A principios de agosto tuvo lugar en Montevideo el 12º Congreso de Lavado de Activos de las Américas. Ricardo Sabella, coordinador del evento y director de BST Consulting Uruguay, firma especializada en las prácticas de prevención de lavado de activos y gestión integral de riesgos, habló con La Mañana acerca de la importancia de la cooperación regional y el uso de tecnología para enfrentar el crimen organizado y detectar flujos financieros ilícitos.
¿Cuáles fueron los principales cometidos del 12º Congreso de Lavado de Activos de las Américas?
Este es un evento que venimos desarrollando desde el 2013. La idea principal es acercar a Uruguay un congreso con expositores y participantes internacionales donde se proponga un debate y análisis en base a la experiencia, que nos ayude a encontrar las mejores formas de aplicar los controles para identificar operaciones que pueden estar vinculadas con fondos ilegales. También, conocer cuáles fueron los errores más comunes en este camino en la región para no repetirlos. Este año nos enfocamos en conocer las formas en que se presenta el lavado de activos originado en delitos más allá del narcotráfico.
Durante las dos jornadas del congreso se desarrollaron paneles y talleres sobre diversos temas clave. Se analizaron algunas propuestas para mejorar los sistemas antilavado en Uruguay, poniendo énfasis en la colaboración entre los sectores público y privado. Se mostraron tipologías de esclavitud moderna y trata de personas, y se presentaron estrategias para aumentar la conciencia y combatir estas problemáticas.
Además, se examinó la relación entre ciberdelito y lavado de activos, destacando las herramientas para identificar el flujo financiero ilegal.
¿Qué amenazas se están observando por parte del crimen organizado trasnacional en la región?
En el congreso se discutió el avance de organizaciones criminales que, si bien tienen un negocio en torno al narcotráfico, también generan recursos ilegales vinculados a otros delitos como la trata de personas. Se ve un incremento fuerte en las actividades en el Cono Sur por las relaciones de estas organizaciones en torno a la hidrovía y como puerta de salida de drogas a Europa. Básicamente, el Primer Comando de la Capital (PCC) y sus relaciones con otros grupos organizados de la región, de México y de Italia. Esto se evidencia en una mayor escalada de violencia que, sumado a escasos resultados que se están teniendo en condenas y decomisos, tornan esa avanzada en una situación preocupante.
En el congreso se hizo énfasis en la necesidad de una estrategia regional para enfrentar el crimen organizado. ¿En qué consistiría esta cooperación entre los países?
La cooperación necesaria no solo es a nivel de las fuerzas del orden y de cooperación judicial, sino que requiere generar políticas comunes para tratar el fenómeno de crimen organizado. Primero, al más alto nivel político y luego a nivel operativo, para llegar a identificar posibles flujos de fondos entre autoridades de control y entidades privadas. Hoy no se refleja en las acciones llevadas a cabo una estrategia regional, y menos aún que permita el intercambio de información y la administración y análisis de casos en forma conjunta. Es necesaria una red de cooperación que permita recabar y compartir información e inteligencia en el ámbito financiero para poder detectar maniobras ilícitas de forma mancomunada.
¿Cómo visualiza la integración de nuevas tecnologías en las prácticas actuales de prevención y detección de lavado de activos?
Es absolutamente necesario integrar los procedimientos de control con la tecnología, no solamente por un tema de escala y posibilidades de analizar datos e interrelacionarlos, sino también para jugar en el mismo terreno frente a ciertos delitos. Por ejemplo, para investigar flujos de fondos relacionados con ciberdelitos u otros crímenes que utilizan la tecnología para esconderse. Estamos aún muy acostumbrados a los procesos de identificación y control de clientes solo con papeles o documentos electrónicos, pero la forma en que se relacionan las personas y operaciones en los flujos de fondos ilegales solo puede ser identificable a través de análisis de fuentes abiertas e incluso redes sociales. Para esto es esencial el uso de tecnología. También para seguir el rastro trazable de operaciones en medios de pago y criptoactivos es esencial.
¿Cuáles son las principales barreras que impiden la detección del lavado de activos y su posterior condena?
En primer lugar, el sistema de prevención está estructurado desde hace más de 30 años con los medios de pago y formas de canalizar flujos de activos de esa época. Han cambiado los estándares, las leyes, pero el sistema básicamente continúa sosteniéndose en un reporte de un privado, análisis de una unidad específica que produce un informe de inteligencia y una fiscalía que realiza la investigación y pedido de condena. El supervisor supervisa que el privado cumpla con su tarea y todos controlan en forma individual dentro de sus límites. Resultado: muy pocas condenas y pocos decomisos. Un esquema colaborativo, donde todos generen aportes de información y técnica (privado y público), seguro tendría mejores resultados. No se trata solo de recursos monetarios. La iniciativa también es el más importante de los recursos, al igual que la cooperación y voluntad política. Estoy seguro de que, sin condenas y resultados, se desestimula la voluntad del esfuerzo de los privados que deben implementar controles de detección, y se estimula la percepción de impunidad de las organizaciones criminales que no son inhibidas de utilizar los activos generados en forma ilícita.
El sector privado fue mencionado en el congreso como un actor clave en la prevención del delito financiero. ¿Debería incentivarse de otra manera la colaboración entre el sector privado y el público?
Sí, tal cual. Pero diría que más que en la prevención, en la detección. La principal obligación que tienen algunos privados es la de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y es vital para investigar los casos ese reporte. Pero el sistema de prevención no puede sustentarse solo en un reporte de un privado como inicio de una investigación. Tiene que surgir también de la propia explotación de datos que hagan las autoridades y en la posibilidad que de esa información compartida surja algún indicio. El tema es que el lavado de activos es esencialmente un proceso donde intervienen muchos actores, empresas y operaciones. Algunos de manera involuntaria y hasta quizás sin identificarlo. Construir los casos a partir de la información provista o a disposición de organismos públicos y explotando los datos que la UIAF recopila de las entidades supervisadas también debería ser el máximo objetivo para la detección de casos. Permitir bajo ciertas pautas e incentivar el intercambio de información entre el sector público y el privado para abonar las investigaciones parecería algo lógico, aunque no se da en la actualidad. El sector privado en la mayoría de los casos presta total colaboración (inclusive por mandato de la ley), le falta al público hacer lo suyo, que en definitiva es el máximo obligado.
¿Cuál es la importancia de los talleres prácticos que se abordaron en el congreso? ¿Qué impacto podrían tener en la práctica profesional?
Los tres talleres que desarrollamos en el evento tienen el fin de pasar del conocimiento a la acción para cubrir la posible brecha entre la capacitación y el entrenamiento. No solo difundir nuevas herramientas que tienen una base tecnológica, sino mostrar cómo se han utilizado para identificar actividades inusuales en casos reales. En este sentido, los participantes lo han valorado, sobre todo porque muchas de las herramientas que se mostraron y analizaron están al alcance a través de internet, algunas de forma gratuita o a muy bajo costo. Estar en conocimiento de cómo se utilizan es un distintivo a la hora de ser más eficiente en el trabajo de detección y en la colaboración en los procesos de control.
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