En octubre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) presentó ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) y el Ministerio de Trabajo un proyecto de ley “para asegurar la viabilidad del subsistema” que fue aprobado por mayoría del directorio. Los directivos que no estuvieron de acuerdo con esa propuesta apoyaron un proyecto de ley presentado por la Asociación de Afiliados a la CJPPU que marca diferencias con la iniciativa mayoritaria.
El 20 de marzo vence el plazo de la prórroga que el Poder Ejecutivo otorgó a la CESS para que expida un documento de diagnóstico integral de la Seguridad Social, en pos de elaborar propuestas técnicas que el sistema político deberá contemplar para desarrollar un proceso de reforma de todo el sistema jubilatorio.
La CESS busca por estas horas lograr consensos en el tercer borrador de diagnóstico elaborado. No obstante, de no lograrlo, con los nueve votos del oficialismo en la comisión, el documento quedaría aprobado el viernes 19 de marzo.
Algunas puntualizaciones del diagnóstico provisorio que la comisión puso a consideración tenían que ver con el análisis financiero de cada una de las cinco cajas paraestatales. Sobre la CJPPU, el texto indicaba que “requiere la adopción de medidas de reequilibrio financiero sin dilación”, frente un déficit de “larga data”. Si bien la comisión deberá definir un diagnóstico de cada uno de los subsistemas, desde algunas instituciones ya elevaron propuestas reformatorias de sus cajas.
El proyecto por mayoría de la Caja de Profesionales
Asesorada por la Comisión de Marco Legal y la Comisión Asesora y de Contralor, la CJPPU presentó en octubre un proyecto de reforma del marco legal, con el que busca asegurar la “viabilidad” del subsistema que da cobertura a los profesionales universitarios por los próximos 20 años, un cambio que urge porque la CJPPU tiene balances operativos negativos desde 2014. Para cubrir las prestaciones que brinda, utiliza sus inversiones financieras. Según explicó a El País el presidente de la CJPPU, Gonzalo Deleón, “esa rentabilidad permite pagar” las prestaciones, pero advirtió que “el balance negativo de la caja es cada vez más importante”.
Deleón explicó que se llegó a esa deficitaria situación debido a que, al igual que en otros subsistemas de nuestro país, la CJPPU enfrenta varias transiciones demográficas, tales como el aumento de la expectativa de vida y la feminización del colectivo, y en el mercado laboral, en el que se da una mayor relación de dependencia de los profesionales y menor ejercicio liberal de la profesión.
Según Deleón traería “brutales complejidades” que se procure transitar el camino de un “proceso de unificación de los diversos subsistemas”. Por eso, “iniciamos los contactos políticos para que nuestro proyecto sea integrado en la reforma general”. Explicó que el proyecto “no plantea financiamiento con paratributos adicionales, sino que busca la sustentabilidad a partir de ajustes de su propio colectivo. Queremos defender la autonomía de la caja que históricamente ha tenido y la defensa de los derechos adquiridos de todos los profesionales”. Aseguró que “en ningún caso los cambios impactan sobre los actuales jubilados, ni a los afiliados que están activos, pero tienen configurada su causal jubilatoria”.
Las modificaciones graduales previstas
El principal cambio que prevé introducir es el aumento en la edad mínima de la jubilación, que pasaría de 60 a 65 años, contemplando una transición y manteniendo la exigencia de que el profesional tenga 30 años aportados. También prevé aumentar gradualmente la cantidad de años considerados para el cálculo de la jubilación, de 3 a 12 años. Un “motivo de justicia”, según Deléon, porque “no era lógico que nosotros tomáramos solamente los últimos tres años, ya que el retiro tiene que reflejar la carrera de categorías que hizo la persona”.
Sobre la transición en el aumento de edad de jubilación se plantea un sistema de puntos en el que se sumará la edad más los años de aporte. Si da 90 o más puntos, la persona quedará incluida en el régimen actual con las condiciones que rigen hasta este momento. Por ejemplo, con 89 puntos la persona se jubila a los 61 años, con 88 a los 62, con 87 a los 63, con 86 a los 64, y con 85 a los 65.
Además, la transición, en cuanto al cambio en el cálculo de promedios de sueldos fictos, implica que los que tengan 90 puntos, se jubilan en base a 3 años. Para los que tengan menos de 90 puntos, pasaría de 3 a 6 años y eso se mantendría así durante los próximos 3 años. Posteriormente, se pasaría de 6 a 9 años, también con una duración de tres años, y luego sí se empezaría con el régimen de 12 años.
Por otra parte, el proyecto estipula un aumento en el subsidio por maternidad que pasaría del 43% al 100% del sueldo ficto, y además se la habilita a que pueda trabajar mientras cobra dicho beneficio. Asimismo, prevé mejorar los montos de subsidios por incapacidad, que también pasarían del 43% actual, al 100%.
Consultado respecto a la CJPPU, Rodolfo Saldain, opinó días atrás en una entrevista en el programa Desayunos Informales, que lo que prevé este proyecto de ley “probablemente para personas jóvenes no será demasiado atractivo” como sí lo es “para quienes estén cerca de jubilarse”, pero esa “no es la idea”, indicó el presidente de la CESS.
El otro proyecto
Dos de los integrantes del directorio de la CJPPU tampoco estuvieron de acuerdo con la propuesta de la reforma de la CJPPU. Odel Abisab, integrante del directorio en representación de los pasivos, y Óscar Castro, delegado por los activos, se opusieron y apoyaron a la Asociación de Afiliados a la CJPPU (que integran unos 5 mil socios) en la elaboración de un proyecto de ley alternativo al institucional.
Este segundo proyecto “enriquecerá el diálogo y discusión en el ámbito de la Reforma de la Seguridad Social”, aseguran sus promotores en el texto. “Contempla más la realidad de las nuevas profesiones incorporadas. Esa multiplicidad de técnicos y profesionales universitarios que no tienen manera, en las condiciones actuales, de poder aportar de acuerdo con las categorías”, dijo Abisab a Búsqueda.
En la exposición de motivos del segundo proyecto de ley prevé algunas características a tener en cuenta: un alto porcentaje desarrollan su actividad profesional libre, no sujeta a dependencia o subordinación directa, y por la duración de las carreras profesionales, el efectivo ingreso al mercado laboral liberal determina una característica etaria distinta al resto de la población activa.
Los objetivos del proyecto alternativo son: 1) asegurar la supervivencia de la caja y su autonomía. 2) Incentivar la declaración de ejercicio de los profesionales para el mejor sostenimiento de la responsabilidad intergeneracional. 3) Incrementar la eficacia y eficiencia de la administración de la caja.
Para lograrlos entienden que se deberían reformar algunos puntos de la ley, mencionados a continuación:
-Un nuevo cálculo del salario básico jubilatorio.
-Beneficios al nuevo profesional con una nueva categoría especial de dos años con un aporte inferior.
-Incorporar un nuevo grado de libertad a los permitidos hasta ahora, que amplíen las opciones de los profesionales, posibilitando que puedan aportar por una categoría inferior y luego recomponer su carrera de categorías, o aportar por facturación con aporte mensual mínimo, permitiendo que profesionales con trabajo independiente disminuido o profesionales de las nuevas profesiones integradas a partir del 2005, tengan nuevas modalidades de aportación.
-Reglamentar la opción de beneficiarse con jubilación parcial a aquellos profesionales que pretendan continuar ejerciendo la profesión como dependientes bajo otro organismo de seguridad social.
-Incrementar en forma gradual y acorde a la edad promedio de retiro voluntario actual, los años de aportes y la futura edad de retiro, respetando en todos los casos los derechos adquiridos y los inconvenientes específicos que puedan resultar por ello para algunas profesiones o especialidades.
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