicio que enfrentaron las cadenas de farmacias por la crisis”, destacó.
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