En los últimos días, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1.er turno falló a favor de la Fiscalía en tres recursos de apelación presentados por la defensa de cinco imputados. Por su parte, un grupo de abogados que defienden a varios acusados alega no estar en igualdad de condiciones con la Fiscalía, debido a que esta no les facilitó pericias que entienden clave para preparar un interrogatorio.
La causa judicial más grande y mediática de explotación sexual de menores en Uruguay, hasta el momento, tiene 19 víctimas denunciantes y 32 imputados, uno de los cuales fue condenado el 22 de setiembre en un polémico proceso abreviado. Los involucrados son acusados por retribución o promesa de retribución a menores a cambio de sexo, comunicación virtual con connotación sexual con adolescentes, proxenetismo, violencia de género, y por otros delitos.
Esta semana se conocieron las sentencias el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1.er turno respecto a tres recursos de apelación presentados por abogados de cinco imputados. Los tres fueron rechazados, ratificando lo actuado por la fiscal.
En una de las sentencias, se ratificó la imputación realizada en una audiencia celebrada el 21 de agosto de 2020 a las personas de iniciales D.P.O. y A.E.M.R. por reiterados delitos de promesa de retribución o retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo; rechazando el pedido de la defensa de impugnar la resolución de primera instancia, por entender que en el relato de la Fiscalía no se describía una conducta delictiva típica. Pero la justicia rechazó esos argumentos: «Surge de las solicitudes transcriptas que en ellas se describió con grado suficiente cada conducta típica provisoriamente imputada, al tiempo que fueron enunciados los elementos con los que se contaba (evidencia)», argumenta la sentencia de segunda instancia.
En otra sentencia, el Tribunal de Apelaciones rechazó un recurso presentado por una de las defensas contra la reserva del legajo fiscal. A lo que la justicia defendió el argumento de la Fiscalía de mantener la reserva, ya que es válido, puesto que de esos elementos surgían identificadas otras personas que iban a ser detenidas.
El tercer recurso rechazado tiene que ver con la declaración anticipada de una de las víctimas, que un abogado de dos de los imputados sostenía que no correspondía ya que no se estaba en una hipótesis de violencia de género. Pero el tribunal dio la razón a Fiscalía y ratificó la sentencia de primera instancia, porque entienden que «claramente involucra un supuesto delito de violencia de género”.
Abogados solicitaron posponer audiencia porque fiscal no brindó pericias
Para mañana, jueves 8, a las 08:10 h, está fijada una mega audiencia con todas las partes, y estaba previsto que una de las víctimas sea interrogada (por única vez) mediante cámara Gesell –sala aislada del resto de las partes involucradas-, pero un nuevo diferendo entre abogados penalistas y la Fiscalía, podría suspenderla.
Un grupo de diez defensores penales, integrado por Andrés Añasco, Alejandro Balbi, Carlos Balbi, Pablo Barreiro, Víctor Della Valle, Enrique Díaz, Mario Moll, Jorge Pereira Schurmann, Alberto Rojas y Cecilia Salom, por medio de un escrito presentado el pasado miércoles 30 de setiembre, le solicitaron a la jueza Adriana de los Santos que postergue la audiencia fijada para el jueves 8, porque entienden que no están en igualdad de condiciones con la Fiscalía de Delitos Sexuales.
Aducen que la fiscal titular de esa dependencia -que encabeza la causa-, Darviña Viera, no les brindó información que consideran “clave” para poder elaborar la grilla de preguntas que le harán a una de las víctimas en el interrogatorio previsto. Se trata de pericias realizadas a los celulares de todos los involucrados. Además de poder acceder al contenido de todos los chats, los abogados firmantes pretendían contar con la declaración ante Fiscalía de una de las víctimas del caso.
Los abogados (incluso no firmantes) entienden que es de recibo el pedido de postergación de la audiencia, sobre todo, teniendo en cuenta que en la última audiencia colectiva realizada el 14 de agosto -en la que se dispuso el levantamiento parcial de la reserva de la investigación–, se acordó que para la audiencia del 8 de octubre los abogados presentarían un pliego con preguntas a realizarle a la joven, para lo cual iban a necesitar conocer toda la información recabada por la fiscal Darviña Viera en la carpeta de la investigación de la causa.
En esa instancia, la jueza comunicó a los abogados que tenían hasta 72 horas antes de la siguiente audiencia para reclamar, si entendían que Viera no les había proporcionado todo el contenido requerido de la carpeta de investigación. Por su parte, Viera explicó que pondría a disposición solamente las pericias realizadas a uno de los dos celulares -que tiene la principal víctima de la causa-, ya que no contaba con el resto por “demoras” de las pericias hechas por la Policía Científica.
Por otra parte, en otro escrito, el abogado Santiago Alonso, planteó a de los Santos que se librara un oficio al Ministerio de Salud Pública (MSP) para que evaluara, desde el punto de vista sanitario, si se podía desarrollar una audiencia con al menos 100 personas, entre acusados, abogados y funcionarios judiciales.
Críticas al proceso abreviado
El martes 22 de setiembre, uno de los 32 acusados llegó a un acuerdo con la Fiscalía mediante un proceso abreviado. La pena implica que el hombre será condenado por el delito que admitió, pero no cumplirá penas de cárcel, sino medidas alternativas. El hombre -imputado por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real-, fue condenado tres meses de prisión domiciliaria, tres meses de prisión domiciliaria nocturna y un año y medio de libertad vigilada. Además, perderá la patria potestad y estará inhabilitado para ejercer tareas en áreas de la educación o salud donde esté en contacto con niños o adolescentes. Además, deberá resarcir a la víctima con un monto de 12 ingresos mensuales.
La directora del Instituto de la Mujer (Inmujeres), Mónica Bottero, manifestó que esta primera condena «es una decepción para las víctimas». «No me gusta que eso suceda, la víctima probablemente va a sentirse un poco decepcionada. No es la mejor señal que después de tanto riesgo, de tanta exposición que tuvo que se logre ese tipo de condena, pero entendemos cuáles son los motivos», dijo Bottero. La directora de Inmujeres solicitó que se modifique la legislación, para prohibir que se aplique el proceso abreviado en delitos de explotación sexual de menores.
Acuerdo económico en caso Balcedo
Otra pena excarcelatoria negociada en juicio abreviado causó polémica la última semana. Tras negociar con Fiscalía, Marcelo Balcedo, y su pareja Paola Feige, evitaron ir a prisión -por delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas- tras lograr un acuerdo económico con el Ministerio Público. En alusión a este caso, el diputado Gustavo Zubía publicó en su cuenta de Twitter una cita del fiscal de Corte, Jorge Díaz -en entrevista con La República el 7 mayo de 2017-, en la que dijo que “si solo los pobres van presos es porque los ricos hacen las leyes”.
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