Desde su inicio, la obra del Ferrocarril Central ha generado polémica por las demoras y costos no previstos, que en un principio se estimaban en 1100 millones de dólares, pero que en la actualidad llegan a los 1800 millones de dólares más costos adicionales, con los que superarían los dos mil millones de dólares.
Ministro Falero contra el Frente Amplio: “Lo que dejó fue una vergüenza”
En rueda de prensa, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, se refirió a los costos y demoras en la construcción del Ferrocarril Central y argumentó: “Todo lo que hemos tenido que aumentar el valor a pagar es consecuencia de lo mal hecho que estaba el proyecto”. En ese sentido, las expropiaciones fueron parte del aumento desmedido de los costos de la obra.
En su comparecencia ante la Comisión Permanente del Parlamento en febrero, Falero declaró que el costo final del proyecto tendrá un incremento del treinta por ciento del costo inicial, atribuyéndolo a “imprevisiones” de las que hizo responsable al gobierno de Tabaré Vázquez. De acuerdo con lo manifestado por el ministro, el proyecto original sufrió múltiples modificaciones, a pesar de existir contratos firmados. Además, informó que inicialmente se preveían 250 expropiaciones, pero se llegaron a 1029, lo que muestra, en palabras de Falero, la “improvisación del proyecto original”.
En publicaciones anteriores, La Mañana informó que los vecinos del departamento de Durazno se habían enterado por los medios de prensa locales de las porciones de terreno que perderían para la concreción de la obra. A esto se deben sumar los locales comerciales que debieron cerrar sus puertas sin ningún tipo de resarcimiento.
En octubre de 2020, el sitio Bnamericas (plataforma de inteligencia de negocios) planteaba como interrogante: “¿Quién asumirá el cálculo erróneo de la asociación público-privada ferroviaria por mil millones de dólares en Uruguay?”, adjudicando las demoras al error en el número de expropiaciones. La misma publicación mencionaba: “La empresa finlandesa de celulosa UPM y el gobierno analizan actualmente quién pagará los costos adicionales resultantes”.
Año 2019: el Grupo Vía Central y sus anuncios no cumplidos
En agosto de 2019, con la confirmación de la obra de UPM 2 en el departamento de Durazno, se destacó como una de las obras más importantes la construcción del Ferrocarril Central, a cargo del Grupo Vía Central, consorcio integrado por las empresas uruguayas Saceem y Berkes en sociedad con la española Sacyr y la francesa NGE.
En la ocasión, el ingeniero Alejandro Ruibal, integrante del consorcio y representante de Saceem, en declaraciones al programa radial No toquen nada expresó que la obra se adjudicó a una sociedad de objeto específico. Esta fue creada por las cuatro empresas anteriormente mencionadas. “A su vez, esa empresa contrata a un grupo constructor, que somos las mismas empresas pero con el casco de constructor. Los bancos ponen el dinero para pagar jornales y materiales. Pero el negocio de la concesionaria es a largo plazo, atado a lo que recibe y paga el Estado”.
Se desconoce si el grupo pudo cumplir con las deudas contraídas con pequeñas empresas que participaron de la obra en los diferentes departamentos por donde cruza la vía. El costo total anunciado por el jerarca era de mil millones de dólares, pero de acuerdo con lo contratado, a partir de los primeros tres años del inicio de la obra, el Estado uruguayo debía pagar 406 mil dólares por día durante quince años, lo cual eleva el costo a 2250 millones de dólares. La obra, que se inició en julio de 2019 debía haber finalizado a mediados de 2022, siempre de acuerdo con lo informado por Ruibal, quien puntualizó: “Luego habrá tres meses de prueba y a partir de allí corre el plazo de la concesión por quince años, sujeto a un pago de disponibilidad”. Se estableció, además, una ampliación de siete meses más para tareas de mantenimiento, y el gobierno de la época lo determinó así antes del inicio de la obra. “Fue una decisión del cliente, en este caso el Estado”.
Ahora el Frente Amplio reclama
El inicio de operaciones, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, sufrió varias postergaciones. De acuerdo con las fechas anunciadas, la obra debería haber finalizado en mayo de 2023, fecha que la empresa UPM 2 había puesto como condición para la inauguración de la planta. Pero luego se extendió a septiembre, después a diciembre y ahora se anuncia como fecha límite el mes de abril de 2024.
El exdiputado y actual integrante de la Corporación Nacional para el Desarrollo contador Alfredo Asti hizo saber de su reclamo por los “escandalosos costos adicionales”, expresando además que “las demoras se deben más a la empresa que al Estado”, aunque no por ello dejó de cuestionar a la actual administración.
En el pasado quedaron las declaraciones del entonces ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, cuando en febrero de 2018 expresaba: “Tanto con la instalación de proveedores como con el movimiento logístico que hay que hacer para llevar la producción, se generará una cadena de producción que va a asegurar miles de puestos de trabajo, que son muy necesarios para el país”.
Hasta el momento, y de acuerdo con la investigación realizada, no se ha podido determinar el beneficio generado por una obra que aún no finaliza.
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