El experto en seguridad Edward Holfman afirma que el desarrollo de los nuevos sistemas de videovigilancia contribuyó a reducir los delitos en Uruguay y todo parece indicar que estas tecnologías continuarán expandiéndose. La última ley de presupuesto faculta la creación de una base de datos de identificación facial, reforzando como contrapartida la importancia de la protección de los datos personales.
Antes las imágenes no tenían buena resolución y se perdía mucho tiempo en trámites burocráticos, previo a que el archivo llegue a la policía, opinó Edward Holfman consultado por La Mañana. Hoy en día la calidad de las imágenes de videovigilancia es “muy buena”, lo que le dio “más garantías” a la policía y a la justicia para la aclaración de los ilícitos, y también “influyó en la baja de los delitos” durante el último año.
El especialista entiende que la videovigilancia hoy en día es “clave” y que no debe pensarse que las cámaras son la única solución a los problemas de seguridad. Holfman advirtió que la videovigilancia es buena si se tienen personas que revisando las cámaras y también protocolos de actuación que sean rápidos. “Es lo que está pasando, porque vos ves que hoy en día la policía está llegando más rápido y hay una cantidad mayor de personas formalizadas por una respuesta adecuada”, señaló.
En materia tecnológica, el experto en seguridad explicó que los nuevos sistemas de videovigilancia permiten, no solo monitorear desde un punto local o remoto, sino también “anexarles una cantidad de dispositivos periféricos”. Holfman sostiene que los sistemas de videovigilancia seguirán en crecimiento, y que hoy en el mundo se apunta al desarrollo de sistemas de identificación facial.
Cambios legales para el desarrollo de sistemas de identificación facial
En la ley de Presupuesto nacional 2020-2024 fueron aprobados cuatro artículos que incorporaron los datos biométricos y bases de datos de identificación facial. El artículo 86 agrega, a la ley de Protección de Datos Personales (18.331), los datos biométricos: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física, que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona. Los datos pueden ser dactiloscópicos y reconocimiento de imagen o voz.
En tanto, el artículo 191 faculta al Ministerio del Interior (MI) la creación y la administración de una base de datos de identificación facial para fines de seguridad pública. Para ese cometido, el artículo 192 autoriza la migración desde la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) a la secretaría del MI, de la totalidad de las imágenes faciales de las personas mayores de edad registradas.
La nueva normativa tuvo desaprobación en la bancada opositora. Por ejemplo, la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, cuestionó que las 8.400 cámaras que tiene el MI sirvan como dispositivos de reconocimiento facial. Además, advirtió que el concepto de seguridad pública es “demasiado amplio” como para no saber “qué se va a hacer con esos datos en el futuro”, y citó algunos estudios internacionales que detectaron fallas en dicho sistema.
El director general de secretaría del MI, Luis Calabria, explicó en el Parlamento que la utilización de un software de reconocimiento facial era una medida que se había resuelto en la administración de Eduardo Bonomi cuando, en febrero de 2020, el Estado adquirió un software por la suma de US$ 638.000, que es la plataforma de reconocimiento facial que ahora se está desarrollando.
La importancia de la protección de los datos personales
En cuanto a la confidencialidad de los datos, Holfman señaló que en Uruguay existe la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) que, a partir de la Ley 18.331, regula la videovigilancia en el ámbito público y privado.
En la URCDP, los organismos y las empresas deben registrar sus bases de datos, y deben actualizarlas en el caso de eliminar archivos. El período de tiempo por el cual se guardan esos datos depende de la finalidad de utilización de cada rubro.
Los parámetros para el uso de cámaras de videovigilancia, archivo de imágenes y protección de datos están regulados por la URCDP que, a su vez, cuenta con guías que orientan a los usuarios a hacer un uso responsable de estas herramientas. Las cinco guías de videovigilancia son: en el ámbito laboral, en las entidades públicas, en edificios y complejos habitacionales, en vehículos, y en drones. Las cámaras habilitadas deben contar con un logo oficial que garantiza el cumplimiento legal.
Por otra parte, Holfman explicó que en algunos casos en los que la justicia debe acudir a filmaciones de privados, se debe respetar estrictamente con el protocolo de custodia de evidencias, y evitar que estas se filtren por otras vías que no sean las dispuestas por la Policía Científica o la Fiscalía a cargo de la investigación. El especialista aboga por que la gente maneje las imágenes con “mayor responsabilidad”, como establece la ley, “porque se puede generar algún tipo de inconveniente con personas que no tienen nada que ver”, aseguró Holfman.
Explicó que las cámaras que están en los espacios públicos “deben observar todo lo que sea público, y las cámaras privadas deben observar todo lo que sea privado”. En la práctica, la ubicación de las cámaras del ámbito privado, a menudo, no respeta estos parámetros e invaden la privacidad de un tercero o están enfocadas hacia la vía pública, algo que no está permitido por la norma. “La reglamentación establece que las cámaras deberían estar al revés de como están colocadas habitualmente, apuntando hacia tu casa y no hacia afuera”, afirmó.
El problema de los barbijos para los sistemas de identificación facial
Para el reconocimiento facial, “se tiene que tener dónde verificar ese rostro que se está monitoreando”, explicó Holfman y agregó que, para cotejar esos rostros, la policía uruguaya acude (según dispone la nueva normativa aprobada en el presupuesto) a las imágenes de la DNIC, que son actualizadas cuando uno renueva la cédula, el pasaporte o es fotografiado por migraciones del aeropuerto. Antes solo se limitaba a una base de datos de personas con antecedentes penales.
Pero ahora hay que “repensar” cómo se plantea el desarrollo de la videovigilancia, porque “con la pandemia se generó un problema importante con el uso de los barbijos. “El reconocimiento facial ya no da entre 90 y 95% de certeza como antes”, sino que esto “complicó” a los algoritmos, que “hoy dan un grado de certeza de entre 45 y 60%, de que sea la persona que estás buscando”.
De todas maneras, Holfman aseguró que el avance de la videovigilancia mejoró la seguridad pública uruguaya, debido a que le brinda “más ojos al personal policial, porque la policía no puede estar en cada esquina”. El especialista remarcó que la videovigilancia “facilita el control de zonas transitadas” en diferentes momentos del año como, por ejemplo, una mayor movilidad hacia la rambla en el verano.
Prefectura colabora en el monitoreo de las zonas costeras
Como órgano especializado de la Armada Nacional en tareas de mantenimiento del orden público, y como auxiliar judicial, la Prefectura nacional colabora con el MI en el monitoreo de cámaras instaladas en las ramblas y las zonas costeras.
El prefecto nacional naval, José Luis Elizondo, explicó a La Mañana que, desde 2018, la Prefectura de Trouville tiene personal de guardia asignado para monitorear unas cincuenta cámaras desplegadas en la costa montevideana. En tanto, en Maldonado, la Prefectura es parte del Centro de Control Unificado -ubicado en la Jefatura de Policía de Maldonado- con una guardia permanente.
Brindan apoyo al MI para tratar de “advertir, prevenir e identificar -en caso de ocurrir un delito- un vehículo, persona o embarcación”, dijo el prefecto. Además, indicó que se controla que no se generen aglomeraciones en playas y costas.
Elizondo aseguró que, al archivo de esas imágenes grabadas, únicamente se puede acceder “a pedido y disposición de la Fiscalía”, para alguna investigación en curso.
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