Luego de la aprobación de la ley de creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales que extendió por 50 años la concesión privada de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, se abre un proceso de licitación de otros aeropuertos del interior del país que necesitan inversión y varias mejoras. Aviadores privados esperan que pueda redundar en beneficios para su actividad, aunque manifiestan sus dudas sobre las inversiones prometidas.
El gobierno prepara para las próximas semanas el decreto que reglamentará la Ley 19.925 que creó el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Se espera que en la reglamentación se establezcan los aeropuertos que serán licitados, teniendo en cuenta que la norma prevé que se podrán otorgar “a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas”.
Según coinciden los expertos consultados por La Mañana, estaría descartado que se otorgue a un público, en virtud de lo reafirmado por el presidente Luis Lacalle Pou, cuando en su mensaje anual a la Asamblea General informó que serán concesionados cinco aeropuertos (Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo), lo cual implicará una inversión de US$ 65 millones por parte del sector privado. Asimismo, se podría agregar uno más, manejándose la posibilidad del aeropuerto de Melo.
En Uruguay hay diez aeropuertos internacionales. Si a los dos concesionados actualmente (Carrasco y Laguna del Sauce), se le suman seis más (Carmelo vuelve a ser internacional) y se excluye Melilla, quedarían dos aeropuertos internacionales bajo la órbita de control estatal en cuanto a su operativa (Artigas y Colonia).
La argumentación para la privatización de los aeropuertos es que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), no puede realizar las obras necesarias para mejorarlos. Pero los números muestran que, aun cuando este organismo recauda por año unos US$ 48 millones producto de la Tasa de Embarque y de la Tasa Gradual Unificada (la patente de los aviones civiles), se queda solo con cuatro millones, ya que el resto debe volcarlos a rentas generales.
Si bien el proyecto se aprobó durante el presente gobierno con votos principalmente del Partido Nacional y del Frente Amplio, la iniciativa fue de la última presidencia de Tabaré Vázquez que proponía, al finalizar su mandato, la concesión de las terminales de Rivera, Salto, Carmelo y Cerro Largo. Melilla, El Jagüel, Artigas, Paysandú y Durazno quedaban afuera, en manos del Estado. Ahora también se agregó Durazno a la lista para ser privatizados.
En la actualidad, los aeropuertos concesionados a un privado son el de Carrasco y Laguna del Sauce, operados por Corporación América S.A. Fuentes de esta empresa dijeron a La Mañana que esperan conocer los detalles del decreto, para saber si participarán o no en la licitación. La concesión para todas las terminales aéreas será hasta por 50 años. También esto implicaría que la concesión de Carrasco y Laguna del Sauce, que vence en 2033, se extendiera por 50 años más.
Cuando se trató la ley en el parlamento, a fines de 2020, surgieron críticas por parte de Cabildo Abierto sobre algunos puntos de la misma y se logró que en los aeropuertos a ser privatizados se excluyera a las aeronaves de bandera uruguaya del pago de tasas, como ser estacionamiento, estadía o despegue.
Tras el anuncio el pasado 2 de marzo por parte de Lacalle Pou, el líder de Cabildo Abierto, senador Guido Manini Ríos dijo: “vamos a ver de qué forma se hace el llamado. Nosotros pusimos nuestros reparos cuando se votó en el Parlamento. Puede haber algún grupo en mejor posición. Veremos cómo se instrumenta”.
Por su parte, el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto) manifestó que sorprendió un poco el anuncio del presidente Lacalle Pou de que se va a agregar un nuevo aeropuerto a la lista de los que serán privatizados.
En declaraciones a La Mañana, el legislador que trabajó en el proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, recordó que no votó el artículo que hace referencia a la concesión por 50 años (lo considera “un disparate”), pero se contemplaron todas las propuestas que había solicitado se incluyeran. Cal dijo que el llamado a licitación “saldrá muy rápido, es algo que viene contrarreloj”.
La concesión de los aeropuertos a un solo operador permitiría que este emita deuda a largo plazo (en este caso hasta 50 años), teniendo como garantía lo que se recaude en cada una de las terminales aéreas.
Preocupación de aviadores
El presidente de la Asociación de Usuarios del Aeropuerto Ángel Adami (Melilla), Federico François, recordó que tras la gestión de la aviación privada se logró que el aeropuerto de Melilla siga siendo internacional, pero quede expresamente afuera de la posibilidad de privatización.
Pero los aviadores privados están enfrentando un nuevo problema. Mediante un reciente decreto se establece que todas las aeronaves que ingresan a territorio nacional, lo deben hacer por los aeropuertos de Carrasco o Laguna del Sauce, aunque su destino sea otro. Esto se debe a los controles sanitarios a los pasajeros y tripulación.
François explicó que tal medida genera importantes sobrecostos para la aviación nacional. Una tarifa de US$ 354 se está aplicando en cada una de las terminales privadas, aunque el vuelo tenga un destino diferente a Carrasco o Laguna del Sauce.
Un avión puede efectuar un vuelo desde Melilla a Buenos Aires, pero en vez de realizarlo de manera directa debe primero pasar por Carrasco. “Esto nos indica que es una manera de beneficiar a ese aeropuerto y a sus concesionarios. Deben recaudar porque les bajaron los vuelos internacionales de pasajeros, los cuales ahora son casi nulo”, manifestó el entrevistado.
“Lo que queremos es que los aeropuertos vuelvan a ser internacionales (están restringidos por la pandemia), porque no puede ser que una persona que quiere ir de Melo a Porto Alegre, debe ir de Melo hasta Carrasco y de ahí hacía Porto Alegre y cuando se regresa el mismo trayecto a la inversa. Se aumenta 10 veces la distancia de vuelo, y 20 los costos. Consideramos que el decreto redirecciona los vuelos por un interés económico, más que por un interés de salud pública”.
Sobre las nuevas concesiones, François sostiene que en vez de licitar Carmelo (que no tiene categoría de internacional), se debería hacer esto con el aeropuerto de Artigas, que podría ser un punto de conexión con Paraguay. Acotó que “estos son algunos de los cuestionamientos que la comunidad aeronáutica uruguaya tiene con todo este llamado”.
Sobre el futuro dijo que “cuando se haga el llamado a licitación, nadie va a poner un peso, porque los aeropuertos no son rentables hoy en día, debido a la situación de pandemia que no se sabe cuánto tiempo más va a durar”. “Los actuales concesionarios de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce serán los únicos que se presentarán y, si bien dicen que van a invertir US$ 65 millones, terminarán no invirtiendo nada. Pero el Estado deberá mantenerlos operativos y tendrá un costo más, ya que deberá destinar entre seguridad y aduanas unas 50 personas para esas terminales”, considera François.
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