Dentro de los temas presentes en el 106° Congreso de la Federación Rural, el agua no podía faltar. Al respecto el Dr. Enrique Guerra, catedrático de Derecho Agrario de la Udelar realizó una exposición acerca de los aspectos más relevantes de nuestras leyes de riego.
En el marco del debate actual existente en torno al problema ocasionado por el déficit hídrico, se realizó una mesa expositiva sobre el tema del agua y el riego, integrada por el Dr. Enrique Guerra, el Ing. (Ph.D.) Rafael Terra, y los ingenieros agrónomos Bernardo Böcking, Martín Mattos y Claudio García.
La disertación del Dr. Enrique Guerra, autor de varias publicaciones, -entre las que se encuentra “Los derechos sobre el agua en la actividad agraria” del año 2004-, estuvo referida al riego y al agua, enfocando los aspectos jurídicos que fueron desarrollando los mecanismos y los instrumentos para realizar obras de riego o hidráulicas en general en Uruguay.
El régimen de riego de nuestro país se compone de dos leyes. La primera es la ley de riego 16.858 del año 1997 y la segunda ley de riego 19.553 del año 2017. Es fundamental tener en cuenta que ambas leyes no son leyes estatutarias, es decir autosuficientes para regular el riego como tal, según lo expresó Guerra, por lo que a estas leyes hay que vincularlas con otras normas como el Código de Agua y ley de Política Nacional de Aguas.
De manera que el régimen de riego forma parte de una ecuación mucho más compleja jurídicamente y es un área especializada del llamado derecho de aguas. Este derecho de aguas está considerado dentro del derecho de bienes y de cosas como el más complejo de todos. Y lo es por una razón muy sencilla, dijo Guerra: “La ley del agua no es la ley que el hombre quiere aplicarle al agua, sino que es la ley que el agua permite que el hombre le aplique. Y esa es una condicionante muy importante y que determina una cantidad enorme de dificultades. Pero al mismo tiempo determina una premisa que hay que siempre tener en cuenta: Cualquier medida que se quiera adoptar en materia de aguas tiene que estar fundada en la experiencia, en la observación, y sobre todo en el conocimiento científico. Porque cualquier falla que se haga en esto las consecuencias pueden ser muy negativas y muchas veces irreversibles en muchos sentidos. De esta forma que esta es una premisa fundamental. Todo el código y todo el régimen del agua se basa en cuestiones técnicas del comportamiento del agua. La unidad del ciclo hidrológico y el principio de territorialidad, esa son las bases de las que se componen”, sostuvo Guerra.
¿Qué función cumplen las leyes de riego?
Las leyes de riego, explicó el experto, son un puente comunicante entre el código de agua y un destino específico que son las exigencias y particularidades de la agricultura. Primero, porque el código de agua no regula los destinos del agua, sino que contiene el régimen de las estructuras del sistema de aguas. Pero los destinos no son regulados. Esta es una omisión deliberada porque los destinos del agua son tan complejos como la estructura del agua misma.
En segundo lugar, Guerra sostuvo que “no debemos olvidar que la agricultura es el gran consumidor de agua del planeta, la agricultura en el mundo se lleva casi 75% de las extracciones de agua. Entonces cualquier acto de gestión del uso agrícola del agua repercute en los otros usos del agua. La agricultura es un protagonista fundamental de la gestión del agua. Y es imprescindible para administrar el patrimonio hídrico prestar especial atención a los usos agrícolas del agua”. Por eso la necesidad de implementar leyes especiales en esta materia.
Primera ley de riego; ¿cuál fue su propósito?
El primero de ellos, el más importante, fue que esta ley trató de flexibilizar los mecanismos y las herramientas para que se pueda acceder al agua.
“Al agua se accede formalmente a través de dos títulos: concesión y permiso. En el régimen del código de aguas este sistema es muy rígido por lo que esta primera ley lo flexibiliza. Modificó las concesiones, se crea por ejemplo un instituto de la concesión condicionada”, explicó el Dr. Guerra. La utilidad de este mecanismo es el establecimiento de las “servidumbres” de agua para la realización de obras hidráulicas como represas o embalses. Ya que con el régimen del código todas las obras hidráulicas debían estar circunscriptas al territorio del campo propio, limitando no sólo la agricultura expansiva con regadío, sino también ciertas razones de carácter hidrológico que motivaran por ejemplo la realización de una represa en una punta de la propiedad donde necesariamente hubiese que invadir el campo ajeno.
Otra cosa que hizo esta ley para flexibilizar el régimen fue lo referido a los permisos. Ya que los mismos, en los códigos de agua eran intransferibles y personalísimos. La primera ley de riego permitió que se transfieran los permisos, contribuyendo a dinamizar y desarrollar el régimen de riego.
“Además, la primera ley de riego introduce exigencias en materia ambiental. Esta ley es la que creó el proyecto de riego, en el sentido de que para tener derecho al agua es necesario tener un proyecto de riego. Es decir, tiene que haber una fundamentación técnica con dos grandes componentes: 1) Plan de manejo de suelo y aguas sin el cual ni siquiera se comienza el trámite. 2) Plan de obras, hecho por un ingeniero”.
Hay otro aspecto importante también fue que la primera ley de riego promociona el servicio de suministro de agua y suministro de riego. Porque permite que alguien que no es productor rural pueda invertir en obras hidráulicas para suministrar riego o agua a los productores.
Segunda ley de riego: obras multipropósito, obras multiprediales
La ley 19.553 de octubre de 2017, introduce algunas modificaciones, introduciendo una nueva política en materia de obras hidráulicas. Pues lo que hace es fomentar un sistema de regadíos de gran porte con el objetivo de permitir que las aguas lleguen a mayor cantidad de pequeños y medianos productores.
Con la ley antigua, aunque se habían flexibilizado algunos requerimientos las obras hidráulicas eran de carácter individual y no estaban contempladas obras de gran magnitud que tuvieran la capacidad de suministrar agua a varios productores. Entonces para lograr esos objetivos la ley establece 4 áreas: los aspectos operativos, ambientales, económicos y fiscales, y jurídicos.
“Dentro de los aspectos operativos vale la pena resaltar dos de ellos. Uno es el que consagra las obras multipropósito, dirigido a aquellas obras que no sean solo para riego, sino que al mismo tiempo esas obras puedan generar energía eléctrica, como también drenaje que es otra opción. Pero lo fundamental, es la posibilidad que da la ley a que los productores participen del mercado mayorista de generación de energía eléctrica. La idea es que al mismo tiempo que uso el agua para regar estoy participando en el mercado de generación de energía y tengo un valor agregado sobre la represa”, manifestó Guerra.
El segundo aspecto operativo es que esta ley consagra las obras de riego multipredial, o más bien multiproductores, pues a lo que se hace referencia es a la unión de varios productores para el uso agua y aprovechamiento del agua. Se permite la creación de un sistema de riego multipredial, de carácter privado, como, por ejemplo, construir una obra hidráulica y suministrar agua a 30 o 50 productores al mismo tiempo.
“Esta ley permite también la posibilidad de presentarse a la COMAP con un proyecto de riego y que a ese proyecto se le puedan dar facilidades crediticias y ficales. Sin embargo, este aspecto no ha sido todavía reglamentado. Además, esta ley promueve la formación de los PPP para la construcción de obras hidráulicas, pero tampoco ha sido esto reglamentado hasta el momento”, expresó.
¿Es el sector privado el único que debe hacerse cargo de las sequías?
Frente a los eventos climáticos de la magnitud actual, el Dr. Guerra sostuvo que no puede pedirse al sector privado que tenga la suficiente capacidad de enfrentar con solvencia la crisis hídrica. “Puede decirse que la sequía que estamos viviendo es extraordinaria mirando al pasado, pero mirando al futuro no cuesta demasiado esfuerzo ver lo que está pasando en el mundo entero en materia de aguas. Los protagonismos que está teniendo el agua, y acá las pérdidas que ha provocado en esta cosecha. Entonces cabe preguntarse si es el sector privado el único que debe hacerse cargo de las sequías”.
Sin embargo, expresó que quizá aún no están dadas las condiciones para que el Estado comience a adoptar nuevas políticas en esta materia y comience a invertir en obras a largo plazo a través de un programa nacional de obras hidráulicas para regadíos, pues así como “el Estado invierte en carreteras, es bueno también que empiece a invertir en obras hidráulicas, con la finalidad que no sea el productor el que tiene que buscar el agua, sino que de alguna manera el agua le empiece a llegar más cerca de su portera”, cerró Guerra.
TE PUEDE INTERESAR
