Preguntémoslo en relación (o a consecuencia) de la sequía. Si debería ayudar el gobierno es la pregunta que surge cuando se ve productores rurales molestos ante las pocas medidas y su lenta ejecución. Y allí ya se abren dos temas: las medidas y su propia implementación.
Sequías hubo, hay y habrá de futuro. Cuántas y de qué intensidad es la incógnita. Si serán más frecuentes o no dependerá de cosas que no están en nuestras posibilidades de predicción. Mientras tanto, la pregunta que todos nos hacemos es qué debe hacer (si algo) el gobierno, no solo si lo que plantea es suficiente sino más que eso, si corresponde o no hacer algo, ya que se descuenta que cualquier cosa que haga, es un peso sobre el contribuyente.
Hay medidas financieras, administrativas, y una operativa de compra y distribución de alimentos de ganado. Las financieras muy positivas (aunque demasiado lentas en su ejecución) implican algún financiamiento (aproximadamente US$ 10 mil) por productor pequeño y mediano, con tasas del 2% en dólares cubriendo el MGAP la diferencia, lo que significaría por cada uno un máximo de subsidio del orden de US$ 500. Se complementa con un sistema de garantías para préstamos de capital de trabajo de mayor monto, para productores chicos, mediano y algo mayores, que en los hechos ha funcionado muy bien con los créditos de pandemia y no significaría subsidio alguno.
Las administrativas, básicamente corrimiento de créditos y de impuestos, son de norma y tambien se dieron en pandemia. Hay pues un reconocimiento de que el agro, que no pasó por la pandemia, ahora está enfrentando un fenómeno de similar cuantía. Se complementó con una rebaja de la electricidad (de todas formas, la UTE no pierde ya que su costo marginal es menor), no aumentando las rentas del INC, pequeñas donaciones de Ancap, Alur y acciones puntuales de las Intendencias y del Ejercito Nacional.
Hasta aquí, ningún esfuerzo que no hubiera hecho un banco privado o un acreedor de cualquier naturaleza: conceder plazo y condiciones para que quien esté en el CTI se reponga y pague.
Diferente el caso de la entrega de alimentos animales, que implica un subsidio y a su vez una logística cara y complicada como se vio en ocasiones anteriores en que fuera usado. Sistema que a mi juicio debió ser sustituido por un subsidio directo de entender el Poder Ejecutivo que era necesario por el carácter de productores familiares (sic) de los recipientes del mismo. A esto se le adiciona entrega de agua mediante camiones cisterna, lo que también se hiciera con la población urbana, pero en este caso se extendiera en algunos casos para consumo animal.
Todo esto no ataca los problemas de fondo que no son repartir agua y raciones, sino solucionar un montón de problemas de competitividad que tiene el agro. Porque si se perdió US$ 2 mil millones a US$ 3 mil millones, la discusión no puede estar en si corresponde o no proporcionar 4 millones en raciones (0,15% de la perdida) de lo cual solo una parte es subsidio. Menos aun cuando, mientras los funcionarios públicos no iban a trabajar y seguían cobrando sus salarios (2021), el sector y particularmente la ganadería entregaba voluntariamente para hacerle frente al Covid una cifra del orden de 100 millones de dólares: 1% a las ventas y entregas INAC e INIA. Por otra parte, sigue apoyando socialmente a través de millones de dólares anuales de carne para los comedores públicos (INAC) y decenas de millones (coercitivamente) al transporte colectivo y ni que hablar de las enormes transferencias de recursos de todo el sector agroexportador a importadores y consumidores o sea ciudadanía en general casi toda urbana.
De todas formas, aun aceptando que se ayude (por esos u otros caminos) a los productores familiares, el cerno de la agropecuaria no es ese. Es sí el cerno de la ruralidad, del tejido social, tiene importancia innegable, pero al margen de su persistencia, para lo cual necesita apoyo, hay que dar condiciones al resto del sector para que se reponga, crezca, vuelva a invertir y saque a flote al país, fundamentalmente al interior. Gente que todos los días va chocando con problemas de competitividad. Que si no es del tipo de cambio es de otro tipo, o peor aún: sumados.
Sobre la ruralidad/población rural un último comentario: quizás haya llegado la hora de defenderla, su significación es mínima en el total nacional y constituye un récord mundial por lo baja, lo que en el fondo es sinónimo de desatendida. Se escribió sobre ello en este semanario. Los gobiernos europeos lo han comprendido, Uruguay debería repensarlo. No se trata de subsidios, pero sí de acceso a servicios, de buenas vías de acceso, hasta de jerarquización de su contenido humano.
Lo que hay que pedirle al Gobierno son cambios estructurales. Cambios que permitan, ayudando a su vez a los productores familiares, que las medianas y grandes empresas del agro se desarrollen a pleno. Esto es fundamental para las medianas empresas, que son en sí las que nuclean el grueso de la producción, ya que las grandes necesitan menos apoyo tanto por economía de escala como por tener acceso a mecanismos del tipo de la COMAP y en general tratarse de fuertes empresas integradas tanto verticalmente como con los mercados.
Como se hiciera en dos momentos del pasado reciente: agosto de 1978 (llevando al agro un esquema liberal que comenzara en 1973 con el tipo de cambio y el sector financiero) y a principios de los 90. Muchos lectores ignoraran que hasta 1978 algunos burócratas fijaban el precio del ganado al productor, y que todos los frigoríficos pagaban lo mismo lo que unido a la existencia del Frigorífico Nacional daba estancamiento de la producción, vedas y fronteras internas de la carne. Un paquete de medidas, lanzó entonces las bases para la actual presencia de la agroindustria en la producción nacional.
Eso, y en esas circunstancias, es lo que el actual gobierno le debe al país: desarmar mecanismos que se han probado no adecuados, cuestionarse otros que deberían reformularse, medir la protección excesiva que se le ha dado a algunas industrias proveedoras de insumos generalmente con excusas técnico sanitarias desarrolladas por los mismos beneficiarios de las políticas. En general, permitirse dudar de todo para después sí, encontrar el camino adecuado. Hasta inclusive dar marcha atrás con alguna de las medidas tomadas del 2020 para aquí.
Sobre competitividad, los sectores exportadores siempre han insistido en el tipo de cambio, factor que es potente e instantáneo para la promoción de todas sus actividades. Pero tiene en contra que no es duradero en sus alcances. Lentamente, inflación, salarios, peso del Estado, costos previsionales, tarifas públicas, pérdidas de eficiencia de la economía, etc., van erosionándola. ¡Claro que hay que corregir este manifiesto y confeso atraso cambiario! Pero no es suficiente. No es cuestión de ir y decir: como hay sequía aumente el tipo de cambio. Pero se puede decir: porque hay sequía no se sigan aplicando transferencias de ingresos hacia otros sectores a través del tipo de cambio.
Conste que no se trata de un tema científico ni requiere la creación de un GACH para ello, tampoco para riego como se ha planteado. Lo que requiere es un adecuado compromiso poniendo a los ministros del caso con todos sus equipos técnicos e instrucciones precisas del presidente a trabajar en los temas; todos ellos, es decir todos los ministros y todos los temas, en particular Economía, Trabajo, Relaciones Exteriores, Ganadería, Industria, Transporte y Ambiente. Desarrollar la agenda con las gremiales del caso resulta de orden. Es un tema político, disfrazarlo de técnico a través de un GACH o similar es, utilizando una frase del presidente de la República, “sacar el lazo de la pezuña”.
En caso contrario se va a ir este gobierno, que fue votado porque prometió cambios estructurales, sin hacer ningún cambio estructural. Lo único estructural que hizo fue crear un ministerio más, crear direcciones de género, crear institutos de cantidad cosas de discutible necesidad e importancia como el INBA y el de la Granja, así como establecer crecientes regulaciones en todos los ámbitos.
Hemos escrito algunas ideas sobre ello en columnas anteriores, hemos sostenido que faltan políticas adecuadas, sus repercusiones sobre costos de producción son potentes.
Me refiero con esto empezar a mirar por qué tantos registros, tantos permisos, por qué el agro paga (y pierde) tanto IVA, por qué tantos impuestos ciegos, por qué costos tan altos en la actividad logística, por qué esa falta de productividad de la mano de obra en las agroindustrias que finaliza retaceándole ingresos al productor primario y a sus empleados, por qué existen tantas cosas que en realidad en lugar de estar promoviendo la producción, la están hundiendo; porqué pagar $5 de fideicomiso del gasoil en cada litro, por qué un sistema de distribución de combustibles que no se termina de cambiar y en todos los temas, la culpa siempre la tiene otro. Es hora de que el Poder Ejecutivo asuma su responsabilidad.
A eso debe sumarse lo institucional; un conjunto de herramientas creadas por leyes, algunas anacrónicas como la de colonización de 1948, pero también otras que deben ser reformuladas como la del INIA, o la de INAC así como organismos como el SUL, el Plan Agropecuario y suma y sigue.
No debería dejarse de lado en lo legal las relaciones laborales, buscando mecanismos modernos que premien la productividad y castiguen la desidia, presente muchas veces en todos los procesos.
El análisis y la solución de esto, y otros puntos, aumentaría la competitividad de la producción agraria nacional en todos los tiempos: con o sin sequía, y no debe estar fuera del paquete de herramientas a adoptarse.
Cada planteo de esta naturaleza choca contra argumentos, o bien en el sentido de la poca conveniencia de las reformas (parte del país lo hace), como de que no es el momento político adecuado dado el avance del período de gobierno, o los problemas que este debió enfrentar (COVID). En un caso tratan de evitar los cambios, en el otro tratan de esbozar una defensa política del gobierno. Ni una ni la otra cosa son de recibo: respecto a las reformas, 50 años creciendo en promedio al 2% y perdiendo posición relativa en el concierto mundial y americano dan por imprescindible un cambio de actitud. Respecto a la segunda debería recordarse a Luis A. de Herrera y su frase “La quilla de nuestro barco hiende mejor las aguas embravecidas”. No en vano hubo gobiernos muy reformadores con reformas en la mala dirección, pero quisieron y pudieron hacerlas. Un ejemplo: el primero de Vázquez, que reformó la enseñanza, la seguridad pública, la política impositiva, la salud pública, la seguridad social, la política de combustibles y podría seguir listándose cosas.
Pero ser bien claros: a esta altura ni lloviendo se arregla la pérdida económica enorme que está teniendo el país todo. Políticas adecuadas buscando el rápido desamarre de la agroindustria, se vuelven imprescindibles.
*Ingeniero agrónomo (M. Sc.), economista agrícola y productor rural
TE PUEDE INTERESAR
