A partir de 2009 las tendencias migratorias en Uruguay comenzaron a revertirse debido al retorno de personas uruguayas del exterior y la llegada de inmigrantes latinoamericanos, lo que implicó un mayor esfuerzo del Estado para reforzar políticas en seguridad social que contemplen a todos. En esa línea, La Mañana accedió a un informe que aborda el tema y al testimonio de Rinche Roodenburg, presidenta de una ONG de migrantes.
La investigación denominada “Aportes Económicos y Oportunidades de la Población Migrante y Refugiada en Uruguay”, publicada del 20 de diciembre de 2021 en la web de Naciones Unidas Uruguay y realizada en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Uruguay, entre otros organismos, plantea la situación de la seguridad social de los inmigrantes en el país.
El número de migrantes que, según la última Encuesta Continua de Hogares (ECH), aportan a algún organismo de seguridad social, pasó de 23.874 en 2013 a 38.221 en 2019, lo que significa un crecimiento de 8,3% anual, con una variación total de 60%. De la población migrante que accedió a la seguridad social en 2019, el 93,5% aportaba al BPS, el resto a otro organismo en Uruguay (2,5%) o al exterior.
La realidad es que la Constitución de la República Oriental del Uruguay, en su artículo 67, establece que la permanencia de los trabajadores inmigrantes en el país habilita el acceso a las prestaciones contributivas y no contributivas de seguridad social.
En ese mismo sentido, el artículo 18 de la Ley de Migración indica que las personas migrantes gozarán, en materia de seguridad social, del mismo trato que los nacionales, en tanto cumplan los requisitos previstos en la legislación nacional, así como de los instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.
A su vez, la resolución de la Gerencia General del BPS (RGG-227-999, Artículo 2) determina que es posible que los empleadores inscriban con pasaporte a las personas migrantes que no cuentan con documento de identidad. Aunque esta medida tiene únicamente fines recaudatorios y no de reconocimiento y goce de derechos.
Quedar en el limbo
En los hechos no siempre los empleadores se sienten seguros de registrar a un trabajador con un documento que no sea la cédula, según comentó a La Mañana, Rinche Roodenburg, creadora y presidenta de la ONG Idas y Vueltas (Asociación de Familiares y Amigos de Migrantes).
Esta organización nació con la idea de ayudar a los uruguayos que se estaban por ir del país en la crisis del 2002. Después, sin haberlo planificado, comenzaron a trabajar con los que volvían del exilio económico. Actualmente, la ONG se encarga de brindar apoyo tanto a inmigrantes como refugiados en Uruguay de cualquier parte del mundo.
La entrevistada explicó que, muchas veces, el empresario dice que sin la cédula no contrata, y ella entiende que se puede tratar de “una excusa o puede ser verdad”, porque esa persona desea tener todo perfectamente registrado en su empresa y entiende que contar con personal sin cédula es extraño.
Este problema, hace pocos años atrás, no era algo grave para los inmigrantes, ya que a las semanas de ingresar al país recibían el documento de identidad, al menos uno provisorio hasta regularizar la situación de la residencia. Pero, según relató Roodenburg, las cosas han cambiado y actualmente a algunas personas que llegan al país con la idea de ser refugiados, se les niega la solicitud.
“Esto implica que el pasaporte no tenga un sello que es fundamental para obtener la cédula, por lo que la persona pierde la posibilidad de tenerla”, indicó. Sostuvo que hoy ese problema no tiene ninguna solución posible, al menos por ahora, y que los inmigrantes quedan “en un limbo que los obliga a sobrevivir como pueden” o, también, a irse del país si está en sus posibilidades.
“Desde algunas organizaciones civiles estamos hablando con el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones cada vez que hay una reunión con la Junta Nacional de Migración, buscando una solución. Tuvimos algunas señales buenas, como la exoneración de la visa para el ingreso al país”, relató la entrevistada.
Acceso a la salud pública y asignaciones familiares
La presidenta de Idas y Vueltas enfatizó que dar seguridad social a los inmigrantes también está vinculado al acceso a los servicios de salud. Comentó que en nuestro país es un hecho que se da con normalidad y que no trae grandes problemas, pero que, debido a la imposibilidad de algunos migrantes de acceder a la cédula, el tema preocupa.
“Ahora el sistema se ha tornado muy estricto con el tema de que necesitan un documento uruguayo para afiliarse. En otros tiempos el sistema era más benévolo y se permitía a las personas que estaban en trámite a afiliarse provisoriamente, y al acceder a la cédula los reafiliaban con normalidad”, relató.
Agregó que la realidad es que es extraño que necesiten atenderse en un médico al llegar. Lo que sí sucede es que, algunas veces, precisan medicación por contar con problemas crónicos, “y esa persona queda en el medio por no tener documento”. Aunque, insistió, en general, el sistema funciona bien.
Por otro lado, Roodenburg comentó que algunas personas que tendrían derecho a acceder a asignaciones familiares están con problemas de demoras para tramitar el cobro. “Por ejemplo, tenemos una persona que se anotó el jueves 20 de enero para solicitarla y le dieron fecha de cita para el 25 de abril, es muy larga la espera, no sé si siempre fue así o no, pero es algo a tomar en cuenta”.
Explicó que quienes solicitan la asignación suelen ser personas de sectores en los que $1.000 al mes les hace la diferencia en su economía, además de que suelen estar desempleadas o con trabajos precarizados. “Tengo entendido, salvo que haya cambiado, que después de hacer la solicitud se les paga con retroactividad, pero igual no es muy lógica esa espera para estos sectores vulnerables”, analizó.
“Uruguay siempre apostó al trabajo formal”
En su experiencia trabajando con migrantes desde hace más de 20 años, la presidenta de Idas y Vueltas destacó que “Uruguay siempre apostó por el trabajo formal” y que es algo que se debe inculcar a quienes llegan al país, “enseñarles, acostumbrarlos a que hay leyes que los amparan ante el trabajo informal”, sostuvo.
Dijo que es sabido que existen personas que, por ejemplo, tienen durante años a alguien trabajando en su casa “y no hay forma de que lo pongan en caja”. Pero en la ONG se les informa de sus derechos a los trabajadores y de que, aunque les descuenten un porcentaje del salario, es importante para el trabajador estar dentro del sistema solidario. “Nosotros aportamos ahora un poco de lo que trabajamos para que otros perciban un ingreso, pero esos otros ya lo hicieron durante años, por eso es una red solidaria importante”, especificó Roodenburg que le comenta a los migrantes.
Por otro lado, la entrevistada denunció que a veces las personas visitan la ONG e informan que cada tres meses son despedidas de sus puestos de trabajo sin que se les indique una razón específica. “No sabemos bien cómo son las cosas, pero tratamos de comunicarles de forma clara cuáles son los derechos laborales dentro de un período de prueba”, dijo.
La importancia de revalidar títulos
Según el estudio de la OIM, en el país, una proporción significativa de las personas en situación de movilidad (población migrante, solicitante de refugio y refugiada) se encuentran en edades activas y con niveles educativos altos que les permitirían acceder a empleos en su rubro de formación.
Para que esta población pueda certificar su nivel educativo y profesional necesita revalidar sus títulos. En ese sentido, actualmente se vive un periodo de transición, iniciada a partir de la entrada en vigor de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que otorgó al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) las atribuciones del trámite, que históricamente llevaba a cabo la Udelar.
El MEC está en proceso de preparación para, este año, asumir la responsabilidad. Se encuentra desarrollando un sistema en línea automatizado que permitirá realizar el trámite de revalidación o de certificación de forma sencilla, rápida y transparente.
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