El integrante de la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC) Guillermo García Orué, que se ha dedicado por varios años a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fue uno de los disertantes del 12º Congreso de Lavado de Activos de las Américas en Montevideo. El experto conversó con La Mañana acerca de las nuevas formas de ciberdelincuencia y alertó que la falta de recursos agrava el problema, que a su vez requiere de una mayor colaboración interregional.
En el congreso se abordaron las nuevas modalidades de la ciberdelincuencia. ¿Cuáles son las principales amenazas que estas presentan en materia de lavado de activos?
La principal amenaza y vulnerabilidad está en el desconocimiento y la opacidad que puedan tener. Me refiero a nuevos medios como activos virtuales. Hay demasiados tipos de activos virtuales que hoy están siendo utilizados. Muchas veces pensamos en el bitcoin, cuando ese es tan solo uno de más de 6000, y encima ha demostrado ser el activo virtual más rastreable. Hay muchos otros que se han diseñado para generar anonimato, como uno que se llama Monero.
Otro ejemplo más es todo lo que ocurre en el metaverso. ¿Cómo pueden ocurrir ilícitos en el metaverso si en esencia estamos hablando de algo que no existe en la vida real? Hay un montón de ilícitos generadores de dinero que pueden ocurrir en el metaverso, como el tráfico de material de abuso sexual infantil, que es bastante costoso, muy bien pagado, y de hecho se está dando en pequeños metaversos que incluso son conocidos y de uso frecuente por parte de los niños, como Roblox o Minecraft, donde los usuarios pueden construir una suerte de universo paralelo, tienen su propia divisa, tienen sistemas de mensajería, tienen todo para que allí se pueda esconder el tráfico de aquello que no necesita corporeidad y se puedan pactar operaciones de aquello que necesita corporeidad, como es el tráfico de drogas, armas, entre otras cosas.
En la línea de lo que decía, en una entrevista con La Mañana, otro de los expositores en el congreso, el fiscal argentino Alejandro Musso, dijo: “El lavado vía criptomonedas está creciendo de modo sustancial porque nadie lo está vigilando”. ¿Comparte esta preocupación?
Totalmente. Con Alejandro tuvimos la oportunidad de conversar bastante en torno a todo esto, y sí, coincido y subrayo cada una de sus palabras. O sea, la Policía está en el mundo físico; nos faltan elementos del orden público que puedan encargarse de los ilícitos pactados o cometidos en el mundo virtual.
¿Qué es lo que hace falta para lograr esas herramientas de monitoreo? ¿Qué debería hacerse a nivel de los gobiernos para atacar estas modalidades que están creciendo?
Penosamente, hay una realidad de los ministerios públicos en la región, que es que no tienen presupuesto para contar con herramientas y con recursos adecuadamente entrenados en estas nuevas tecnologías. Entonces, el cibercriminal juega con el arco libre. Hoy el cibercriminal es un delincuente que no tiene un depredador natural porque en el ecosistema en el que se mueve todavía no están presentes como debieran las fuerzas del orden público.
¿Lo atribuye específicamente a la falta de presupuesto?
A la falta de presupuesto y a que los ministerios públicos, que probablemente tengan conciencia de sus deficiencias, quizás no tienen eco en el Legislativo, que es el que aprueba los presupuestos. Quizás, si la clase política estuviera más consciente de las necesidades por las que está pasando el órgano de investigación, le prestaría un poco más de atención y le daría más recursos.
¿Se podría decir que hay una baja percepción del riesgo de lo que implican las nuevas modalidades de la ciberdelincuencia?
De acuerdo, una baja percepción del riesgo originada en la ignorancia por parte de la clase política.
Y a nivel regional, ¿debería existir un trabajo mancomunado?
Esto es un problema global que, en consecuencia, no se puede enfrentar de manera local. Al ser un problema global, las soluciones regionales ayudarían en algo, pero tendrían que existir también esfuerzos interregionales para poder enfrentar este tipo de problemas.
¿Y estamos lejos de lograr eso?
Penosamente, muy lejos. Hay esfuerzos regionales, diálogos entre organismos de investigación, por ejemplo, de Paraguay con Argentina, con Uruguay, pero no hay mucho más que eso, falta que se llegue al siguiente nivel. Las estructuras criminales están tan bien orquestadas que hoy el tráfico de estupefacientes está perfectamente armado para que la droga vaya de Bolivia a Paraguay, de Paraguay a Uruguay y de Uruguay a Europa. Pensemos en la incautación de drogas que se dio recientemente en Portugal. La autoridad tributaria de la que dependen las aduanas en Paraguay avisó a la autoridad aduanal uruguaya para que controlaran ciertos cargamentos. Paraguay controló porque había determinados indicios que sugerían que esa carga podría ser de riesgo. Paraguay levantó la alerta, Uruguay controló. Uruguay y Paraguay le dijeron a Portugal que esa carga podría llevar algo. Pasó por Francia y en Portugal se terminó comprobando que había más de 3000 kilos de cocaína. Ese mismo tipo de coordinación se necesita para enfrentar a los delitos que no requieren corporeidad, como el ciberlavado o el tráfico de otro tipo de materiales.
¿Qué reflexión hace sobre la situación del lavado de activos en América Latina y cómo se encuentra nuestra región en comparación con el resto del mundo?
A mí me preocupa mucho. Suelo empezar mis diálogos con auditorios técnicos, como el del congreso, diciendo: “Yo no voy a ser el único que se preocupe”, y les comento las razones por las cuales estoy muy preocupado. La que más me inquieta es el hecho de que la droga está yendo desde el Cono Sur con destino a Europa, esa cocaína que se produce en Bolivia tiene como centro de distribución Paraguay, y ahora también Uruguay empezó a sumarse al baile. Desde hace varios años se sabe que el negocio de la droga genera más ganancia para el que distribuye que para el que produce, y si bien es cierto que la cocaína se produce en Colombia, Perú y Bolivia, la mayor parte de la ganancia está en la distribución, que se hace desde Paraguay y Uruguay. ¿Qué significa esto? Que la ganancia está quedándose mayormente en Paraguay y Uruguay. Por lo tanto, el dinero se está lavando principalmente en Paraguay y Uruguay. Eso es algo que me inquieta mucho, que muchos tenemos en mente, pero no sé si todos lo tienen lo suficientemente presente al momento de diseñar políticas públicas y de supervisar.
Usted se dedica a la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde adentro de las instituciones. ¿Cómo es trabajar de ese modo y qué ventajas tiene ese enfoque interno?
Para luchar contra el lavado de activos, las normativas y los estándares sugieren la existencia de un rol llamado oficial de cumplimiento, que es el timonel que va guiando la ejecución del programa de prevención de lavado de activos al interior de las instituciones, es el especialista a cargo. Yo, como exoficial de cumplimiento, pude llegar a conocer bien la problemática y trato de acompañar a los oficiales de las instituciones, justamente, en la implementación más “suave” de esas políticas. Lo que se busca es tratar de que la ejecución de los programas genere el menor roce posible desde la comprensión de cuáles son los problemas que enfrenta el oficial de cumplimiento.
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