Desde hace unos años el fenómeno de los asentamientos se ha transformado en un problema de difícil resolución tanto para las autoridades nacionales como departamentales. Esto genera perjuicios económicos como en el caso de la Intendencia de Rivera que tuvo que desembolsar la suma de US$ 380 mil para expropiar los terrenos del asentamiento La Colina, con el fin de evitar el desalojo judicial de los cientos de personas que allí viven.
La ocupación de terrenos tanto públicos como privados son el punto de partida para la aparición de grupos numerosos de personas, los que al poco tiempo se instalan en viviendas precarias y se las ingenian para “colgarse” tanto de la energía eléctrica como del servicio de OSE, lo que configura un delito aunque detectado no siempre castigado por las autoridades.
Las denuncias por problemas de inseguridad son coincidentes con la formación de asentamientos en diferentes zonas de la capital con personas involucradas en tráfico de drogas, hurtos y hasta en los últimos tiempos el copamiento por bandas organizadas para ocupar viviendas que luego puedan ser utilizadas como bocas de venta de estupefacientes.
Compras irregulares
Hace diez años comenzó la ocupación de terrenos en el departamento de Rivera y ante la preocupación de las autoridades y en consulta con los vecinos se tomó conocimiento de que en algunos casos se estaba ante la comisión de un delito.
Los terrenos eran ofrecidos a precios irrisorios, lo que, aparentemente, no despertaba sospechas entre los promitentes compradores quienes en realidad estaban siendo engañados por los propietarios ya que nunca informaron que los terrenos estaban embargados o no debidamente escriturados.
La situación llega a tal extremo que desde el Ministerio del Interior se crea la Policía Territorial con el fin de evitar las ocupaciones ilegales, realizando varias intervenciones, en los últimos tiempos, en especial en el departamento de Rivera, donde familiares de internos del Centro de Detención de Cerro Carancho,-procedentes de diferentes lugares del país- eligen instalarse de esta forma irregular.
En las últimas horas, personal de la Intendencia Departamental de Rivera (IDR) nos informó sobre la ocupación de nuevos terrenos en la zona de Cerro Caqueiro ya denominado como Cerro de la Macaca, cercano al Puerto Seco, donde la mayoría de sus ocupantes también son familiares de personas privadas de libertad, procedentes en su mayoría de Montevideo. En tanto que a nivel país el número de asentamientos supera los 600, en la actualidad Rivera cuenta con una cifra cercana a los 20, los que casi en su totalidad se encuentran en zonas alejadas de la capital.
“En el asentamiento La Colina las primeras familias pagaron”
La referente histórica del asentamiento, la señora Marlene de Armas, en diálogo con La Mañana expresó: “las primeras 6 familias que llegaron le pagaron al señor Yamandú Protti por los terrenos, hasta que después circuló la versión de que esa persona no podía vender y a partir de ahí comenzó a llegar gente que elegía el lugar y lo cercaba para luego construir sus viviendas en madera, su mayoría, y desde ese momento se fue poblando”.
“Yo misma vivía en una zona alejada y necesitaba mudarme, por lo que consulté a una persona conocida sobre la posibilidad de conseguir un terreno porque no tenía condiciones de pagar. Me marcaron el lugar ahora conocido como La Colina, pero antes llamado Ciudad de Dios, allí me llevaron a un terreno que ya estaba cercado y construí la casa donde vivo hasta hoy”.
La Sra. de Armas también señaló: “después se empezó a poblar con mucha gente de Montevideo, de San José y de otros departamentos, en especial en los últimos cinco años, al punto que te puedo decir que no hay lugar para alojar a nadie más. En los últimos dos años, luego que la Intendencia regularizó los terrenos y que se anunció la instalación de servicios, algunos de los que se fueron concretando fue cuando el espacio se completó. Esto ya tiene más de 17 años y, como te dije, las primeras familias pagaron y el resto directamente ingresó y ocupó”, finalizó diciendo.
De Armas es la responsable, junto a la IDR, del mantenimiento y funcionamiento del merendero y comedor que allí funcionan y que cuenta con la colaboración de vecinos del departamento.
“Hace dos años vienen denunciando ocupaciones sistemáticas”
En diálogo con nuestro colega Marcelo Umpiérrez, del departamento de Maldonado, nos expresó que: “desde hace dos años estoy en contacto con vecinos del balneario Bella Vista recibiendo denuncias sobre ocupación sistemática e irregular de terrenos que tenían propietarios, ubicados pasando el peaje Solís, por parte de personas que venían, talaban y se instalaban. Esto ya lo habíamos vivido en Maldonado cuando se comenzó a poblar una zona, luego conocida como balneario Buenos Aires, con una situación de irregularidad en la ocupación de algunos terrenos, lo que generó una investigación que después no prosperó”.
“Hace poco tiempo se comunicaron conmigo vecinos de la zona de Playa Verde por un caso más delicado, ya que se detectaron ocupaciones en dos terrenos lindantes con ruta 73, que lleva a Las Flores, que es el lugar donde se instalan. Uno de los terrenos ocupados fue reclamado ante la Justicia por su propietario, logrando el desalojo, pero este año apareció, de forma sorpresiva, un grupo de personas que se instalaron con carpas y comenzaron la construcción de viviendas muy precarias a base de madera, barro y paja. De inmediato y coincidentemente comenzaron los problemas de seguridad con robos frecuentes a vecinos del lugar, incluso con denuncias por abigeato que fueron atendidas por la Policía que encontró cueros y otros efectos”, relató el periodista fernandino.
“Las autoridades del Ministerio del Interior se pusieron en contacto conmigo y hasta hablaron con el intendente Antia para armar una estrategia como forma de resolver el tema de viviendas, con la presencia en el lugar del director departamental de Viviendas, Alejandro Lussich, junto con el alcalde de Piriápolis, Renée Graña, los que realizaron un relevamiento en el que constataron que las más de 40 edificaciones detectadas estaban construidas de forma irregular”.
“En uno de los terrenos, incluso se detectaron hechos de violencia por parte de los ocupantes llegando a dañar una máquina retroexcavadora, la que tuvo que ser retirada del lugar, ni respetar el derecho del legítimo propietario de usar su terreno para el pastoreo de sus animales, ya que dejan abiertas las porteras para que estos se vayan. Se dañan tejidos, se provocaron daños en contadores de OSE en el afán de conseguir agua empalmando caños con el único resultado de dejar un vecindario sin agua”, comentó Umpiérrez.
Para finalizar, nos manifestó: “las autoridades, ante la constatación de que entre las familias ocupantes hay muchos menores, aguardan la participación del INAU para que pueda evaluar la situación. Lo que sorprende de todo esto es que muchos de los ocupantes no parecen tener necesidades básicas insatisfechas, ya que varios tienen vehículos, como autos y camionetas, muchos son año 2020 o 2021, los que ya están registrados en el Ministerio del Interior”, finalizó diciendo Marcelo Umpiérrez.
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