Las medidas adoptadas por el fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, motivaron la protesta de la Intersocial Feminista y una solicitud de investigación del fiscal de Corte Juan Gómez. Iglesias sustituyó a la cuestionada fiscal Lovesio quien solicitó el cambio de turno.
El 9 de mayo asumió el Dr. Raúl Iglesias como fiscal del 4º turno de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, sustituyendo a la Dra. Sylvia Lovesio. Iglesias se desempañaba como responsable del 2º turno dedicado a investigar casos de violencia doméstica. Según informó La Diaria, por decisión del fiscal de Corte, Juan Gómez, se hizo un enroque entre los turnos de ambos fiscales.
De acuerdo a la Fiscalía el cambio se debió al “desgaste que implica atender los casos de delitos sexuales”, ya que hay una carga de trabajo “notoriamente diferencial” y Lovesio desde un tiempo lo había requerido. La fiscal había sido duramente cuestionada por periodistas y abogados penalistas por su actuación en la denuncia de violación grupal en Cordón. El periodista Ignacio Álvarez incluso se refirió a casos judiciales anteriores en los que Lovesio participó y señaló que «hay fiscales y jueces tendenciosos» y «casos notoriamente flechados».
Una de las primeras medidas adoptadas por el fiscal Iglesias fue cambiar la medida cautelar preventiva de prisión por domiciliaria a los imputados en el caso del referido del Cordón. Además, ordenó el archivo de casi 300 denuncias por supuestos delitos sexuales, debido a que no había nuevos elementos para continuar.
En el programa Doble Click de Radio Del Sol, Iglesias señaló que él no pidió el cambio de turno y que estaba trabajando en cosas importantes en la antigua fiscalía. «¿Qué es lo primero que hicimos? Lo mismo que hice cuando asumí en diciembre del 2020 la otra fiscalía de Violencia Doméstica: veo cuántos casos hay”, indicó.
“Veo 900 y pico de casos, me parecían muchos. Había algunos que hace dos o tres años que no se abrían, había casos que no había ninguna evidencia útil para continuarlos, por más de que sean casos graves, yo entiendo, no soy insensible”, aseguró. Iglesias explicó que no había posibilidad de continuación útil de la indagatoria porque no tenía elementos para continuar. «Si no se hicieron las pruebas en su momento, si los testigos no se recabaron, si la víctima no se encuentra, ¿cómo puedo seguir yo ese caso?”, expresó. También subrayó que tiene 700 casos más en estudio y si se pueden continuar con los datos existentes, lo hará.
Iglesias criticó que desde la fiscalía General se maneje un doble criterio y se habla de que “hay que depurar y priorizar” los expedientes, pero “cuando el fiscal lo hace, lo castigan”. Es que el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, solicitó que se iniciará una investigación debido al archivo realizado por Iglesias. La solicitud se cursó al Departamento de Políticas Públicas. Días antes, la Intersocial Feminista había cuestionado la decisión del fiscal Iglesias y se reunió con Gómez por ese tema.
Frente a la investigación que se planteaba, Iglesias se mostró molesto porque entiende que no se respeta su independencia técnica y dijo que la investigación por el archivo de los expedientes “no corresponde”. “Si eso no es invasión a la independencia técnica, que me digan qué es. Técnicamente el procedimiento para revisar los archivos está establecido en el Código del Proceso Penal y lo tiene que solicitar la víctima, su representante, el denunciante y el que lo revisa es el juez. En ningún lugar se menciona al fiscal de Corte”, agregó.
Iglesias advirtió que el fiscal Gómez había cedido frente a las presiones de la Intersocial Feminista. En declaraciones al programa Arriba Gente (Canal 10) dijo: “Para qué me voy a reunir si cede a la presión de la Intersocial y se preocupa de la víctima él y quedo yo como el malo, para qué voy a ir a hablar, no tengo que hablar nada. ¿Qué respaldo tuve yo de la Fiscalía General de la Nación, del fiscal de Corte? Ninguno. Al contrario, cuestionamientos”.
Con respecto a la falta de respaldo acusada por Iglesias, el fiscal Gómez señaló que él no había instalado el tema en la opinión pública. “No fui yo como fiscal de Corte quien instaló todos estos temas en la opinión pública. En realidad, estoy analizando, tratando un tema, que no busqué, que de ninguna forma lo impulsé, pero tengo que cumplir con mi deber con la función que cumplo. Nada más”, sostuvo en Radio Montecarlo.
En medio de este cruce, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU), manifestó su “preocupación” por lo que entienden que son “presiones” recibidas en la fiscalía desde “organizaciones, grupos de presión u operadores”. En la misiva indicaron que de esta manera se podría estar afectando el artículo 5 de la ley 19.483, que señala la independencia técnica. Este artículo indica que “los fiscales gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, la que consiste en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma, para proceder de una determinada manera en cada caso concreto”. Para los abogados penalistas existe una “campaña de desprestigio por determinados sectores” contra el fiscal Iglesias.
Repercusiones políticas
El presidente Lacalle Pou pidió “bajar los decibeles”, no mediatizando la discusión, porque “no le hace bien a la población, ni a la fiscalía”. “Es un tema muy sensible, el de la fiscalía, porque es un actor principal del sistema judicial. Este tema, en particular, es de extrema sensibilidad”, dijo Lacalle en referencia al caso de los investigados que pasaron a prisión domiciliaria por el caso del Cordón.
“Si el presidente de la República respalda o no al fiscal Gómez no digo que poco importe, pero no alcanza”, dijo Lacalle Pou y aclaró que, aunque dentro de la coalición se estuviese de acuerdo con sustituirlo, no estarían los votos necesarios en el Parlamento porque se requieren mayorías especiales, o sea votos de la oposición.
La vicepresidenta Beatriz Argimón se expresó frente a la decisión de Iglesias de archivar los expedientes. “Como corresponde soy muy cuidadosa respecto de la independencia técnica en todos estos procesos, pero el anuncio por lo menos me llamó la atención”, dijo. Al ser consultada sobre las denuncias de presión de grupos feministas hacia el fiscal general, acotó: “Yo no sé si él sufrió presiones o no, lo que sí sé es que quienes llevamos adelante actividades públicas, uno de los temas a los cuales tenemos que estar preparados, es a recibir opiniones de las más diversas. Y en ese sentido me parece que jueces, fiscales y actores políticos sabemos que las opiniones de colectivos o la ciudadanía son un elemento a considerar, pero no significan presiones”.
Por su parte, el senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) respaldó el accionar de Iglesias. “Apoyo al fiscal Iglesias que aplica el Derecho y la Justicia, negándose a ‘cobrar al grito’, como pretenden los partidarios de la ideología de género que desean una Justicia flechada al servicio de una doctrina extravagante y maligna”, escribió en Twitter.
En tanto el expresidente José Mujica sostuvo que el tema “ha tomado un tono un tanto periodístico y partidista”. “La Justicia se puede equivocar, pero no es bueno que la presionemos”, agregó. En declaraciones a Radio Universal, Mujica afirmó: “Solemos olvidar que cada fiscal tiene su autonomía y que el fiscal general no puede entrar en el campo de las resoluciones, sí orienta el tono general de los procedimientos”.
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