Más del 70% de los reclamos que se presentaron ante el Área de Defensa del Consumidor durante el 2020, correspondieron a temas vinculados directamente con la ley de Inclusión Financiera.
Desde el inicio de su tratamiento y hasta su promulgación, el 29 de abril de 2014, la ley de Inclusión Financiera estuvo rodeada de polémica por entenderse que era una forma de ejercer una suerte de control excesivo sobre el manejo de los dineros del ciudadano. Para otros la protección del sistema financiero ante lo que se consideraba un avance del lavado de activos, poniéndose topes hasta US$ 10 mil para las transacciones que se realizaban fuera del control de las autoridades financieras del país. La Ley generó varios debates, proyectos de referéndum derogatorio y ajustes sobre la marcha y en su implementación, además de cambios que se introdujeron dentro de la LUC.
Reclamos varios
La puesta en práctica de la Ley obligó a miles de ciudadanos a utilizar la tarjeta como forma de recibir sus haberes ya sea salarios, jubilaciones y/o pensiones, como así también realizar sus gastos. En el año 2020, de los reclamos que se presentaron ante el Área de Defensa del Consumidor, más del 70% correspondieron a planteos directamente vinculados con la ley de Inclusión Financiera, siendo uno de los más reiterados la no devolución del porcentaje de IVA en las compras con tarjeta, a lo que se sumó la exigencia de consumo mínimo para los gastos con tarjeta.
La Ley de Urgente Consideración derogó el año pasado el artículo 64 de la ley de Inclusión Financiera, lo que eliminó la exigencia para que los comercios aceptaran medios de pago electrónico sin poder fijar un monto mínimo para su uso, lo que ahora queda librado al criterio del comerciante, por lo que algunos rubros como farmacias, almacenes y ferreterías podrán poner un mínimo para abonar con tarjeta.
La disconformidad se hizo sentir con el paso de los días y los reclamos comenzaron con aquellos que por diferentes razones no han podido manejar correctamente su tarjeta, pasando por aquellos que por una cuestión de lejanía de su vivienda con el lugar donde se ubican los cajeros, los obliga a pedir algunos “favores” que pueden transformarse en negocios riesgosos.
En el interior profundo del país hay personas que deben recorrer hasta 100 kilómetros para poder cobrar sus haberes, motivo por el cual se recurren a vecinos, amigos y hasta los choferes de las unidades de transporte que llegan a la localidad para que cumplan con el trámite. En ese momento se pierde el control del dinero que debería ingresar al hogar.
Para todo: tarjeta
El manejo inescrupuloso por parte de algunos comerciantes ha generado una multiplicidad de denuncias provenientes de los titulares de las tarjetas, cualquiera sea el emisor y hasta el uso que se le de a la misma.
En los últimos días hemos recibido un número importante de denuncias que realizaban usuarios de tarjetas Mides, que acusaban a los empresarios registrados como comercios habilitados de incurrir en diversas modalidades de «fraude». En el departamento de Rivera ya sea capital o interior los usuarios reclaman por el sobrecosto que se aplican a las mercaderías que se compran utilizando el «plástico», a pesar de lo cual se detectan largas colas con horas de espera.
Se puso en conocimiento de los hechos a la directora departamental del Mides de Rivera, la señora Natalia López, quien expresaba que «los comercios registrados para brindar el servicio lo deberán hacer con las condiciones marcadas en el compromiso, y es que no están autorizados a remarcar el precio contado. En todos los casos se considerará el pago con tarjeta como contado efectivo», expresó.
Pero a este reclamo se suma una nueva modalidad que transforma al empresario en prestamista. Los principales denunciantes de la maniobra son principalmente pequeños y medianos comerciantes, los que se ven claramente perjudicados por la maniobra. El titular de la tarjeta le solicita al comerciante una cantidad de dinero en efectivo, siempre dentro del límite autorizado, lo que es concedido por el mismo entregando al solicitante la cifra acordada, pero con la retención de la tarjeta por parte del empresario. Al llegar la fecha de recarga de la tarjeta el comerciante «pasa» la tarjeta descontando el importe adelantado más un recargo y allí devuelve la tarjeta a su titular.
El inconveniente se repite días más tarde, ya que los dineros vuelven a faltar y el préstamo se renueva y las cifras de deuda se agrandan hasta que el beneficiario se queda sin margen de crédito para poder operar. La directora del Mides también se refirió al tema en cuestión expresando que «la información está, pero se necesita formalizar una denuncia para poder llevar a los responsables ante la justicia. Se genera un vínculo muy cercano entre el usuario y el comerciante y se hace muy difícil convencer a este último a que realice la denuncia».
Ajustes en la norma
En su origen, la ley establecía que los proveedores o comercios que decidieran aceptar tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico no podían cobrar por los productos o servicios que ofrecieran un precio mayor si el pago se realizaba mediante estos instrumentos o en efectivo, incluyendo las diferentes promociones. Hoy no existe ninguna que impida al comerciante poner los mismos precios entre las diferentes modalidades de pago contado, por lo tanto, debería tener la libertad de hacerlo si así lo decide. Como resultado han aparecido numerosas ofertas en favor de pago en efectivo.
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