Ante el decreto que rebaja los aranceles a las harinas y aceites, el Ing. Agr. Carlos Reyes dijo que las pequeñas y medianas empresas son las que “generalmente sufren primero” el impacto de medidas como las decretadas, porque “tienen menos espalda”.
El 17 de mayo el Gobierno anunció la baja de los aranceles para la harina de trigo y aceite vegetal. Aquellos productos que proceden de Argentina bajarán del 12 a al 6 % y los aceites del 16% al 8%; con la eliminación de los aranceles para los productos que llegan desde fuera del Mercosur. Aunque el anuncio de la medida fue en mayo, el decreto se publicó el 20 de junio.
Ante eso más de cien trabajadores del sector molino se manifestaron y las empresas del sector antepusieron un recurso de amparo ante la justicia. Tal lo informado por La Mañana en su última edición, el martes 26 de julio las partes fueron convocadas a la sede judicial de la calle San José donde hubo una instancia de conciliación. En esa oportunidad el juez Gabriel Hagopian convocó nuevamente a las partes para el jueves 28 de julio, instancia a la que concurrió como testigo de los trabajadores el Ing. Agr. Carlos Reyes, coordinador general de Cooperativa de Trabajadores de Molinos Santa Rosa.
El sábado 30 de julio, Reyes fue consultado sobre el tema en el programa La voz de La Mañana donde precisó que la noticia del decreto los “sorprendió” porque no tenían previsto que eso pasara ya que “cambia una estructura que tiene 20 años y que trata de eliminar asimetrías que van en contra de las distorsiones que Argentina hace al libre mercado” a través de sus diferentes políticas como “las retenciones, las declaraciones juradas de exportación, los subsidios y otras que tiene que ver con la macroeconomía, la inflación, los diferentes tipos de cambios”, todo lo que “se internaliza en los costos de producción y genera distorsiones que afecta la competitividad más allá de la productividad industrial en sí”.
“Es importante aclarar que la industria nacional no pretende que la subsidien, sino que se eliminen las asimetrías que van contra del libre comercio”, aclaró.
Reyes agregó que fueron 100 los trabajadores firmaron la acción de amparo, “pero en la manifestación hubo más de 300”, y que desde la empresa junto a otras dos del sector se impuso “un recurso administrativo” porque “nos cuesta creer que cambiemos las condiciones para desfavorecer la industria nacional frente a la competencia con la industria argentina”.
Cabe agregar que los cien trabajadores corresponden a las empresas Molino San José, Molino Santa Fe, Río Uruguay SA, Cooperativa de Trabajadores Molino Santa Rosa, Cooperativa de Trabajadores Molino Florida, Molino Carmelo, Molino Dolores, Molino Cañuelas y Cousa.
Según uno de los informes el arancel para las harinas debería ser del 19%
Sobre el impacto que la medida tendrá en las empresas uruguayas dijo que “es difícil” hacer la estimación y que “calcular el precio de paridad de importación de la harina argentina es complejo”.
El recurso de amparo incluyó dos informes técnicos, uno elaborado por la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria (Opypa) y el otro por el Ing. Quim Washington Duran.
“Increíblemente el de Opypa está fechado el 6 de junio” cuando se trata de “los anuncios técnicos para los cambios de aranceles que fueron el 17 de mayo, el informe técnico que respalda el decreto es posterior al anuncio”, observó.
Ambos documentos “llegan a conclusiones muy diferentes. Uno dice que “no impactaría la rebaja de aranceles y el otro dice que en el caso de las harinas el arancel no debería estar a 12% sino a 19% por las condiciones puntuales de Argentina”. A su vez, “nuestra empresa está elaborando un informe que contempla otros factores de la macroeconomía y que estará pronto a mediados de agosto”, agregó Reyes.
Asimismo, cuestionó que “la política pública no se puede basar en el análisis de un mes” como el informe oficial que solo contempla el mes de mayo. “Hay que ir a los históricos”, además de que “los coeficientes que se usan para hacer los cálculos no representan los coeficientes promedio de la industria nacional”.
Las pequeñas y medianas empresas son las que “generalmente sufren primero” el impacto de ese tipo de medidas porque “tienen menos espalda”.
Un dato relevante aportado por Reyes es que en mayo las empresas del sector acordaron “no transferir el precio internacional al costo de la harina”, en el caso particular de “nuestra empresa durante ese mes nos descapitalizó un 20%”.
En su estructura de costos, la harina se podría comparar con los combustibles, con el 86% del peso en la materia prima “y así es en todo el mundo, entonces los pequeños cambios que se den generan sensibilidad en el precio de la harina”.
Se espera una pronta resolución
El lunes 1° de agosto se presentan los alegatos y la sentencia será entre el martes 2 y miércoles 3.
Reyes advirtió que la situación de las harinas es “un poco peor” que la de los aceites. En éstos la baja de aranceles “es a la mitad, pero en las harinas es un poco peor porque no se hace en forma temporal, sino que queda permanente y por eso se planteó la acción de amparo ahora, es el único momento en que se puede hacer, sino ya queda definitivo”.
Otro recurso es el administrativo que puede llevar 2 años resolverse ante el Tribunal de Cuentas. “Si esto sigue así los impactos son de una magnitud importante y muchas industrias no van a quedar de aquí a dos años”.
“A la industria nacional le costó mucho esta estructura previa a los decretos. Cuando recién se inició este marco había más de 20 molinos, hoy quedan siete empresas y este puede ser otro golpe”.
La guerra acentuó las dificultades
El Ing. Reyes comentó que en el mundo hay “ya había dificultades con la pandemia, y se fueron acentuando, ahora la guerra las acentuó por la incidencia que tiene esa zona en la producción” agrícola.
El trigo pasó los máximos de la historia superando los US$ 500 la tonelada; otra cosa que “repercute muchísimo” es el costo energético con la suba del petróleo.
Toda esa situación “genera mucha incertidumbre y reacomodo, también estamos con algunos conflictos en el bloque regional, eso se junta y es un combo difícil contra el cual las empresas debemos luchar”.
Uruguay “es un país que está acostumbrado a la estabilidad en sus normas y condiciones”. Diferente es lo que pasa en Argentina, “hace unos días estaba con un colega argentino que decía que comenzaron planificando cada tres meses, luego a un mes y ahora se tienen que reunir todos los días porque no saben qué van a tener al día siguiente”.
El tercer estudio técnico
El Ing. Reyes informó que se está preparando un tercer estudio técnico. Consideró que las diferentes conclusiones a las que arriban los informes de Opypa y del Ing. Quim. Duran se explican por “un problema de metodología y por eso estamos generando un tercer estudio técnico”.
“No es sencillo calcular la paridad de importación de un precio industrializado en Argentina porque es la economía del mundo más intervenida: En las retenciones, en las declaraciones juradas, los seguros puntuales, el tipo de cambio, la informalidad que en Uruguay se calcula en un 20% y en Argentina del 40%; los sueldos que se pagan en el mercado informal son la mitad del formal y eso incide en los costos de producción”.
Lo que se necesita es “generar información confiable y eso no se hace con el estudio de un mes que es la principal debilidad del trabajo de Opypa”.
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